Pesca <br>Redes vacías

La descomunal riqueza en especies de los litorales mexicanos no ha bastado para la prosperidad del s

A pesar de tener acceso a varios mares, un litoral enorme y una gama de recursos marítimos muy variados, el sector pesquero en México no ha conocido aún su edad de oro.

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Con una participación de 1% en el Producto Interno Bruto, la pesca es una actividad importante en la medida en que proporciona alimentos fundamentales para la población, produce insumos básicos para varias industrias, genera divisas por la venta de sus productos en el exterior, da empleo a 1.3% de la población económicamente activa y brinda ingresos para una parte significativa de las familias del país.

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José Rodríguez Cruz, director general de Credipesca, una institución de financiamiento al sector pesquero, afirma que el gobierno ha jugado un papel determinante en el desarrollo y la situación actual de la pesca en México a través de instituciones como Productos Pesqueros Mexicanos, Banpesca y la Secretaría de Pesca, creada durante el gobierno de José López Portillo.

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Su participación a lo largo de varios sexenios “impulsó definitivamente el crecimiento del sector, pero al mismo tiempo —advierte Rodríguez— le restó eficiencia, ya que el Estado no puso mucho énfasis en la generación de utilidades”.

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En cuanto a las especies, México ofrece una riqueza abrumadora. En sus litorales abundan peces como la sardina, la sierra, el peto, el jurel, el pámpano, la lisa, el robalo, el atún, el barrilete, el bonito, el mero, el pargo y la mojarra; crustáceos como el camarón y la langosta, y moluscos como el calamar, el pulpo, la almeja, el caracol y el ostión, que en conjunto representan un potencial máximo de captura de dos millones de toneladas al año.

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El país cuenta con 59 puertos para la pesca y el comercio, que suman más de 28 kilómetros de muelle. La flota —principal vehículo para la captura de especies— consta, por su parte, de 74,336 embarcaciones, la mayoría de las cuales (95.4%) corresponde a barcos de flota menor, esto es, pequeñas embarcaciones a vela, motor o remo, con una capacidad de bodega menor a 10 -toneladas, mientras el resto son barcos de flota mayor, con capacidad para almacenar más de 10 toneladas y generalmente impulsadas por motor.

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La ruina... ¿culpa del cooperativismo?
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En los años 70, la organización de la flota pesquera mexicana —sobre todo la menor— cristalizó en forma de cooperativas, lo que, a juicio de algunos, terminó por dar al traste con todo el sector.

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José Antonio Ramírez Thomas, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Nacional (CIPN), es muy enfático al respecto: “Aunque los cooperativistas eran un grupo de extraordinarios pescadores, no tenían el mínimo conocimiento de la administración y, entre la ineptitud y la corrupción gubernamental, todos los esfuerzos se fueron a pique, sobre todo en la industria -camaronera”.

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Jorge Muñoz, presidente de la Confederación de Cooperativas Pesqueras, tiene una visión diferente: “Toda la información sobre las cooperativas en los años 80 es tendenciosa, dice, ya que fueron varios factores los que contribuyeron a provocar el declive de la actividad pesquera, entre ellos, el alza desmedida del precio del diesel, el combustible de las embarcaciones; la canalización de los créditos de Banpesca a la flota atunera y la falta de créditos a los cooperativistas camaroneros; los estragos causados por los huracanes sobre la flota, y el atraso en los programas de construcción de barcos, cuyo último intento data de hace 20 años.”

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Para Rodríguez, los avatares del sector pesquero se relacionan con el viraje de la política económica que tuvo lugar a partir del sexenio de Miguel de la Madrid: “Después de la crisis económica de 1982, cuando la devaluación provocó un incremento brutal en los precios de los proyectos pesqueros y de los barcos, el gobierno decidió retirarse de la actividad, las empresas se privatizaron, se agotaron los apoyos crediticios y la industria en su conjunto se derrumbó. El paso del tiempo trajo un proceso de selección natural en el sector, se quedaron los que quisieron o los que pudieron competir, y los pocos que sobrevivieron fueron los más eficientes, los que pudieron recapitalizarse.”

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A comer “pescao”...
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En los últimos 15 años, el consumo nacional de productos pesqueros ha sufrido una merma significativa: pasó de 19.6 kilogramos por habitante al año en 1981, a 15.33 en 1994. Aunque la demanda de productos marítimos no es homogénea en toda la república ni para todo tipo de productos, la disminución fue notoria en todo el país, y las propias autoridades han señalado la necesidad de recuperar los niveles de consumo de otras épocas.

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En términos generales, el mercado interno está dividido en dos categorías fundamentales: la de los pescados y mariscos frescos o congelados y la de los productos enlatados, donde sobresalen el atún y la sardina.

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En cuanto a su industrialización, la elaboración de harinas de pescado absorbe 39.7% de la materia prima procesada; 32.9% los enlatados y el procesamiento de congelados, 26.5%. La producción de productos secos salados tiene una importancia mucho menor (0.9%).

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Cifras en mano, Carlos Camacho Gaos, subsecretario de Pesca, afirma que los empresarios atuneros han desarrollado en los últimos años un mercado nacional muy fuerte. “Tan es así que México se ha convertido en el cuarto consumidor de atún en el mundo y el año pasado llegamos a producir la cifra récord de 155,000 toneladas, de la cual una buena parte se envió al exterior.”

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Según él, el crecimiento del consumo interno de este pescado también ha sido notable, seguramente influido por los precios, ya que en México una lata de atún cuesta en promedio 46 centavos de dólar, mientras que en Estados Unidos vale $1.19 dólares y $1.29 en Europa.

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Como pez en el agua
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Pero si la demanda nacional no parece, pese a ello, salir a flote, las exportaciones pesqueras mexicanas representan, por el contrario, una cuota importante.

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Durante el periodo 1977-1995, la balanza comercial de productos pesqueros ha mantenido un superávit, debido en buena medida a las exportaciones de camarón, que se vende a buen precio en los mercados internacionales. Así, aunque los volúmenes de las importaciones pesqueras son mayores que los de las exportaciones, el valor de éstas supera el de las primeras.

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Con todo, la balanza comercial ha mostrado ciertas fluctuaciones: mientras que en 1987 el saldo favorable llegó a $579 millones de dólares, en 1994 disminuyó a $319 millones y el año pasado se recuperó de nuevo al mostrar un superávit de $526 millones de dólares.

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Aunque el principal destino de las exportaciones es el mercado de Estados Unidos, que absorbe 91% de las ventas foráneas, hay un intento de diversificación en marcha.

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El senador Antonio Manríquez Guluarte, Presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, opina que el futuro del sector depende de esta diversificación: “El intercambio comercial con otras regiones es muy saludable, porque así nos protegemos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.” A través de la empresa Ocean Garden se está exportando camarón, langosta y abulón a Japón y Corea, mientras que el pepino de mar y las algas que se producen en Baja California son muy apreciadas en Medio Oriente (a donde también llega el abulón). Además, asegura el legislador, “hay planes para realizar proyectos de acuacultura en el Pacífico Norte con los japoneses, y constantemente se están buscando nuevos mercados”.

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La guerra del atún
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Julia Carabias, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, sostenía categóricamente que el embargo impuesto por Estados Unidos al atún mexicano desde principios de esta década era no un problema ecológico, sino económico y político. Y había muchos elementos que avalaban tal afirmación: para diversas fuentes el embargo representó para México la pérdida de varios millones de dólares anualmente, así como cerca de 30,000 empleos desde que se inició la medida. Las estadísticas también lo indican claramente: en 1989, antes del embargo, México exportaba un monto superior a -$172 millones de dólares en atún y sus similares en 1994, esa cifra se redujo a cerca de $28 millones.

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Desde esa óptica, el fin del embargo serviría como una palanca muy útil para apoyar desde el sector la recuperación económica del país, ya que con ello se abrirían de manera inmediata 6,000 plazas de trabajo. Pero había una red de intereses que se movían en torno al asunto. Aunque las autoridades mexicanas y el GATT presionaban al gobierno de Washington con el argumento de que el embargo era una medida contraria al Tratado de Libre Comercio y las leyes del comercio internacional, en la Unión Americana había intereses muy fuertes que favorecían tal medida. Por ello, tanto en abril como en junio del presente año se aplazó la votación que anularía el embargo en el Subcomité de Pesca de la Cámara de Representantes de los vecinos del norte.

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Finalmente, el 17 de julio pasado, el Comité de Medios y Arbitrios de dicha Cámara aprobó la iniciativa, promovida por el congresista Gilchrest, de levantar el embargo a México y realizar cambios legislativos para proteger a los delfines.

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Proa al futuro
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A partir de las modificaciones al marco legal de pesca realizadas en 1992, se adoptó el criterio de racionalidad biológica y viabilidad económica en el otorgamiento de permisos de pesca, se ofreció certidumbre a los inversionistas y se buscó atraer a la inversión extranjera hacia el sector.

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“Los nuevos grupos que han surgido en la rama pesquera tienen una nueva mentalidad —dice Rodríguez—, ha cambiado la relación con el gobierno, y lo que buscan son concesiones de largo alcance”. Credipesca, informa, surgió con 22 socios en 1993, empezó a recibir recursos de Bancomext y de Nafinsa, y “su labor constante lo ha hecho crecer fuertemente en tan sólo tres años. Hoy cuenta con 50 socios, no tiene créditos vencidos, y es el más diversificado del país”. Opera con barcos atuneros, unidades para la captura de calamar y pulpo, plantas procesadoras, laboratorios, almacenes y talleres. Sus actividades han logrado comercializar 30,000 toneladas de pescado al año.

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Por su parte, Camacho Gaos señala que el gobierno tiene contemplados varios proyectos para el presente sexenio: “Estamos entrando a la fase de consolidación definitiva de las pesquerías tradicionales —camarón, atún, langosta, pulpo y calamar—, que tuvieron un crecimiento enorme el año pasado”. Añade que hay proyectos de coinversión con productores de España e Irlanda, por un monto de $8 millones de dólares. Además, se invertirán $140 millones de pesos en infraestructura, conjuntamente con los gobiernos estatales, y $280 millones de dólares para renovar la flota pesquera.

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Los diversos sectores que operan en la pesca están ávidos de participar en los proyectos. Al referirse a la coinversión con España, Ramírez Thomas señala con entusiasmo que “se construirán barcos cuyas dimensiones, capacidad y diseño permitirán iniciar la captura a más de 100 metros de profundidad en zonas vírgenes”. Por su parte, Muñoz afirma que las cooperativas temen que los proyectos no trasciendan los límites del papel. “Nuestra área de construcción de barcos está parada, y sólo se reactivaría con una buena derrama económica.”

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En términos generales, el gobierno tiene planes de modernizar la flota y mejorar las instalaciones portuarias, de modo que a la vuelta del siglo la explotación pesquera alcance un máximo de 1.65 millones de toneladas anuales. Al mismo tiempo, se busca incrementar el consumo de pescado por habitante, para recuperar los 20 kilos anuales que se compraban hace 15 años. Para lograrlo, es necesario un esfuerzo simultáneo: por una parte, se requiere que la economía del país se recupere y genere los recursos suficientes para invertir en el sector; por otra, es preciso que la pesca participe generando empleos y recursos en el mismo proceso.

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Y en ese curso, vemos a un puñado de pescadores intrépidos que buscan afanosamente echar las redes, a pesar del mal tiempo. El resto, es un mar de escepticismo.

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