Piedad para el Monte

El &#34banco de los pobres&#34 atraviesa por la crisis más aguda de sus 223 años de existencia. Se
Valdemar de Icaza

A la medianoche del 18 de diciembre pasado, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SNETNMP) se manifestó en huelga contra el patronato que administra a la principal institución de asistencia privada del país. Lo que en un principio parecía otra más de las 38 huelgas estalladas en 1997, pronto adquirió matices políticos y el suceso se convirtió en una vorágine de acusaciones mutuas, calumnias, golpes bajos (y de pecho) en la que pronto se desvelaron los puntos oscuros de los protagonistas.

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La contienda es entre un sindicato de sobra acostumbrado a las viejas prácticas del sindicalismo corporativo y un patronato dispuesto –a como dé lugar– a encarrilar la institución por la senda de la modernidad y la eficiencia laboral.

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Ambos tienen acérrimos defensores y ácidos críticos. Pero en medio están 1,700 trabajadores que no han percibido un peso desde el inicio de la huelga y los tres millones de pignorantes que se han quedado sin ayuda en la época de más estrecheces en el año.

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La huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad (NMP) revela, además, mecanismos de ineficiencia y corrupción que empañan la imagen de la asistencia privada mexicana y que la asocian con turbios juegos políticos. Mientras las discrepancias se apropian de diversos foros (instancias legales, medios de comunicación y las instalaciones mismas del NMP) las figuras que tienen en sus manos el poder de dar la última palabra han preferido escudarse en un absoluto hermetismo.

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La indiferencia de las autoridades federales y de la Ciudad de México sólo echa más leña al fuego del conflicto en el que el SNETNMP exige un incremento salarial de 45%, mientras que el patronato condiciona el cumplimiento de la petición a que se lleve a cabo una revisión del contrato colectivo de trabajo. Si en algo coinciden ambas partes es en que por ningún motivo darán un paso atrás en sus posturas. Intransigencia recíproca que, en la práctica, se traduce en una de las huelgas más prolongadas de los últimos años en Latinoamérica.

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Tal dureza en las posturas ha sido la tónica de las relaciones entre el NMP y su sindicato desde que el actual patronato tomó las riendas hace tres años. Lo primero que hizo la nueva administración fue desaparecer el polémico cargo de director general para suplirlo por un suntuoso aparato burocrático compuesto por ocho coordinaciones que representan gastos de ocho millones de pesos al año. También se decidió que las relaciones con el sindicato cambiarían y se dijo adiós a las remesas de dinero para los líderes sindicales por concepto de revisión de contrato colectivo de trabajo.

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Como era de esperarse, la postura no hizo ninguna gracia al sindicato y comenzaron las presiones de alza salarial. En 1994, el SNETNMP obtuvo el incremento bajo el compromiso de que en enero del año siguiente iniciarían las negociaciones con miras a una nueva relación laboral. Todo quedó en promesas hasta que llegó el 18 de octubre (fecha de vencimiento del contrato colectivo de trabajo) de 1995. El tiempo de negociaciones se agotó y el sindicato logró aumento de sueldos. Sólo que esta vez a cambio de firmar un calendario de negociaciones para el siguiente año.

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Ya en 1996, el patronato fue determinante: aumento salarial a cambio de un nuevo contrato colectivo. Para mala suerte de los trabajadores, el sindicato cometió su primer error táctico y prorrogó el emplazamiento a huelga en cinco ocasiones. Las leyes mexicanas favorecieron a los administradores por la sencilla razón de que si un sindicato no cumple con el estallamiento de la huelga en la fecha establecida, quedan sin efecto las demandas. Así perdió el SNETNMP su derecho a aumento salarial en ese año.

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“En 1996 nos propusimos modernizar el contrato colectivo de trabajo a como diera lugar y tenemos que lograr ese cambio de una vez por todas”, dice Alan de la Torre, integrante del patronato del NMP.

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Como contraataque, el sindicato dirigió toda su artillería en contra de Víctor García Lizama, titular de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF, que es a las instituciones de asistencia privada lo que la Comisión Nacional Bancaria a los bancos), un oscuro personaje que ha crecido bajo la protección de renombrados políticos y quien en realidad maneja el paradero de los recursos del NMP. Los líderes sindicales decidieron hacer caso omiso de las propias miserias y fijarse en la paja en el ojo ajeno. Así, García Lizama se convirtió en el blanco de los ataques sindicales que ocultaban los niveles de corrupción existentes dentro del mismo Montepío.

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También se trataba de la reacción con la que el SNETNMP respondió ante el despido del NMP, hace dos años, de su líder sindical, Eugenio Joel González, por difamar al patrono presidente, el empresario Alejandro Ainslie.

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Con los ánimos ya caldeados, llegó la fecha de revisión contractual en 1997. Las gélidas relaciones entre los protagonistas fueron el preludio a un conflicto que nadie dudó estallaría. Sin embargo, el sindicato tropezó otra vez con la misma piedra al decidir prorrogar el emplazamiento a huelga para el 18 de diciembre con la esperanza de que el nuevo jefe de Gobierno de la ciudad tuviera un gesto amable con el sindicato que, meses antes, había abandonado las filas de la CROC para declararse perredista. Pero de nada valió su conversión política ya que las autoridades capitalinas se han deslindado del asunto desde el primer momento. “No voy a mover un dedo para retirar a García Lizama de la JAPDF”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas.

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La huelga estalló y para que se avizoren intenciones de un arreglo, el sindicato exige la cabeza de García Lizama y un jugoso aumento salarial. Para el patronato no hay vuelta de hoja: nada sin la -reestructuración del contrato colectivo.

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Al margen de los hechos, trabajadores y pignorantes, como piezas de ajedrez, resienten los efectos de las manos que mueven el juego.

- -DANDO Y DANDO
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“Nuestra propuesta no es disminuir las prestaciones laborales de carácter económico, sino modernizar las de tono administrativo y operativo que permitan un mejor funcionamiento de la institución”, dice De la Torre. A lo que se refiere el patrono es a la necesidad de transformar 700 plazas sindicales en puestos de confianza, ya que entre ellos figuran puestos clave como jefaturas de departamento, vigilantes, inspectores, auditores y peritos valuadores. Todos ellos son, a ojos del patronato, los puestos que el sindicato se ha encargado de corromper y transformar en la génesis de “las anomalías y faltantes que son solapadas por el sindicato”.
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El llamado “escalafón ciego” es otra garantía contractual que el patronato quiere desaparecer. Según esta prestación, es el sindicato el que –con base en la antigüedad– determina quién debe ocupar un puesto de alta responsabilidad. Los administradores creen que las decisiones del sindicato no siempre están marcadas por el juicio común y sí por el interés de beneficiar a amigos y familiares, porque también existen cláusulas del contrato colectivo de trabajo que otorgan al trabajador la capacidad de meter a la nómina del NMP a tres familiares además de su esposa.

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Según la directiva, estas conquistas laborales propician conocidos actos de corrupción como el doble empeño de objetos (cuando el pignorante se retira, un trabajador se encarga de sacar el objeto del recinto y dárselo a un cómplice para que éste lo empeñe nuevamente),la sobrevaluación de los objetos (porque el perito valuador recibe una comisión sobre el monto del avalúo), la venta preferencial en remates (los rematadores avisan a sus amigos sobre la venta de objetos), desvío de fondos (son muchos los ex directores de la institución que han sido acusados de robo; algunos incluso purgan penas en cárceles mexicanas) y asaltos en misteriosas circunstancias (cuando los vigilantes de la institución no están o cuando hay más dinero en las sucursales). Al menos eso consta en el casi centenar de averiguaciones que este año se efectúan sólo en el DF.

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Cuando a un obrero se le llega a comprobar una falta –se queja el patronato–, el ilícito no puede ser juzgado en una instancia judicial, sino que es turnado a una Comisión Mixta (integrada por patronos y líderes sindicales) la cual, por disposición del contrato colectivo, lo más que puede hacer es amonestar al trabajador. Y si éste ocupaba un puesto de alta responsabilidad, la sentencia es reubicarlo en otra área.

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De la Torre explica que las más de las veces “lo único que hago es escuchar un minijuicio interno que no me permite tener control sobre los ilícitos, porque los representantes del sindicato no siempre asisten a las reuniones y cuando menos me doy cuenta ya prescribió el plazo de un mes que me da el contrato para sancionar a un trabajador”.

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Aun con todo, el patronato está dispuesto a otorgar un incremento salarial de más de 45% y a no tocar los 240 días de pago adicionales al año por conceptos como puntualidad, fondo de ahorro, prima vacacional y aguinaldo. También promete dejar intacto el servicio médico privado sin límites para el trabajador y sus familiares. Y, por si fuera poco, el NMP promete abrir 18 nuevas sucursales que representarían 1,000 nuevos puestos de trabajo.

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Todo con una sola condición: un nuevo contrato colectivo a la medida de los deseos de la nueva administración. Como lo dice De la Torre: “Ofrecemos seguridad laboral a los trabajadores y la oportunidad de sanear la institución, pero su líder sindical –que lleva ya 20 años en el poder– se empecina en no dar nada a cambio. Así no vamos a llegar a nada...”

- -MANITA DE PUERCO
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A pesar de todo, el SNETNMP no cree en buenas intenciones y está convencido de que el patronato ha hecho mal las cosas. Luego de echar a la calle a su dirigente –cosa que unió más a los trabajadores en torno a sus líderes sindicales–, la administración ha sufrido dos importantes derrotas: la declaración de existencia de la huelga (a pesar de haberla estallado con una prórroga) y la congelación de los fondos bancarios de la institución (que en segunda instancia se descongelaron, por vez primera en una huelga mexicana).
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Esto ha permitido que el movimiento sindical endurezca aún más su posición y responda con firmeza: no al traslado de plazas sindicalizadas a puestos de confianza.

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Jesús Campos Lina, abogado experto en temas laborales y asesor del sindicato, es tajante: “Se trata de una trampa, pues la gran diferencia es una causal de rescisión de contrato: un patrón puede despedir fácilmente a un empleado de confianza, mientras que las plazas sindicalizadas son una forma de contrarrestar la corriente eficientista y neoliberal que han adoptado los patrones.”

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La Ley Federal del Trabajo (Art. 9º) establece que ciertos cargos de importancia son puestos de confianza. Sólo que –afirma el abogado– el patronato oculta que la ley estipula claramente sólo los puestos de carácter general como de confianza. “Esto indica que de ninguna manera puedes nombrar 700 puestos como de confianza ya que no son generales, es un absurdo.”

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En lo que a la corrupción toca, Alfonso Macías, secretario de Conflictos y Trabajo del SNETNMP, está convencido de la filosofía del popular refrán que reza “la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre”, pues asegura que si hay ilícitos es porque el patronato no establece adecuados controles sobre los trabajadores y porque desde hace 40 años sólo hay 20 inspectores en la institución. “Yo sugiero que la institución redoble esfuerzos, controles, nada más. Si en los bancos, con todos los sofisticados controles que tienen sufren ilícitos, pues imagínese en una institución como la nuestra”, señala el líder sindical.

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También deja en claro que “jamás como sindicato vamos a permitir situaciones anómalas. Que si hay puntos negros en el arroz, sí. Como en todos lados, pero en una institución de nivel nacional, con los millones de operaciones que maneja, 60 denuncias son un porcentaje mínimo”, asegura Macías.

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Y, si de corrupción se trata, los sindicalizados exigen que el patronato dé el ejemplo y demande la salida de García Lizama de la JAPDF, pues, aseguran, tal personaje ha echado mano de los recursos del NMP para su promoción y para la compra de influencias que ni el mismo Cárdenas se atreve a tocar.

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De la Torre asegura que con García Lizama o sin él la institución seguiría igual. Que el NMP es independiente de la JAPDF, pero olvida mencionar que el ex patrono presidente, Ainslie, renunció al puesto el año pasado precisamente porque “no he sido debidamente respetado, se ha socavado mi posición y he tratado de trabajar reconociendo en todo momento que la JAPDF, y su presidente –García Lizama– especialmente, son los que deciden qué pasa, qué se hace y cómo en el NMP”.

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Sobre el escalafón ciego y los derechos de otorgar trabajo a familiares, el abogado Campos señala que se trata de conquistas laborales indiscutibles y que, si la misma Constitución prohíbe la renunciabilidad a los derechos laborales, es un mero pretexto donde “está de fondo la mutilación del contrato colectivo de trabajo”.

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Lo que también irrita a los líderes sindicales es que el patronato “ve en cada trabajador a un sinvergüenza y de allí no podemos partir hacia nada bueno. Sabemos que la situación amerita un cambio, pero que sea beneficioso para las partes, porque no se trata nada más de hacerle manita de puerco al trabajador”, dice Macías.

- -DIVINAS VOLUNTADES
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Fuera de los protagonistas, las opiniones sobre el conflicto laboral se han polarizado.
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Y, sin duda, quien más ha llamado la atención es “Victoria Sindical”, un movimiento disidente del SNETNMP, que se opone a la huelga porque “los movimientos ya no se ganan con huelgas que ponen en riesgo los puestos de trabajo. Lo que el sindicato debió haber hecho, antes de engañarnos, es haber presentado un proyecto alterno que matice las exigencias del patronato sin que se vieran afectados nuestros intereses”, dice Joel Juárez, su líder que apenas rebasa la veintena de años.

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Los disidentes, acusados de estar pagados por el patronato y de intentar romper la huelga por la vía de la violencia, tampoco aceptan el contrato colectivo que proponen las autoridades, critican la cerrazón de ambas partes y prevén que el problema tendrá un desenlace similar al del Hipódromo de las Américas donde, tras año y medio de incomunicación, se llegó a la liquidación masiva de los trabajadores.

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Los entrevistados coinciden en que, con base en la experiencia, en una huelga prolongada los que más llevan las de perder son los trabajadores, que los medios de comunicación han confundido a la opinión pública con la historia “del pobre trabajador oprimido y el patrón opresor” mientras que se trata de un capítulo con muchas aristas, y en que las voluntades políticas hasta ahora han brillado por su ausencia.

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“Parece increíble que un problema como el del NMP sólo tenga solución gracias a la voluntad divina de un funcionario poderoso. Pero aún más increíble es percatarse de que ninguna de esas divinas voluntades se manifiesta; eso indica el nivel de intereses que están de por medio”, dice Juárez.

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En agosto del año pasado, el ex patrono presidente alzó una voz que ahora parece olvidada. Predijo que “es inútil continuar por el camino del enfrentamiento. No tenemos ninguna posibilidad de lograr nada por esa vía, al contrario, fomentará más la polarización y el acercamiento de los trabajadores sindicalizados con su líder”.

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Más adelante, continuaba: “Si antes había voluntad para, a lo mejor, ceder en algo, ahora ya el problema se politizó y es más difícil que acepten cambios aun cuando fuesen menores. Que el contrato tiene muy serias fallas que fomentan actos ilícitos, sí. Pero en lo que no coincido, es en el método demasiado unilateral y coercitivo para lograr cambiarlo.”

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Se trata de la renuncia de Ainslie al patronato del NMP fechado en San Antonio, Texas, el 28 de agosto del año pasado. Un documento de carácter confidencial que hace poco fue filtrado a la prensa.

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Mientras el problema se eterniza, los trabajadores están a la expectativa de lograr un sustancioso aumento que atenúe las penurias económicas que los meses de huelga han dejado. Y los pignorantes esperan volver a recibir algo de los $3,800 millones de pesos que el NMP tiene para realizar su labor prendaria este año.

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Otros se conformarían con recuperar sus prendas. Como es el caso de la trabajadora doméstica María N., que pidió prestado un Rolex de oro para empeñarlo y solventar un apuro familiar. La huelga se atravesó y María no ve la forma de restituir el objeto que su generosa patrona le prestó. Ahora el esposo de su empleadora –verdadero dueño del objeto– le ha amenazado con enviarla a la cárcel si no regresa el reloj en los próximos días.

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