Piratería de fonogramas. Guerra in cres
Según la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Amprofon), 80 millones de cassettes piratas circulan anualmente en el país. En 1993, las ventas lícitas totales (de LP, disco sencillo, cassette y disco compacto) llegaron a 62 millones de unidades, con un valor de más de $572 millones de dólares.
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Encontraste, se vendieron 100 millones de unidades por el mercado pirata y sus ventas anuales ascendieron a más de N$100 millones de nuevos pesos, lo que constituye en la actualidad 62% del mercado total de fonogramas. La piratería ha adquirido dimensiones inmensurables, y para combatirla se libra una batalla cada día más compleja en las calles y tianguis de las principales ciudades del país.
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La pasión por la música es una de las características del mexicano. En mayor o menor escala, todos los géneros se consumen a lo largo y ancho del territorio nacional. Entre los que más venden en el país se encuentran artistas internacionales como Michael Jackson, Phil Collins y Madonna, pero la balada y los ritmos nacionales siguen siendo los géneros más populares. El volumen de ventas de Luis Miguel, por ejemplo, es equiparable con el de los artistas más vendidos en Estados Unidos: ya lleva 12 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, de los cuales seis millones fueron comercializados en México. El álbum "Pura Sangre", de Bronco, recibió el triple disco de platino por sus ventas superiores a 650,000 ejemplares.
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A pesar de la difícil situación económica nacional, en los últimos cinco años las ventas legales de fonogramas han crecido 84%. En 1990, la venta total de discos compactos (CDs) fue de 3.7 millones de unidades, mientras que en 1993 llegó a los 20.2 millones.
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Tal vez una de las razones de este aumento en las ventas es que México se ha convertido en un punto estratégico en las giras de estrellas internacionales y en un buen centro de promoción de espectáculos en vivo de los artistas nacionales. La mayor asistencia reportada, según EMI Music International, ha sido de 500,000 personas al concierto de Michael Jackson. Le sigue Luis Miguel, con un público de 155,000 asistentes; Elton John fue escuchado por 150,000 personas; Bronco y Madonna por 110,000, y Juan Gabriel y Paul McCartney por 100,000.
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Difícil cacería. Las principales empresas fabricantes de fonogramas constituyeron Amprofon, en 1963, que desde entonces las representa ante sociedades autorales y la Secretaría de Educación Pública a través de los derechos de autor. En la actualidad, su labor prioritaria es realizar campañas para combatir la piratería de discos y cassettes.
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Esta asociación está conformada por Bertelsmann de México (BMG/ Aríola), Club de Discos Orfeón, Compañía Fonográfica Internacional, Discos y Cintas Melody, Discos Gas, Discos Musart, Discos Sabinas, EMI Capitol de México, Fábrica de Discos Peerless, Fonovideogramas, Luna Music Corporation de México, Musical MCM, Polygram, Producciones Lubata, Redven de México, Sony Music Entertainment y Warner Music. Cada una de estas compañías asigna 0.5% del volumen anual de sus ventas como presupuesto para combatir el flagelo de este mercado encubierto.
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Según Amprofon, la industria del disco en el país ocupa el octavo lugar en ventas a nivel mundial. Al mismo tiempo, México es, después de China, el segundo país en el mundo en piratería de fonogramas, cifra alarmante, más aún cuando se sabe que, per cápita, posee la tasa más elevada de piratería en el mundo.
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La lucha contra la piratería es, a su vez, la lucha contra una mentalidad institucionalizada. "Si fuera posible controlar ambas -sostiene Efrén Huerta, director general de Amprofon- se estima que los ingresos de esta industria podrían superar los $2,000 millones de dólares anuales, con lo que México se convertiría en el cuarto mercado del mundo, después de Estados Unidos, Japón y Alemania."
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En los últimos 15 años, en México se ha fomentado la economía informal, una de cuyas modalidades es la piratería. Al comienzo, ésta funcionaba distribuyendo ilegalmente productos fabricados de manera formal, pero ahora también los produce. Al mismo tiempo, se ha seguido ampliando el mercado ilegal y, según Amprofon, los 80 millones de cassettes piratas que circulan hoy en el país tienen su base en que se venden a menores precios: mientras un producto legal cuesta entre N$40 y N$60 nuevos pesos, uno pirata varía entre N$6 y N$10 nuevos pesos, "con una calidad sensiblemente inferior". Sin embargo, "un público empobrecido elige sus compras según el menor costo".
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El impacto de esta competencia ha sido más grave debido a la carencia de un marco legal adecuado, que proteja el derecho del productor de fonogramas y el propio producto. "Es un negocio fácil e impune", dice Huerta, abogado con amplia experiencia en la industria musical. Explica que en 1964 México suscribió compromisos internacionales en la Convención de Roma referentes a la Ley del Derecho de Autor, pero no se hizo nada dentro del país para su aplicación. Luego, en 1971, se firmó el Convenio de Fonogramas de Ginebra, que tampoco fue incorporado a la ley ordinaria. Pasaron 20 años para la integración a la ley, en 1991, de los diversos compromisos internacionales: se reconoce el derecho del autor, se tipifica el delito de reproducción ¡legal, se establece una pena corporal de hasta seis años para los transgresores y se imponen reglas más claras para la industria de la música.
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No obstante, la mera incorporación de los convenios a la ley no garantiza su aplicación efectiva. Los intereses son múltiples y la complicidad de altas esferas de gobierno, mayor. Un caso sucedido a finales de abril, en San Luis Potosí, es clara muestra de esto último. Amprofon publicó, el 25 de ese mes, un desplegado en los diarios de dicha entidad acusando a las autoridades estatales de solapar actividades ¡lícitas e impedir las acciones de la Procuraduría General de la República en contra de los distribuidores de mercancía pirata: "Nos alarma ver que existen declaraciones de diversos funcionarios públicos en el sentido de que, de no estar los vendedores ambulantes vendiendo cassettes piratas, posiblemente se estarían dedicando a una actividad delictiva. Señor gobernador: justamente los vendedores de audiocassettes piratas están realizando una actividad ¡lícita penada por la Ley Federal de Derechos de Autor." (El Sol de San Luis).
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Pese a esta suerte de displicencia, Amprofon no afloja, aunque los resultados de sus acciones sean muy relativos. En 1994, por ejemplo, impulsó que se efectuaran 4.5 operativos de decomiso por semana en todo el país. Durante ese lapso se incautaron alrededor de 16 millones de cassettes apócrifos y 550 aparatos duplicadores. También se han logrado algunas penas condenatorias de dos a seis años de cárcel para los infractores, desde que entraron en vigor las disposiciones penales.
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A pesar de estas acciones, los frentes en esta guerra se multiplican día con día y las fuerzas se realinean bajo sus propios movimientos estratégicos. La temida piratería de disco compacto, para poner un ejemplo, implica un frente aún hipotético, pero que en cualquier momento puede irrumpir en el mercado y causar graves estragos a la industria.
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Los "golpes" policíacos -decomisos masivos- van dirigidos en su mayoría contra vendedores callejeros: la presa más fácil y último eslabón de la complicada cadena de la piratería. "Estas acciones, si bien son las más espectaculares, no son las más eficaces porque no atacan al productor: nuestro principal objetivo y el más difícil de localizar", reconoce Huerta.
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¿Como en China o como en feria? Los socios comerciales de México ven a este país con una gran desconfianza respecto de la propiedad intelectual. "Somos cuestionados como nación en la defensa de los derechos intelectuales -sostiene el director de Amprofon- y la piratería está causando un deterioro pavoroso a la ya dudosa imagen exterior de nuestro país."
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Indica que la representante del sector en México opera en estrecha relación con su homóloga estadounidense. "Hemos coordinado juntos operativos en la frontera, donde la piratería se da en grandes volúmenes." Además, existe una relación permanente entre las autoridades policíacas especializadas de ambos países. Como socios comerciales de Estados Unidos, señala Huerta, el gobierno de ese país ha demostrado hasta ahora una "sana tolerancia sobre la situación imperante en México y sigue esperando que resolvamos solos el problema. Sin embargo, la guerra comercial desatada con China debe alertar todas las instancias gubernamentales para otorgar un apoyo eficaz a la lucha contra la piratería en nuestro país".
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Y se lamenta: "México ha sido siempre exportador de música y un generador extraordinario de talentos, pero la situación actual implica grandes riesgos para quien pretende lanzar artistas. Las compañías han dejado de invertir en nuevos talentos, con la consecuente reducción en el catálogo musical del país. En gran medida, se ven perjudicados los autores, compositores, músicos, arreglistas y los comerciantes legítimos, junto con el empleo que éstos generan. Y la cultura nacional, a largo plazo, también se empobrece".
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En un fenómeno tan complejo es fácil que existan puntos de vista encontrados. Hay quienes afirman que los propios artistas han acudido a la piratería, como un medio para elevar sus ingresos frente a las compañías disqueras. Y esto es congruente con el rumor generalizado de que sólo gracias a la complicidad de los mismos artistas es posible que las nuevas grabaciones de grupos musicales y estrellas se distribuyan primero por el mercado pirata que por el legal.
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Una fuente del medio artístico, que pidió permanecer en el anonimato, afirma: "Para muchos cantantes, la única alternativa es recurrir a la piratería para que nuestra música pueda ser adquirida por el público." En su opinión, no hay otro responsable de esta situación que el gobierno, pues no ha hecho respetar ni valorar en absoluto la propiedad intelectual y artística. Ante esta perspectiva, cualquier creador teme que sus obras sean robadas y padece un pago injusto por el trabajo realizado.
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Esta batalla promete continuar y acrecentarse en la medida en que prevalezcan las actuales condiciones económicas en México. Y no es más que una entre las múltiples variantes de la guerra que libra la formalidad contra la informalidad.