Por el mal camino
De acuerdo con el Banco Mundial, la red de carreteras de México es inadecuada y constituye un serio obstáculo para el crecimiento de las exportaciones y la competitividad. Esta situación se debe al deficiente mantenimiento y a las concesiones mal otorgadas que se establecieron en los 90, cuando las empresas participantes del sector privado terminaron siendo respaldadas por el gobierno.
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Desde entonces ha sido difícil atraer capital privado para la construcción, mantenimiento y operación de autopistas. Además, las diferencias de opinión sobre las especificaciones financieras de los procesos de adjudicación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y Crédito Público han demorado aún más las subastas.
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Adjudicación lenta
Desde que la administración de Vicente Fox entró en función sólo se han llevado a cabo dos procesos de adjudicación: el libramiento en Matehuala y la carretera entre Amozoc y Perote. La concesión de la primera fue otorgada en mayo a ICA, Gutsa y Omega Construcciones Industriales.
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El gobierno planea aumentar la construcción de caminos en la segunda mitad de su administración; de hecho, a mediados de 2003 el presidente adelantó un Fondo Carretero (Foncar) y creó un Programa de Desarrollo de Autopistas de Cuota.
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El fondo tiene una capitalización inicial de $47,000 millones de pesos provenientes de Caminos y Puentes Federales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Fondo de Inversión en Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como de fuentes aprobadas por la Cámara de Diputados.
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Foncar operará como un fideicomiso y requerirá aportaciones de los gobiernos locales y del sector privado para evitar los problemas financieros que ocurrieron bajo otros esquemas de construcción de carreteras. Juntos, el sector privado y las entidades locales deben proveer hasta $2.65 pesos por cada peso aportado por el gobierno federal. De inicio, los proyectos incluyen la construcción de un anillo periférico alrededor de la ciudad de México.
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El presidente Fox anticipa que la inversión pública en autopistas será de $91,800 millones de pesos durante su administración y tendrá fondos de capital privado (siguiendo un esquema similar al de Pidiregas). El flujo inicial saldrá del gobierno.
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La tarea del Ejecutivo y de las dependencias federales responsables es hacer las reglas de adjudicación lo suficientemente flexibles para permitir que participen un número mayor de empresas mexicanas.