El proceso de cambio abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Ha reinventado las formas y los modos de hacer negocios, de hacer política. Si bien ha resultado en un país con mayor pluralismo, donde la rendición de cuentas empieza a ser una realidad, igualmente, ha sido un camino muchas veces errático. Nuestro andamiaje institucional ha dejado de ser lo que era, y pareciera en ocasiones que nos hemos empantanado en el camino de lo que querríamos que llegara a ser.
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El sistema político se enfrenta a un delicado dilema: cómo fomentar la pluralidad al tiempo que se salvaguarda la gobernabilidad –el equilibrio entre las demandas de la sociedad y las respuestas que ofrece el sistema político–. Dichas respuestas deben cubrir tres ámbitos: la legitimidad, la legalidad y la eficiencia. Será un entramado institucional eficiente, por ejemplo, aquel que asigne de manera eficaz el gasto público para aumentar los niveles de escolaridad o un sistema fiscal que permita alcanzar niveles más elevados de inversión privada.
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El verdadero reto al que se enfrenta nuestro país en la presente coyuntura de transformación, es el de diseñar un sistema institucional promotor del crecimiento económico.
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En los próximos días, la Secretaría de Hacienda someterá al pleno del Congreso de la Unión, el presupuesto de la Federación correspondiente al año 2000. Por muchas décadas la aprobación del presupuesto se convirtió en un mero formalismo, dado que la mayoría absoluta pertenecía a un solo partido político. Hoy, las mayorías absolutas han desaparecido. Sin embargo, esto no implica que descuidemos ahora el cómo seremos capaces de “manufacturar” mayorías relativas. Cualquier país democrático, requiere de mayorías para gobernar, para legislar, para avanzar. Si no se atacan las lagunas legales que persisten en la forma de aprobación –o rechazo– del presupuesto; si no se diseñan los mecanismos capaces de alimentar la negociación y el intercambio de ideas; si no se redoblan los esfuerzos por crear un sistema que promueva la responsabilidad vía un sistema eficaz de incentivos, nos enfrentaremos, en un futuro no muy lejano, a la posibilidad de encarar una parálisis legislativa que a nadie beneficiaría.
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Trabajar en la consecución de un entramado institucional que ayude al crecimiento económico y a la distribución de la riqueza es labor esencial del aparato legislativo. Ser capaces de superar los enconos del pasado, e iniciar un nuevo camino en las relaciones inter e intra institucionales, es el reto al que nos enfrentamos. Para ello, uno de los principales desafíos será desterrar de nuestro sistema los juegos de suma cero, donde tan sólo unos cuantos resultan beneficiados, y diseñar los que resulten en juegos de suma positivo, donde la mayoría ganamos.