Por una política económica de Estado
La presentación del III Informe del presidente Ernesto Zedillo dio lugar a una nueva experiencia democrática para el país, que abrió la puerta para el diseño de una estrategia de crecimiento –desarrollo– de largo plazo.
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En el mensaje del Presidente sobresale la importancia que da al crecimiento económico como factor determinante, sin el cual no es posible crear empleos, generar ahorro o atender las demandas de justicia social y seguridad de los ciudadanos. Sin duda, todas las fracciones representadas en el Congreso están de acuerdo con ese aspecto del discurso presidencial.
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El problema es que alcanzar el crecimiento que requiere el país–según Zedillo, para reducir gradualmente el desempleo y subempleo acumulados la economía debe crecer 5% anual en promedio–, encuentra fuertes limitantes en otra de las prioridades gubernamentales: la estabilidad económica.
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Ciertamente, en 1996 y lo que va de 1997 la economía nacional mostró una gran capacidad para recuperarse de la crisis y crecer en un ambiente de estabilidad. Sin embargo, no se debe perder de vista que ese comportamiento correspondió a un periodo atípico, en el que se conjugaron varios factores positivos.
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Además de la capacidad ociosa disponible que generó la crisis, el crecimiento de la producción en estos años fue posible gracias a la demanda externa. La ventaja competitiva que proporcionó el TLC, la ventaja cambiaria que, en una primera etapa, otorgó la devaluación del peso –y que ya se perdió– y la prolongada fase de expansión de la economía estadounidense se combinaron para que, a pesar de la sobrevaluación del peso, las exportaciones continúen aumentando y sirvan de motor al resto de la economía.
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A lo anterior se agrega la disponibilidad de recursos foráneos, derivada de los excedentes de capitales en los mercados internacionales, que han permitido mantener estable el tipo de cambio y utilizar esa situación para seguir frenando el crecimiento de los precios.
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Desafortunadamente, llegará un momento en que esos factores se agoten y entonces será más difícil mantener un fuerte ritmo de crecimiento económico, a menos que se negocie una estructura económica internacional nueva, o se busque una combinación diferente en los principios, el uso de las variables y los objetivos de estabilidad y crecimiento. O, como ha sucedido en otras naciones, se corre el riesgo de no lograr el objetivo de crear empleos.
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Por ejemplo, si pierde fuerza el vector de crecimiento generado por el mercado externo, las opciones que quedan son tratar de fortalecerlo reconociendo la necesidad de una devaluación y sus efectos sobre la inflación, o sustituirlo por el consumo y la inversión en el país.
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La inversión ha mostrado tasas de crecimiento muy altas, pero eso se debió –en buena medida– a la perspectiva que tenían los empresarios de aprovechar el mercado externo, aunado al esfuerzo que realizaron muchos de ellos por reponer los activos que ya resultaban obsoletos. A pesar de eso, el nivel de inversión todavía se encuentra abajo del registro alcanzado en 1994 y podría mantenerse bajo si no se observa un claro fortalecimiento del mercado interno o una mejor posición competitiva del país.
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Sólo que el fortalecimiento del mercado interno enfrenta grandes limitantes. Para empezar, en una economía abierta, cualquier incremento en el consumo interno implicará que una fracción del mismo sea captado por los productores foráneos. Si se deja sobrevaluar más la moneda, mayor será la rebanada que capten los fabricantes del exterior, menores los beneficios para la producción nacional y el deterioro de la balanza comercial será más rápido.
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Además, el consumo interno no se puede estimular mediante el gasto público, porque los efectos de esa medida serían negativos: o acelera la inflación o repercute en las cuentas con el exterior. Lo mismo sucedería si se pretendieran aprovechar impunemente los ingresos de divisas para aumentar la demanda.
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Como se ve, a menos que se modifique la actual estrategia, será muy difícil mantener tasas de crecimiento de 5%. Las consideraciones mencionadas deberán tomarse en cuenta en el diseño de la política económica de Estado a partir de definir qué es lo prioritario: estabilidad a toda costa o creación de empleos.
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