El cambio de siglo y de milenio representa, para muchos, un signo cabalístico. Para los mexicanos y la economía además es un año político. El presupuesto de ingresos y egresos para el año 2000 adquiere, entonces, una gran relevancia. Los cambios en la política de ingresos y gastos ejercen gran influencia en la economía. Para el 2000 existe poco margen para proponer y negociar algo sustancialmente diferente a lo que ahora tenemos.
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Las fuentes tradicionales de ingresos públicos están al límite de su potencial. Aumentar la recaudación como ha sucedido en los últimos dos años, subiendo algunas tasas impositivas se ve difícil y sería cuesta arriba proponer nuevos gravámenes. La reforma fiscal, para ampliar la base de causantes y la base impositiva, se ha pospuesto, cerrando las puertas para aumentar los ingresos públicos. La otra fuente importante de ingresos es Pemex. Es muy inocente prever que el precio del petróleo podrá mantenerse por arriba de $17 dólares por barril en el 2000. Las demás paraestatales tienen graves problemas para elevar sus ingresos, como la CFE y la UNAM, por lo que es poco lo que pueden aportar. El moderado crecimiento del PIB en 1999 y la expectativa mundial para el año 2000 harán difícil captar recursos en los mercados financieros, adicionales a los contratados para el blindaje y los que demanda el refinanciamiento normal de la deuda.
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Por el lado del gasto la perspectiva no es más tranquilizante. El gasto programable ya está en su límite inferior y pensar en recortarlo sin eliminar entidades públicas, es casi imposible, más en un año electoral. El gasto social no puede, ni debe recortarse. Adicionalmente se encuentra el servicio de la deuda, que puede magnificarse cuando se conviertan las obligaciones del Fobaproa. Las aportaciones públicas al seguro social y los fondos de pensiones y las participaciones a estados y municipios, son compromisos que pueden aumentar, más no disminuir. Los recursos para terminar de sanear el sistema bancario y liquidar los programas de apoyo a deudores, también están comprometidos. Esto deja como única opción para cambiar algo al déficit, mismo que fue establecido en 1% del PIB en la carta de intención con el FMI.
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Por donde se vea, las finanzas públicas enfrentarán un reto enorme. Además de la obligación irrenunciable de transmitir un mensaje de estabilidad, controlando el déficit en 1% del PIB, deben atender el funcionamiento del sector público y observar el devenir de los mercados financieros internacionales, que ya nos han dado sorpresas en el pasado. Lejos estamos del concepto de finanzas públicas que se ajustan con la evolución del ciclo económico, y nada nuevo podrá hacerse para el 2000, aunque ésta es la buena noticia. Con lo atentos que estaremos todos a la celebración del año nuevo, mejor que el Congreso no tenga que revisar algo muy complicado, aunque sería recomendable que ya en nuestro país se hiciera un esfuerzo serio por contar con un modelo de finanzas públicas como mandan los cánones.
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