Privatización de recursos humanos

La carrera política de los jerarcas del gobierno siempre se antoja promisoria. Pero últimamente mu
Enrique González

Para un selecto grupo de altos funcionarios de la administración pública, la vieja máxima de los gobiernos revolucionarios comienza a ser historia. Por décadas, los puestos en el gobierno fueron la mejor opción para los egresados de las universidades. “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, se decía con cierto cinismo, pero con una gran dosis de realidad.

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Los tiempos han cambiado. Lo han hecho al mismo ritmo que en la administración pública, que llegó a tener más de 1,200 empresas estatales a mediados de los años 80, pero que adelgazó después, en los últimos años en que el presupuesto del gobierno sufrió constantes ajustes. Entre las consecuencias de este repliegue se cuentan los recortes a los privilegios de sus empleados, sobre todo los de más alto rango.

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Se trata por ahora de un cambio suave, poco perceptible si no fuera por la relevancia de funcionarios que han sustituido la camiseta de la administración pública por la de la iniciativa privada. Son hombres conocidos, que dejaron huella a su paso por el gobierno en los últimos dos sexenios y que ahora trabajan –discretos, en la mayoría de los casos–, en compañías particulares. Todas ellas bastante exitosas, por lo demás.

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El recambio del grupo político en el poder, el próximo 1 de diciembre, hace pensar que pueden venir más “pases”, sobre todo al ver la historia reciente.

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La fama burócrata
Años de ineficacia aumentaron la percepción de que el aparato de gobierno es un ente anquilosado, oneroso y, en especial, una muralla contra la eficiencia. Pero algunos expertos no comparten del todo esa impresión.

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“Una empresa privada tiene varias motivaciones para contratar a un funcionario de la administración pública”, asegura José Antonio Purón, consultor de Egon Zehnder Internacional, una firma especializada en el reclutamiento y selección de ejecutivos. “La tendencia que hemos visto es que hay personas en la administración pública, sobre todo la nueva camada de funcionarios, que están extraordinariamente preparados”, comenta. La preparación académica de quienes ocupan altos cargos gubernamentales es mayor que en el pasado.

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En opinión de Rafael Arturo Cuenca Dardón, experto en administración de empresas y presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Administración –una organización profesional con sede en la Ciudad de México–, “en la administración pública hay gente muy calificada. No debe ser un estigma trabajar en el Estado para después hacerlo en compañías privadas”, dice.

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No ve ningún conflicto en el tránsito de un área profesional hacia otra. “En la administración, ya sea pública o de empresas privadas, hay valores universales como eficacia, eficiencia y transparencia. Cuando se cumplen, un administrador es tan bueno en un lado como en otro. Pero se ha estigmatizado al sector público como ineficiente”, reconoce.

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Discreto, elusivo con la prensa, poco afecto a los reflectores, Pedro Aspe Armella se forjó en la administración pública una imagen de eficiencia y creatividad. Impulsor de la reforma económica emprendida en el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, negociador de la deuda externa mexicana, el ex secretario de Programación y Presupuesto (1987-1988) y de Hacienda y Crédito Público (1988-1994) dedicó un año, 1995, a la academia en su alma mater, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), para después aceptar dirigir el banco de inversión y la compañía de seguros del Grupo Pulsar, el negocio que se extiende a la biotecnología del empresario Alfonso Romo.

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Es quizá uno de los casos más relevantes. El primero de una serie que ha crecido desde entonces.

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El temido
Era conocido como el terror de los empresarios. Como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz emprendió acciones para aumentar la base de contribuyentes y reducir la evasión y elusión fiscales, casi un deporte nacional. De esa dependencia pasó a ocupar, por espacio de tres años, una de las cuatro vicegubernaturas del Banco de México.

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A partir de diciembre de 1997, un año después de dejar los puestos de gobierno, Gil Díaz brincó del sector público al privado y se convirtió en el director general de Avantel, una empresa de telefonía que es propiedad de MCI y minoritariamente de Banamex-Accival, el segundo grupo financiero del país.

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“Paco Gil –como lo llaman en Avantel– tenía otra formación cuando llegó aquí. En los últimos años ha aprendido mucho de tecnología, del negocio, se ha abierto a la prensa; es otro”, dice uno de sus colaboradores actuales, que pidió no ser citado.

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Los casos se suceden. En enero de este año, Martín Werner dejó la subsecretaría de Hacienda para enrolarse en la casa de bolsa Goldman Sachs. Fernando Solís, férreo defensor de la reforma al sistema de pensiones, que hasta diciembre pasado era presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), se contrató como asesor de la presidencia del Grupo Bal, propiedad de la familia Baillères, controladora de Peñoles, El Palacio de Hierro y Grupo Nacional Provincial.

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Después de su fracaso como secretario de Hacienda al inicio del actual gobierno, Jaime José Serra Puche, ex titular de Comercio y Fomento Industrial en el sexenio de Carlos Salinas –periodo en el que negoció el Tratado de  Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá–, dejó la administración pública para fundar su propia empresa SAIConsultores, desde donde da consejo a empresarios que desean invertir en México. Serra fue uno de los expertos que contrató recientemente el español Banco Bilbao Vizcaya para integrar su oferta de fusión con Bancomer, que finalmente creó el primer grupo financiero del país.

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En su nueva empresa, Jaime Serra es acompañado por Pedro Noyola de Garagorri, quien fue su subsecretario de Comercio y, también, su segundo en la Secretaría de Hacienda durante los 20 días de diciembre de 1994 en que despacharon en esa dependencia del Ejecutivo, de la que debieron salir después de la devaluación que desató la crisis de 1995.

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Más nombres de hombres públicos que se volvieron privados: el ex canciller Bernardo Sepúlveda, impulsor de la paz en Centroamérica durante los años 80, es ahora encargado del área internacional de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la firma líder en construcción de México. Roberto del Cueto dejó el banco central para incorporarse a Banamex, mientras que Salvi Foch optó por incorporarse a Televisa, en el proyecto de su portal de internet llamado esmas.com, y dejar la vicepresidencia de supervisión bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Alejandro Reynoso era director general de supervisión financiera del Banco de México y ahora presta sus servicios en Televisa, mientras que Gabriel Quadri, ex director del Instituto Nacional de Ecología (de la Semarnap) dirige ahora el Céspedes, un centro de estudios ambientales que depende del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

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A contramano
En sentido inverso son menos los casos conocidos que pasaron de una empresa privada al sector público.

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En el gobierno anterior, el presidente de Kimberly Clark en México, Claudio X. González, fue asesor en materia de inversión extranjera del gobierno federal y, más reciente, el empresario agropecuario Eduardo Bours Castelo de la compañía Bachoco, luego de presidir el CCE, dio el salto para trabajar en la campaña electoral del candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa.

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Al inicio de la administración del presidente Ernesto Zedillo y por poco menos de dos años, el empresario Gilberto Borja, de ica, fue director general de Nacional Financiera, la principal banca de desarrollo del gobierno.

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Según José Antonio Purón, en adelante la tendencia será no sólo el paso de funcionarios públicos a la esfera privada, sino también a la inversa. “Ojalá que en el futuro se observe el fenómeno de que altos ejecutivos de la iniciativa privada pasen al gobierno y que vieran en ese tránsito no sólo la posibilidad de apoyar la economía del país, sino también de crear un esquema más eficaz de administración pública”, dice el headhunter.

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Costo beneficio
Para un experto en administración de empresas como Rafael Arturo Cuenca Dardón, la llegada de un ex funcionario público a una compañía privada no debiera entrañar conflictos. “En el sector privado llega a haber tantos vicios como en el público. La mala administración o el nepotismo no son privativas de las áreas del gobierno”, expone. “Es cuestión de matices”.

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¿Qué puede ofrecer un ex funcionario público para que las compañías privadas lo contraten? Por lo pronto, parece obvio que una amplia red de contactos, que pueden facilitar las cosas en lo que hace a los trámites y la relación con las autoridades, y muchas veces también con organismos, gobiernos e instituciones financieras extranjeras.

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Los funcionarios de gobierno, en especial los de alto nivel, “en su carrera pública han tejido una red de contactos muy importante que cualquier empresa desea tener”, comenta Purón.

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Cita el caso de Martín Werner, quien dejó un puesto clave e influyente en la subsecretaría de Hacienda, para ocupar un cargo directivo en el área de banca de inversión de la correduría estadounidense Goldman Sachs. “Martín Werner trabajó desde el gobierno a un muy alto nivel en el área de banca de inversión y emisiones de deuda. En su agenda diaria tenía conversaciones con ejecutivos de los principales bancos del mundo, con directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Para una empresa son muy importantes esos contactos”, señala.

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Sin embargo, como contraparte, los problemas también pueden aparecer en cuanto a los mecanismos de estímulos y ascensos que prevalecen en las empresas, donde el ex funcionario podría ser visto como un advenedizo que quitó una posición relevante a un empleado con varios años de servicio.

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José Antonio Purón afirma que la incorporación de un ex funcionario a una firma privada no causa distorsiones en la estructura organizativa de las empresas. En esos niveles de dirección, afirma, las personas son muy preparadas y profesionales, acostumbradas a trabajar duro, de modo que es fácil su adaptación a las compañías.

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“Podría haber conflicto sólo si la empresa tiene esquemas de planeación de servicio de carrera para escalar posiciones y si esos mecanismos de escalafón funcionan”, apunta Cuenca Dardón.

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Pero es más práctico en su evaluación: un empresario, considera, no arriesgará su dinero o las metas de crecimiento de su compañía llevando a alguien que no funcione a ocupar una posición relevante. “Creo que no debiera haber conflicto en el trato con otros directivos de la empresa que lo contrate. Si a nivel institucional está perfectamente justificada su incorporación, no debe haber recelo”.

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Asegura, con la dificultad de precisar nombres y circunstancias concretas, que han sido mínimos los casos en que la incorporación de un ex funcionario a una empresa privada pudo crear desmotivación entre otros directivos que se vieran imposibilitados para ascender en la escala jerárquica de la compañía.

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La oferta motivadora
Desde el punto de vista del funcionario que decide brincar al ámbito empresarial, influye la limitación de oportunidades en el empleo gubernamental por la tendencia de disminución del presupuesto, lo que también provoca que los estímulos económicos resultan ser mejores en el mundo de la iniciativa privada. Además, menos visibles, están los reacomodos de los grupos políticos en el poder que se ven excluidos de los altos mandos burocráticos.

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El salario de un secretario de Estado ronda los $110,000 pesos mensuales. Pero “hay descompensaciones en cuanto a emolumentos, ligadas al término de bonos y demás estímulos que han acompañado los recortes al presupuesto de los últimos años”, dice Cuenca Dardón. No duda en afirmar que en el sector privado, sobre todo en los cargos de mayor nivel ejecutivo, como los que asumen los ex funcionarios públicos, las remuneraciones son más atractivas.

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No obstante, Purón disiente de quienes afirman que la motivación principal es el mejor salario. No cambian de camiseta sólo por dinero. Quizá estén desencantados o creen que pueden agregar más valor a su vida profesional fuera de la administración pública, sostiene.

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Las decisiones se retroalimentan. Los funcionarios públicos salen también del gobierno porque no ven posibilidades de desarrollo personal a futuro. O, también, porque pueden no estar de acuerdo en cómo se maneja el sistema, dice el experto.

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“Tanto en el gobierno como en las empresas hay buenos y malos administradores. Finalmente, el propietario de una compañía debe valorar si la contratación de un ex funcionario puede dar más valor a su firma. No hay una constante que se pueda trazar”, concluye Cuenca Dardón. 

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