Prometer no empobrece
Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno capitalino, no oculta que extraña los tiempo en que hacía manifestaciones en el Zócalo. En los primeros días de su gestión aprovechó la popularidad del presidente Fox para oponerse a casi todo lo que éste proponía: el horario de verano, la reforma fiscal, el aeropuerto en Texcoco… Una alta funcionaria de su administración justificaba que el servidor público opinara de tantas cosas porque su tarea no era sólo regir la ciudad sino también defender "un proyecto de nación en favor de los pobres".
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Por lo menos López Obrador puede presumir que no ha abandonado sus ideales de juventud. La pregunta es de qué le sirve enjuiciar tantas cosas, tan diferentes, y a veces tan lejos de su competencia como gobernante. No es que el discurso izquierdista tenga que espantar a los empresarios. Este es un país plural y el hecho de que diferentes corrientes políticas puedan ocupar puestos de mando es una confirmación del avance de la democracia. El problema empieza cuando se trata de administrar una ciudad.
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El líder perredista busca conciliar sus aspiraciones de mocedad con la promoción del crecimiento económico. No tiene por qué ser tan difícil. En su campaña se comprometió a velar, primero, por los más desprotegidos. Eso puede hacerse. Todavía es necesario construir una cultura más solidaria. Lo que habrá que ver es si resulta factible asistir a los pobres de una manera sostenida a largo plazo. El plan del gobierno puede resumirse en dos puntos: subsidios para los necesitados y promoción del crecimiento.
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Los primeros requieren una atención especial. Sí, sería imposible, por ejemplo, elevar de golpe el precio del transporte urbano para que compense el costo. Ya es una tradición que el Metro de la ciudad sea una parte del salario de los trabajadores, pagada por los contribuyentes. El caso es que las autoridades capitalinas no han encontrado ninguna otra forma de cubrir el costo de ese servicio y tienen que destinar gran parte de sus finanzas a mantenerlo. Dicen los funcionarios de la metrópoli que hay muchos interesados en obtener la concesión de la publicidad en las estaciones del sistema de transporte. Sin embargo, en un año los anuncios han sido sólo de propaganda gubernamental –que, por cierto, también se carga al presupuesto–. El subterráneo es sólo la subvención más delicada y notable.
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Para pensar en cualquier otro subsidio habría que encontrar, primero, la forma de pagarlo. Claro, el Distrito Federal tiene un mayor presupuesto disponible que, por ejemplo, el estado de Nuevo León, que debe cubrir los sueldos de los profesores del sistema oficial. Pero una entidad no puede basar sus ventajas en excepciones. Mientras que se pasa el tiempo, con contribuciones a pequeñas iniciativas como la Universidad de la Ciudad de México, el gobierno no ha emprendido grandes obras de infraestructura.
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La otra parte del plan –el fomento al desarrollo– se ha basado, hasta ahora, más en proyectos particulares que en una visión general, en la que se establezcan reglas claras y aplicables a todos (a lo que no cooperó mucho la revisión de contratos al principio de la gestión). López Obrador ha dado pasos notables para atraer la simpatía de los grandes hombres de negocio. Logró, por ejemplo, que TV Azteca lo trate mejor que a sus antecesores y arrancar junto con Carlos Slim un proyecto impostergable de rescate del centro histórico. Ahora le falta demostrar que entiende las necesidades de los pequeños y medianos empresarios, que sólo necesitan un ambiente estable para trabajar.
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