Pronafide, candado a los dispendios
Limpiar no es una tarea fácil, menos si se trata de las entrañas del sector público. El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 1997-2000 –con todas sus letras– bombardeó a los mexicanos hace algunas semanas, entre calificativos gubernamentales y de las cúpulas empresariales. Mientras algunos lo llamaron programa anticrisis, otros lo juzgaron “versión inconsistente del Plan Nacional de Desarrollo”.
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Más allá de estas aseveraciones, se presentó por primera vez un documento de finanzas públicas con proyecciones económico-financieras a tres años, y se dejaron atrás las generalidades para llegar a metas específicas en cada uno de los rubros.
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Poco se ha dicho respecto a que este programa fue auspiciado o sugerido, en gran medida, por el “club de los Países Ricos” –la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)– que, en 1996 y 1997, solicitó a México que elaborara un esquema de política económica de mediano plazo. Esto, en virtud de que México era uno de los contados miembros –actualmente son 28– que no hacían proyecciones de mediano plazo, inhibiendo con ello la inversión extranjera directa y la planeación empresarial. Sin embargo, más relevante aún que la recomendación de la OCDE es el compromiso hacendario de “eliminar las cajas chicas a partir de 1998” y colocar una lupa sobre el ejercicio del gasto público.
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SOGA AL CUELLO
-En pleno periodo electoral, y como parte del Pronafide, el gobierno anunció la creación de un Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y se comprometió a:
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- Registrar e integrar toda la información de los ingresos y egresos del gobierno.
- Mejorar el control de las operaciones presupuestarias y financieras.
- Obligar a los ejecutores del gasto a respetar los calendarios y límites establecidos y autorizados por el Congreso de la Unión.
- Registrar las distintas fases del gasto, desde la autorización hasta el ejercicio.
- Ceñir el gasto público a la capacidad del sector público para ingresar impuestos.
- Centralizar en la Tesorería de la Federación el manejo de los recursos públicos.
- Asegurar el pago oportuno de las responsabilidades del gobierno (que muchas veces es el peor pagador).
- Proporcionar información constante sobre el uso de los recursos y la efectividad de los programas gubernamentales.
- Reducir el tiempo de presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
- De este paquete de compromisos, vale la pena detenerse en el tercero, sexto y noveno, porque durante años habían sido “temas tabú”.
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Ciertamente, la Cámara de Diputados y luego la de Senadores autorizan, año con año, el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero se olvidan de supervisar si el gasto se ejerció tal y como lo avalaron o si alguna dependencia se excedió.
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El punto seis permite entrever un problema que podría convertirse en una bola de nieve a partir de 1998, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notifique a todas las secretarías de Estado que “se acabaron las cajas chicas”. Así, todo el gasto lo centralizará la Tesorería de la Federación y ésta decidirá cuándo y en qué puede gastar cada una de las dependencias, para evitar dispendios y desvíos por parte de los funcionarios públicos. Faltó aclarar cuál será el mecanismo que garantice transparencia en la Tesorería de la Federación, que se convertirá en la “supratesorería” del país.
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El punto nueve extiende el compromiso de agilizar el tiempo de presentación de la Cuenta Pública, lo que significa que no se dejarán en el olvido las cuentas pasadas. Actualmente, los gastos realizados entre enero y diciembre de cada año son reportados a la Cámara de Diputados entre nueve y 10 meses después de concluido el ejercicio fiscal; es decir, que no será sino hasta octubre de 1997 cuando se conozcan los resultados del gasto ejercido en 1996, lo que para entonces resultará poco interesante para legisladores y opinión pública en general. Más aún, porque dos semanas después aparecen los nuevos Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y los Presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal posterior.
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RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
-Con el Pronafide, el gobierno también amarra su capacidad de gasto a los ingresos que obtenga. En este sentido, el programa aclara que se valdrá de la recaudación de impuestos y del cobro de derechos por explotación de servicios que sólo suministra el Estado y por exportación de petróleo –que de dos años a la fecha ha presentado precios por barril entre 15 y 35% superiores a los pronosticados por el gobierno–, para generar con ello ingresos excedentes al sector público.
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De hecho, por cada dólar extra en cada barril el gobierno percibe alrededor de $500 millones de dólares adicionales al año, lo que significa que si Hacienda pronosticó que el barril costaría $14.5 dólares y el mercado lo paga a $16.5 dólares, México gana $1,000 millones de dólares por arriba de lo previsto. Sin embargo, la determinación de ceñir el gasto exclusivamente a la capacidad pública para generar ingresos impedirá al gobierno zedillista ejercer recursos fuera de presupuesto para campañas políticas o “negocios personales” de los funcionarios públicos.
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Más aún, esta decisión tiene la doble intención de amarrarle las manos a los administradores priístas y, simultáneamente, poner freno a los dispendios de futuros gobernantes de algún partido de oposición. Particularmente cuando, desde las debatidas elecciones de 1988, la mira internacional se ha fijado en los fraudes electorales y la necesidad de atajarlos.
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Después de observar el desarrollo de los comicios nacionales, los organismos financieros internacionales –esto es, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Foro Económico Mundial y la OCDE– analizarán cuidadosamente la evolución de los indicadores económicos en México, y los “candados” al gasto impuestos por el gobierno se podrán revertir como boomerang si en el futuro se comete cualquier error estratégico.