Proyecto sin respaldo

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Ulises Hernández

Todo indica que los planes del gobierno de reformar la Constitución para abrir la industria eléctrica nacional a la inversión privada tendrán que esperar mejores tiempos políticos. La posibilidad de que la iniciativa de reforma sea votada en el actual periodo de sesiones del Congreso se aleja, a la vez que la oposición crece entre las fuerzas sindicales y partidistas, e incluso dentro del propio PRI.

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El rechazo a la reforma es utilizado como estandarte en las intensas luchas políticas que vive el país, lo mismo por el perredista Cuauhtémoc Cárdenas que por los grupos y corriente priístas, como la que encabeza Rodolfo Echeverría. En el PRI existe temor al costo político de respaldar la iniciativa.

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El PRD manifestó que votará en contra, en tanto que el PAN dijo que tomaría su tiempo para analizar con calma la propuesta de reforma a los artículos 37 y 28 constitucionales.

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El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que agrupa a los trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro, suma fuerzas con otras organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y encabeza protestas multitudinarias contra “la privatización del sector”. El ambiente está tan politizado y los partidos tan concentrados en sus horizontes electorales, que los trabajos legislativos marchan a vuelta de rueda.

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El presidente Zedillo envió su iniciativa de reforma al Congreso el 2 de febrero para que fuera analizada con tiempo, y pudiera ser votada en el presente periodo de sesiones, que finaliza este 30 de abril. Pero el Senado –la Cámara que votará primero– sigue involucrado en consultas públicas y las comisiones dictaminadoras ni siquiera se han reunido para discutir el asunto.

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“El proyecto no ha entrado a discusión. Quizá lo haga en este periodo, pero está difícil que se apruebe”, comenta el senador perredista Alfredo Garcimarrero, secretario de la comisión de Puntos Constitucionales.

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