Reforma fiscal
Habrá reforma fiscal. Sin duda. Pero la que finalmente será aprobada por el Congreso en octubre o noviembre diferirá de manera sustantiva de la presentada en marzo pasado por la Secretaría de Hacienda . Tendremos simplemente la "reforma posible".
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La manzana de la discordia fue desde el principio el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos. Y así seguirá hasta el final. La razón es que precisamente de allí es de donde viene el grueso de la nueva recaudación. En la propuesta de Hacienda, 77 centavos de cada peso adicional de impuestos provendrían del IVA en alimentos.
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Por eso, para que la reforma sea posible, lo primero es llegar a un consenso en esa materia. Las salidas que se han explorado son tres. Alguna de ellas es la que a permitirá formar el acuerdo.
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* Diseñar una canasta exenta.
-En esta opción, que ha empujado sobre todo el Partido Revolucionario Institucional, se pretende hacer una lista de productos que no paguen IVA. La negociación tiene que ver con el tamaño de la canasta y la naturaleza de éstos.
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Tal alternativa no convence a las autoridades porque sigue permitiendo la evasión a través de solicitudes para que se devuelva el IVA y porque jurídicamente podría ser vulnerable, pues los productores de alimentos que no entren en la canasta exenta podrían ganar juicios de amparo.
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* Diferenciar entre alimentos procesados y no procesados.
-La propuesta gusta a la autoridad y requeriría que se pusiera una tasa de IVA de 2 a 5% a los alimentos no procesados, mientras que a los que sí lo están se les gravaría con la general (15%). Aunque tiene menor fragilidad jurídica, esta salida no la quieren los productores, quienes creen que con ella se castiga a la agroindustria y se premia a la producción primaria, lo que va en contra de una visión para desarrollar el campo.
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* Combinar exenciones con una política compensatoria más agresiva.
-Esta vía seduce sobre todo a los panistas, quienes han buscado un esquema para definir una canasta exenta que sea muy pequeña y al mismo tiempo ampliar las políticas de compensación, con objeto de que el impacto sobre la recaudación sea mínimo, y que mediante subsidios directos se compense proporcionalmente en mayor grado a los sectores de menores recursos.
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Los ingresos del IVA no son los únicos que se pelean. Otros más tienen que ver con el nivel de gobierno que cobra y que gasta: la redefinición del federalismo.
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Los gobernadores de todos los colores parecen dispuestos a utilizar su ascendencia sobre el Legislativo para que le den el sí a Fox... siempre y cuando les toque una mayor rebanada del pastel. El problema es que aunque todos quieren más recursos, difieren en el cómo.
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En el fondo de todo está el hecho de que apenas 8% del dinero de las entidades federativas proviene de ingresos propios, mientras que el restante 92% viene de la federación.
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La historia actual puede resumirse en que los recursos generados por los estados los capta Doña federación, la que luego se los devuelve a través de participaciones y fondos diversos.
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A las entidades con mayor grado de desarrollo no les gusta este arreglo y quieren que les desaten las manos para arreglárselas por ellas mismas. Pero, las más atrasados entran en pánico simplemente de pensar que su arcaica infraestructura administrativa tendrá que dedicarse a cobrar impuestos.
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En el extremo, el Distrito Federal capta 47% de sus recursos de ingresos propios, mientras que Hidalgo apenas llega a 2%.
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Aquí, la opción posible será un esquema de transición, en el que la tasa general del IVA baje a 12 o 13% y se establezca un impuesto local a las ventas de 2 a 3%, que sería administrado por la federación durante dos o tres años.
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Envoltura atractiva
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Como la recaudación adicional que se obtendría por el IVA será menor a la prevista, habrá también un ajuste en la propuesta para no desgravar en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Una de las fichas de la negociación política es que las tasas generales del ISR queden sin cambio, lo que podría significar una recaudación extra de $18,000 millones de pesos que cubriría parte del monto que no llegaría al no generalizar el IVA.
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Además, tendría el incentivo político de aparentar que se evitó la degradación de los ricos, como lo pretendía el gobierno. Dejar sin cambio el ISR puede ser una de las envolturas más atractivas para reducir los costos políticos de esta reforma.
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Con los números originales, se esperaba que las modificaciones tributarias permitieran captar más o menos dos puntos adicionales del PIB. Dependiendo de lo que se acuerde en materia de alimentos o del esquema de ISR que se elija, bien se puede pensar en un escenario donde la recaudación neta adicional sea de alrededor de 1.5% del PIB cada año, es decir, aproximadamente $30,000 millones de pesos menos que lo planeado por Hacienda.
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Entre las cartas que seguramente jugará el Partido de la Revolución Democrática para evitar que la captación adicional de impuestos se baje, está un impuesto a las ganancias bursátiles especulativas o incluso a las transacciones financieras en general.
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El atractivo de esta propuesta es que tiene un alto rendimiento político aunque pueda propiciar una relocalización de cuentas hacia Estados Unidos y una mayor desintermediación financiera. Algunos priístas podrían verse tentados a apoyar esta vía, pero parece muy poco probable que logre el respaldo necesario para pasar, aunque será uno de los asuntos que más ruido provocará.
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Independientemente de la combinación de los cambios que se den en el IVA o ISR , lo que interesa a los mercados financieros es que haya más captación de impuestos. Si la recaudación adicional por año llega a 1.5% del PIB o poco menos, la reforma será aceptable... siempre y cuando los recursos no se utilicen para gastar.
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El discurso político dice que el gobierno quiere recursos para gastarlos en escuelas y hospitales. La realidad es que los necesita en el corto plazo para bajar su deuda.
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Si la recaudación adicional se etiqueta y se destina a partidas presupuestales específicas, habrá una gran decepción de los mercados financieros, pues para efectos del balance de las finanzas del gobierno será como si no hubiera habido reforma. Pero si esta cantidad no se utiliza para gastar, entonces habrá una gran decepción política, pues su efecto positivo sobre las finanzas del gobierno se sentiría quizá después de las elecciones federales de 2003.
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Otra vez, la "reforma posible" será una que se quede a la mitad del camino. Ni todo para gasto, ni todo para deuda. Una reforma parchada, como previsiblemente saldrá, no será la reforma, sino la primera de este sexenio.
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La fuerza de la necesidad va a conducir a que allá por 2003 o 2004, nuevamente tengamos que discutir cómo poner en orden las finanzas del gobierno.
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Y así se va a repetir el ciclo mientras no nos pongamos de acuerdo en lo esencial respecto a cuánto gobierno necesitamos y cómo queremos financiarlo.
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El autor es Economista y columnista especializado en temas económicos y financieros.
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