Reforma laboral

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Alfonso Zárate

La alternancia política per se no alcanza para consumar la transición que el país requiere: reformas estructurales –energética, judicial, educativa, laboral y fiscal– que se traduzcan en un marco legal e institucional que reconozca las nuevas condiciones socio-demográficas, políticas y económicas de México y los desafíos del entorno; la competencia planetaria y lo que exige: productividad, calidad y eficiencia.

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Fox gobierna un país, en múltiples sentidos, anterior al 2 de julio del 2000: con fuertes déficit democráticos, inercias autoritarias, zonas francas de impunidad, instituciones y leyes rancias. Por eso es imperativa la reforma del Estado, que incluye las reglas del trabajo.

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La legislación laboral perdió su sentido social originario y se convirtió en un lastre para el desarrollo productivo del país, con normas que favorecen la ineficacia y la reproducción de feudos corporativos donde campean la impunidad, la corrupción y otros excesos. Fue el precio que el ogro filantrópico pagó a cambio de la obsecuencia de líderes sindicales, del control corporativo de miles de trabajadores y de millones de votos que "garantizaba" don Fidel.

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En las actuales condiciones, de poco o nada sirve a empresarios y trabajadores la actual legislación laboral. La tecnologización de los procesos productivos, la dinámica de la economía global, reclaman respuestas que nadie puede eludir sin pagar un altísimo costo social.

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No obstante, hasta ahora la iniciativa que prepara la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) parece no encontrar el camino. Desde julio de 2001, cada semana se reúnen en la STPS 11 representantes sindicales e igual número de delegados empresariales para discutir una propuesta de ley federal del trabajo que traduzca la nueva cultura laboral. Hasta ahora, los resultados han sido más bien pobres. Las autoridades se empeñan en sacar adelante un proyecto por consenso, lo que redunda en el empantanamiento.

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Era de esperarse que los sectores más retardatarios del sindicalismo detuvieran cualquier iniciativa sobre democracia en las asociaciones gremiales; de igual forma, que los empresarios más radicales insistieran en una flexibilización que escamotea a los trabajadores sus frutos.

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Hace falta aprender que la mayoría tiene suficiente legitimidad democrática. Sin embargo, el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, parece resignado a dejar para otro momento una propuesta integral e inteligente , conformándose con sacar lo posible. Sería decepcionante que el resultado de las reuniones fuera una reforma inofensiva, cosmética, en vez de la nueva arquitectura del mundo del trabajo.

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La viabilidad económica pasa por una revisión del marco jurídico laboral. De ese tamaño es la responsabilidad del gobierno de Fox y de los actores involucrados.

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El autor es director del Grupo Consultor Interdisciplinario

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