Seguridad Social <br>En terapia intensiv

La seguridad social en México tiene el pulso débil. Todos quieren ayudar en el proceso de convalec

En su V Informe de Gobierno, Carlos Salinas pidió a sus gobernados que no se confundieran: “El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una gran institución pública en nuestra patria; por eso, reitero que no será privatizado, tampoco reducido ni limitado, sino fortalecido en su eficacia y calidad, para seguir siendo el orgullo del pueblo mexicano.”

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La preocupación del ex presidente por calmar los ánimos respondía a un intenso debate a escala mundial que en los 80 desató la reflexión en torno a la forma en que se debían concebir y organizar los modelos de seguridad social.

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En el caso de México, la seguridad social era considerada como el corolario de esa gesta histórica conocida como Revolución Mexicana. Y su materialización en el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los institutos de salud de las fuerzas armadas y de Pemex, eran la prueba tangible de un sistema que protegía a cualquier mexicano por encima de su posición social. Era, en suma, un sistema de solidaridad social avalado por la Carta Magna.

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¿Dónde nace la preocupación?

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Nace, principalmente, de que ya para los 80 el IMSS (y, en igual o menor medida, los demás institutos) comienzan a mostrar signos de crisis. Una creciente anemia financiera se apodera de las instituciones públicas de salud y seguridad social. Las causas del mal son materia en la que gobierno, legisladores y académicos parece que nunca se pondrán de acuerdo.

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Para el gobierno mexicano, azotado por crisis cíclicas, la prioridad era racionalizar el gasto para evitar desmanes presupuestales. Razón por la cual la nueva clase política (orientada hacia los principios económicos y políticos del neoliberalismo) deduce que estas instituciones son ineficientes.

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En oposición, investigadores y congresistas están convencidos de que el epicentro del problema está en que fueron excluidas de las prioridades del gasto público y dejadas a su suerte para que la inanición terminara por cuestionar su función dentro de la sociedad.

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“El cambio de modelo de seguridad social va de la mano con el cambio de modelo de desarrollo que ha instrumentado el gobierno. A mi modo de ver, tal es el problema de fondo”, señala Cristina Laurell. La investigadora señala en su libro La reforma contra la salud y la seguridad social que el gobierno mexicano comenzó a desentenderse de la protección social desde los 80. El gasto público en salud y seguridad social es una obligación que en México comparten gobierno (con recursos fiscales), patrones y trabajadores. Pero, en este escenario, el gobierno se ha caracterizado por su escaso interés por el gasto social. En 1982, tal rubro representaba 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a 4.6% en Brasil, 8.9% en Argentina, 9.9% en Chile y 17% en Estados Unidos.

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En esa misma década, las políticas de reducción del déficit fiscal y la prioridad del pago de la deuda no sólo redujeron en 50% (en términos reales) el gasto de salud per cápita, sino que se disparó el empleo informal en la medida en que el poder adquisitivo de los trabajadores se vino abajo.

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Para el IMSS, los 80 fueron una década en la que las aportaciones obrero-patronales se desplomaron, los solicitantes (pauperizados por las crisis económicas) aumentaron y el Estado disminuyó sus aportaciones de 12 a 5.5%.

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Es decir, el instituto, orgullo de la revolución, tuvo que ingeniárselas para hacer más con menos.

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Todo ello se tradujo en servicios médicos deficientes y en pensiones (por retiro e incapacidad) que llegaron a los irrisorios niveles de representar sólo 60% de un salario mínimo.

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Así, en 1992 se incrementó la cuota patronal para elevar el porcentaje de las pensiones. Pero la medida de emergencia aplicada por el gobierno no fue a través del IMSS, sino con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), considerado por los investigadores como “la primera gran ruptura con los principios constitucionales de seguridad social”.

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Como era de esperarse, la intención del gobierno de aumentar la responsabilidad patronal en materia de pensiones desató las protestas de los empresarios, quienes sentían que el Estado les estaba “endosando una factura que no nos corresponde”. En julio de 1993, la Coparmex publicó, en casi todos los diarios de cobertura nacional, un desplegado en donde se quejaba amargamente de que, no obstante que los patrones aportaban 70% de las cuotas de pensiones, serían ellos quienes pagarían la factura de “cuatro décadas de ineficiencia del IMSS”. La carta terminaba con la sugerencia de que, antes que elevar las contribuciones patronales, se debía revisar el modelo de seguridad social.

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Con todo, el SAR fue un anticipo de la receta que el gobierno comenzó a aplicar más a fondo a partir de las reformas de 1995. Ahora los recursos destinados a pensiones ya no se concretan en un fondo colectivo de reparto, sino que se rigen por el principio de equivalencia entre el pago y el monto de la pensión y fueron adscritos a cuentas de capitalización individual. Además, los recursos del SAR fueron puestos bajo el control de los recién reprivatizados bancos. Dinero que, sólo en 1992, fue el equivalente a dos veces el presupuesto del Pronasol, el programa de atención a pobres orgullo del gobierno salinista.

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PRIMEROS AUXILIOS
En 1995 el gobierno hizo público su diagnóstico: la salud del IMSS merecía atenciones de terapia intensiva.

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Sin perder tiempo, el 9 de noviembre de ese año el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso la iniciativa de nueva Ley del Seguro Social. La Cámara Baja la aprobó un mes después y la Alta dio su visto bueno una semana más tarde.

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La nueva Ley da un rostro distinto al IMSS: a través de ella se consolidan los principios jurídicos que privatizaron parcialmente las pensiones, abre la puerta a la posibilidad de que la iniciativa privada participe en la prestación de servicios de salud y convierte al modelo de seguridad social en un instrumento de política económica por medio de la generación de empleos y la promoción del ahorro interno.

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Así, el IMSS, un paciente que adolece de una enfermedad crónica que el gobierno llama “inviabilidad” y que da servicio a 40 millones de mexicanos con una infraestructura superior a las 1,700 unidades médicas, que cubre 1.5 millones de pensiones, atiende a 70,000 niños en sus guarderías, otorga 700,000 consultas todos los días y en cuyo seno nace uno de cada tres mexicanos, fue sometido a un tratamiento de primeros auxilios cuyo éxito, advierte el propio Banco

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Mundial (BM), “depende de una preparación política cuidadosa”.

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Es decir, el gobierno mexicano ha cambiado el modelo de seguridad social bajo una agenda parcialmente oculta que obedece al temor de que su implantación provoque tal descontento popular que pueda llegar a frenarlo.

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El primer paso del tratamiento de rehabilitación del instituto creado por el gobierno del ex presidente Manuel Ávila Camacho en 1941, es reestructurar el esquema de seguros. El de Invalidez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM) y el de retiro desaparecen para dar paso a dos nuevos: Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) y el de Invalidez y Vida (IV).

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El RCV deja el IMSS y pasa a la administración privada. Ya no como un fondo de pensiones solidario, sino como un sistema de cuentas individuales controladas por las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores) que tienen la facultad de invertir dichos fondos a través de las Sociedades de Inversión de Fondos de Retiro (Siefores).

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En el caso del seguro de IV, la administración la conserva el instituto... pero las pensiones que se deriven de este seguro se contratarán con alguna aseguradora.

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El seguro de Riesgos de Trabajo, bajo la nueva ley, modifica su esquema de cotización “para fomentar la cultura de prevención de riesgos” mediante el paso de un sistema basado en que algunos trabajos son más riesgosos que otros a uno nuevo donde lo importante son los accidentes comprobados. En otros países, este modelo derivó en ocultamiento de accidentes de trabajo y no en la promoción de una cultura de prevención.

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Enfermedad General y Maternidad es uno de los seguros que más polémicas ha levantado. Su nuevo esquema de financiamiento, basado en cuotas únicas y en la posibilidad de elegir un servicio privado a través de la reversión de las aportaciones, es privilegio hasta ahora exclusivo de algunas empresas norteñas y de los bancos.

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El quinto seguro, de Guardería Infantil, también permite la posibilidad de subrogar el servicio.

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Un sistema de cuentas individualizadas, dice el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ricardo García Sáinz, revierte el principio redistributivo y solidario de la seguridad social. El abogado Néstor de Buen va más allá y lo califica de “anticonstitucional” porque contraviene la fracción 29 del artículo 123º, donde, atribuye a la Ley del IMSS un carácter de interés público que “se pierde bajo un modelo en el que los beneficiados resultan ser los miembros de un sector emergente compuesto por las aseguradoras y los grandes grupos financieros”.

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Por lo pronto, la cirugía plástica realizada al modelo de seguridad social en México ya arroja costos: 1.4% del PIB anual. Recursos obtenidos por la vía fiscal “no como un subsidio a los trabajadores, sino como una forma de hacer frente a las pensiones en curso que no son sino el costo de la privatización del sistema de pensiones. Constituye, por ello, un subsidio indirecto a las Afores-Siefores”, dice Laurell.

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CIRUGÍA MAYOR
Envejecimiento sin crisis. Políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento es el título de un informe del BM (redactado en 1994) donde se describen, como si fuera un manual, los pasos necesarios para realizar cirugía mayor a un modelo de seguridad social en países con “población en edad mediana”. Como ejemplo, por supuesto, se relata el caso chileno donde, según el organismo, se aplicaron con éxito dos premisas: un sistema de seguridad social administrado por la iniciativa privada es más eficiente y el ahorro individual provoca el disparo del ahorro interno, la inversión y el empleo.

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Lo que ha escandalizado a los legisladores y sonrojado a los gobernantes es un extracto del informe donde se recomienda: “Preparar el terreno mediante una extensa campaña de información pública a fin de que las expectativas se ajusten a la realidad de que las promesas antiguas son perjudiciales a la economía e imposibles de cumplir”.

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Y también a los sindicatos les toca su parte: “Se debe conquistar a los sindicatos permitiéndoles que establezcan nuevos fondos de pensiones”.

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Una vez domesticadas las organizaciones sindicales, cosa que en México ya se había logrado mucho tiempo atrás, el siguiente paso es introducir un sistema de pensiones con régimen de capitalización individual y bajo la administración privada. No es recomendable que se ofrezcan beneficios mayores al ahorro del trabajador, pero sí se vale prometer una pensión mínima en el caso de no llegar a cotizar 1,250 semanas de trabajo (antes bastaban 500).

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La cotización de este seguro de pensiones (recuérdese que es el nuevo Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, RCV) es el 6.5% sobre el salario base. Y es cubierto por un 5.15% patronal, 1.25% obrero y 0.225% gubernamental. A ello se añade un 5.5% del salario mínimo vigente en la capital mexicana como cuota social aportada por el gobierno. Si el cotizante quiere seguro de adquisición de vivienda o proteger a sus familiares ahora tendrá que contratar seguros adicionales.

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Todos esos recursos, administrados en forma discrecional por una Afore (la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, Consar, otorga facultades no reglamentadas de operación a las Afores) e invertidos (también discrecionalmente) por una Siefore, constituyen la mayor transferencia de fondos públicos a la iniciativa privada jamás hecha en la historia de México. Para darse una idea, dice Laurell, “se pondrán en manos de las Afores y de las aseguradoras fondos financieros equivalentes a 25% del PIB en 10 años, a 45% del PIB en 20 años y a 60% en 30 años”.

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Como es fácil deducir, la operación significa la emergencia de un poderosísimo sector financiero que en el futuro tendrá la capacidad de incidir en el poder político. Una cosa que preocupa a los nacionalistas mexicanos es la composición de tales grupos financieros. 15 de las 17 Afores cuentan con inversión de grandes grupos extranjeros como Aetna, Cigna y Geo New York Life. Y, aunque se quiso evitar un posible brote de amor por los capitales nativos con la formación de una Afore pública (Afore Siglo XXI), la administradora propiedad del IMSS está asociada con el Bankers Trust de Nueva York, vía el Grupo Financiero Ixe.

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Sin contar que 13 de las Afores están ligadas a alguna aseguradora, resulta que la operación de estas instituciones ya está en manos del Ejecutivo. Sí, es evidente que la SHCP se ha hecho del control de la seguridad social en México, pues siete de la quincena de miembros que conforman la Junta de Gobierno de la Consar son funcionarios de la cartera que preside José Ángel Gurría. Y otros cinco pertenecen al gabinete ampliado.

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Ahora bien, ¿de qué se preocupan los detractores del nuevo modelo? Les quita el sueño una cláusula existente en todo contrato que un trabajador establece con una Afore: “(el contratante) ...reconoce expresamente que por la naturaleza de sus inversiones... (éstas) se encuentran sujetas a pérdidas o ganancias que en lo general provienen de las fluctuaciones del mercado”.

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Es decir, a pesar de las altas comisiones que imponen por la administración de cada cuenta individual, a pesar de contar con un mercado cautivo proporcionado por el gobierno y a pesar de no estar reguladas por un marco jurídico definido, las Afores transfieren todos los riesgos financieros al trabajador y retienen exclusivamente las ganancias aseguradas.

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El caso aparte que confirma la regla es la Afore Inbursa: “Creemos que es una cuestión ética ofrecerle a nuestros clientes toda la solidez y experiencia de Inbursa. Es por ello que no cobramos comisiones por manejo de cuentas de fondos de pensión. Sólo cobramos comisión sobre las ganancias que logremos. Es decir, si no manejamos bien el dinero, no ganamos, el cliente no tiene por qué pagarnos nada. Si ganamos, automáticamente ganan nuestros clientes”, así resume la posición de su empresa Alfonso Pruneda, responsable de la división de seguros de vida de la única Afore con tal postura.

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Muchos quisieran ver la misma actitud en otras Afores, puesto que los propios recursos que manejan son, en sí mismos, impresionantes: el gobierno trasladará cada año a las aseguradoras recursos del orden de un millón de salarios medios. Dinero que no se verá comprometido a conservar su poder adquisitivo una vez que el trabajador se retire. Si llegaran a ocurrir turbulencias financieras (cosa más que probable, basta asomarse ahora mismo a los mercados), si el cotizante interrumpiera los 24 años de trabajo que requiere para alcanzar la pensión o no alcanza los niveles mínimos de ingresos, el feliz panorama pintado por el gobierno no está garantizado.

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Y, en el afortunado caso de que un trabajador cumpliera con todos los requisitos, deberá elegir entre una renta vitalicia (para la cual tendría que contratar otro seguro y poner todos sus ahorros en manos de una aseguradora) o el retiro programado de sus ahorros (hasta que su dinero se agote y mala suerte si no se muere antes). Antonio Rosado, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dice estar decepcionado de las autoridades del IMSS porque “tratan de echar por tierra ese máximo logro de nuestra revolución que es la seguridad social”.

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Para demostrar la inutilidad del nuevo esquema de pensiones, Rosado dice que su sindicato realizó cálculos actuariales “para demostrar que con las cuotas individuales de pensiones, gente que tenga tres salarios mínimos de sueldo para abajo sólo podrá reunir un salario mínimo mensual cuando se pensione o se jubile”. El líder se dice más preocupado cuando revela que en México 80% de los trabajadores caen en el grupo al que se refiere.

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También los matemáticos coinciden: “Al diseñar el nuevo modelo de pensiones faltaron estudios con rigor científico. Fueron muy precipitadas las decisiones de los riesgos financieros que implica el cambio. Simplemente, se olvidaron de un principio básico: no es posible crear pensiones sin que haya solidaridad de riesgos”, dice el actuario Alejandro Asas.

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García Sáinz critica la supuesta libertad del trabajador para elegir Afore. Se trata de un engaño porque “la verdadera libertad debería consistir en preguntarle al trabajador si quiere aceptar el nuevo modelo de pensiones”. Para ello, dice el ex director del IMSS, se requiere de proporcionar información a los trabajadores y “no ocultar datos, como ya lo hacen también con el Fobaproa”.

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Por cierto, el director de un importante (y “exclusivo”) hospital capitalino, en un arranque de sinceridad, ha dicho que las reformas al modelo de seguridad social en México serán “el Fobaproa del futuro”.

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Como quiera que sea: “El objetivo no es garantizar el bienestar de los pensionados, sino crear un nuevo ámbito de acumulación de capital para los grupos financieros, con un esquema en el cual se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas”, concluye Laurell.

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TERAPIA INTENSIVA
“El objetivo final de la reforma es que las instituciones públicas de seguridad social financien, pero no presten servicios”, reza la minuta de la reunión que sostuvieron el gobierno mexicano, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en mayo-junio de 1995.

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De ese principio se desprende que, para el BM los servicios médicos son bienes privados y que el Estado únicamente debe hacerse cargo de lo que los privados no desean asumir por falta de rentabilidad.

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Si a ello se agrega la imagen de burocratismo, ineficacia y obsolescencia que se le ha dado al IMSS, se crean las condiciones óptimas para sugerir una intervención al instituto.

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No obstante que el director del IMSS, Genaro Borrego, pregona con tono optimista el buen estado financiero de la institución, ha optado por usar un doble lenguaje para explicar que la subrogación de servicios médicos no será un negocio rentable, cuando los hechos tienden a demostrar lo contrario: es evidente que el camino elegido beneficia a la medicina privada por encima de inyectar recursos al Seguro Social.

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“El presupuesto del IMSS es suficiente para las necesidades que se enfrentan. Y, si no lo fuera, el Estado tiene la obligación de dotarlo de lo que necesita para cumplir su función”, asegura Rosado, el líder que cederá el control de uno de los sindicatos más poderosos del país dentro de unas semanas y en medio de un proceso (con candidato único o “de unidad”) que se ha calificado como una farsa.

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Lo que el equipo de Borrego propone en la nueva Ley del IMSS es un modelo de salud pública que incluya procedimientos de diagnóstico y curativos tasados en costos (a través de la sustitución de la cuota proporcional al salario por una de monto único) y ofrecidos por la iniciativa privada.

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Debido a que la palabra subrogación aún suscita pruritos en algunos sectores de la población, Borrego prefiere decir que su administración sólo pretende reglamentar algo que ya existía en la antigua ley y que era manejado de forma discrecional. Sin embargo, García Sáinz, quien conoció a la institución por dentro, sostiene que, en efecto, la subrogación de servicios existe desde 1943, sólo que era aplicada exclusivamente “bajo los criterios de que se trataba de una solución transitoria para dar mejor servicio en determinado lugar y hasta cuando se alcanzaran las capacidades o los volúmenes requeridos que permitieran la presencia de servicios directos del IMSS”.

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Más allá de este debate, las que ya tocan las puertas de la subrogación de servicios médicos son las cadenas de hospitales y clínicas privadas. Cada una de ellas sueña con llevarse la mayor tajada de un pastel formado por 11 millones de cotizantes. La más atrevida de estas cadenas revela off the record que aspira a llevarse 12% de este mercado en un lapso de dos años a partir de que se reglamente la subrogación de servicios médicos.

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Para crear las condiciones propicias al arribo de la iniciativa privada al campo de la salud, la nueva Ley del Seguro Social ha reducido la cuota obrero-patronal y ha incrementado la aportación gubernamental. El objetivo no es beneficiar al derechohabiente, toda vez que los recursos se destinan al seguro individual del trabajador quien, a su vez, posee el “privilegio” de escoger entre quedarse en el difamado instituto o emigrar hacia alguna empresa privada prestadora del servicio.

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Ello es posible a través del mecanismo de reversión de cuotas mediante el cual el IMSS transfiere los recursos recaudados a una aseguradora (la que subcontrata los servicios de un hospital o clínica privados) o directamente al prestador privado del servicio.

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Una vez más, el punto de controversia es la forma en que actuarían las empresas privadas interesadas en prestar servicios de salud. O en administrar fondos destinados a ello. Al haberse cambiado la cuota proporcional al salario por una de monto único se abre la posibilidad de poner precio a la salud. Las compañías aseguradoras y los prestadores de servicios dejan en claro que no les apetece ofrecer servicios integrales de salud (cobertura que ofrece ahora el IMSS a todos sus afiliados), sino planes y paquetes de salud contabilizados a partir de un techo establecido por la cuota única. Lo que significa: curar una gripe, pero no una cirugía mayor.

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Aun cuando las autoridades del Seguro Social afirman que la reversión de cuotas dará aire a las maltrechas finanzas del instituto, la realidad les desmiente. Lo más seguro es que los altos cotizantes (que tienen la capacidad de pagar seguros adicionales y lograr una cobertura integral) saldrán del IMSS. Con ellos se marcharán 52% de los ingresos del ente público, cuando solamente significan el 31% de los asegurados.

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La lectura que de este posible escenario hace el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el legislador perredista Gonzalo Rojas, es que el IMSS tendrá que atender a 70% de los derechohabientes con la mitad de los recursos: “Con todo, Borrego insiste en que su modelo es redistributivo y solidario...”, señala.

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Además, la experiencia chilena ha demostrado que las aseguradoras siempre tratan de abatir sus costos con la exclusión del aseguramiento a la población con alto riesgo de enfermar: “Eso propicia la selección adversa. Es decir, que el sector privado se quedará con los sanos, jóvenes y ricos y el sector público se quedará con los viejos, pobres y enfermos”, reflexiona Laurell. Y la realidad no parece desmentir a la investigadora. El director de una poderosa cadena de hospitales, al preguntársele sobre las posibilidades de que en México se dé la selección adversa de asegurados, responde fríamente: “¿Quién compra autos chocados?”.

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SALA DE RECUPERACIÓN
Las voces críticas al nuevo modelo de seguridad social, que ya ha sido puesto en marcha, no son óbice para que las autoridades del IMSS estén dispuestas a seguir contra viento y marea. Eso sí, con el apoyo y la discreción de los interesados, las reformas se concretarán, confía Borrego.

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Dicha discreción consiste en guardar silencio ante un panorama poco propicio para el debate. El Seguro Social aguarda el cambio de dirigencia en el SNTSS con la esperanza de que “el nuevo líder sea más maleable y afín a los intereses del instituto”, señala un funcionario del IMSS que prefiere no ser reconocido.

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Otro elemento que podría suavizar el terreno en el que aterrizarán las reformas es no hacer mucho ruido de cara a la iniciativa que un grupo de legisladores de oposición piensa debatir en el próximo periodo de sesiones de la Cámara Baja. Las propuestas son reformar algunos artículos de la nueva Ley para poner candados a la subrogación de servicios médicos, impedir la reversión de cuotas de fondos de salud y revisar el funcionamiento de las Afores.

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La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dice que la dirigencia del IMSS les ha pedido “su apoyo”. El equipo de Borrego solicitó, de forma expresa, el silencio de la asociación. “No es momento propicio para que hagamos declaraciones. Nos lo ha pedido la gente de Borrego y nosotros nos tenemos que disciplinar”, dice un alto directivo de la AMIS.

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Mientras el IMSS espera mejores tiempos para contraatacar en un debate público que los congresistas y académicos equiparan en importancia al del Fobaproa, los opositores al nuevo modelo de seguridad social ganan terreno con paso lento, pero firme. Al menos han logrado ya que la Cámara de Diputados nombre una comisión investigadora que vigile los pasos de Borrego, quien se ha visto obligado a entregar información inédita al Congreso sobre la forma de aplicar las reformas y los términos en que se solicita la ayuda del BM.

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Fuera del ámbito legislativo también se incrementa el descontento. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) presentó en julio pasado un amparo en contra de la nueva Ley por considerar que vulnera los principios constitucionales que dan a la seguridad social un carácter solidario y de utilidad pública. De Buen, integrante de la ANAD no se amilana ante el hecho de que todos los amparos interpuestos hasta ahora han tenido fallos que benefician a la institución: “Ya veremos si este lo ganan”, dice el especialista en temas laborales.

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García Sáinz también está optimista: “Descalifico a los que descalifican al Estado como mal administrador... pero ahora confiamos en que la cancelación de los sistemas autoritarios del poder en México permitan las reformas a la Ley del Seguro y así recuperar el valor de las políticas sociales.”

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Desde la academia ya se proyectan posibles escenarios a unos lustros: “Lo más probable es que dentro de 20 años las autoridades del IMSS digan que el modelo no funcionó. Pero, para entonces ya estará desmontado el instituto y la infraestructura de salud muy deteriorada. Los grupos financieros serán tan fuertes que en ese futuro cercano va a ser muy difícil, casi imposible, dar marcha atrás”, imagina Laurell. Ese posible escenario es el que recién enfrentó el presidente de Estados Unidos cuando presentó su iniciativa de reformas al Medicare. De inmediato, las compañías de seguros comenzaron a cabildear en el Congreso y consiguieron echar abajo la medida presidencial que buscaba diluir las diferencias de acceso a los servicios de salud entre los estadounidenses ricos y los pobres.

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Un par de preguntas que quedan en el aire: de transformarse el modelo de seguridad social en este país, ¿quién va a atender a los pobres? y ¿quién se ocupará de la medicina preventiva?

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“¿Crees que las empresas privadas van a estar interesadas en hacer medicina preventiva?”, cuestiona De Buen. Y el sindicato del Seguro Social se preocupa por un país sin esquema solidario de seguridad social: “Nadie se puede imaginar este país sin el IMSS. No sé como la dirigencia del instituto no entiende que uno puede vivir con un hijo analfabeta, pero no con un hijo enfermo...”

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