Seguridad Social <br>La ardiente y discu

¿Se fortalecerá la seguridad social, a través de un financiamiento sólido y más que equitativo

En los primeros meses del año que terminó, el gobierno entrante calibraba la profundidad de la crisis. El presidente Ernesto Zedillo pensaba que su misión sería la de ponerle fin a las crisis económicas que se han convertido en la pesadilla nacional de cada fin de sexenio.

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¿Cómo lograr un crecimiento sostenido, fincado en las propias fuerzas, que sea inmune a las convulsiones políticas y los vaivenes del exterior? La respuesta presidencial se sintetizó en dos palabras: ahorro interno. Gracias a éste, países ahora tan poderosos como Alemania y Japón salieron de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en potencias de primer orden. Gracias al ahorro interno, la economía chilena está logrando un crecimiento sostenido para salir del subdesarrollo. Y sólo a través del ahorro interno --pensó el presidente- México abandonará la irritante fatalidad de sus crisis periódicas.

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Presidir no es dictar
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Fiel a su estilo de alejarse de las prácticas presidencialistas y unilaterales, el mandatario emprendió la tarea de generar el ahorro interno por el flanco de la seguridad social, pero con la concurrencia de los sectores involucrados en el proceso.

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Entrevistado por EXPANSIÓN, Jesús Díez de Bonilla, coordinador general de Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que en los orígenes de la reforma a la seguridad social se realizó una consulta muy amplia sobre el tema: “Al instruir a la dirección del IMSS para llevar a cabo un diagnóstico sobre las posibles modificaciones a la seguridad social, el presidente puso estas premisas: primero, que no se privatizara; segundo, que no aumentaran las cuotas ni para los obreros ni para los patrones, y tercero, que fuera el producto de la concertación de empresarios y trabajadores”.

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Informa además que este diagnóstico recorrió amplias franjas de la opinión pública, se realizaron muchísimos foros en todo el país, con la participación de sindicatos, organizaciones patronales, académicos, médicos, derechohabientes. “Los hicimos en diferentes unidades, en universidades, y con la información recabada en todos los foros se creó la Comisión Tripartita para el Fortalecimiento del Seguro Social, con la participación de obreros, patrones y autoridades. De esta Comisión surgió un documento que llamamos “los 30 puntos”, donde aparecían los temas que fueron considerados para la reforma de la Seguridad Social, que es un concepto que va más allá del marco estructural del Instituto.”

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En estos 30 puntos estaba el embrión de la reforma. La propuesta de obreros y empresarios subrayaba el hecho de que la estabilidad financiera no puede sustentarse en el incremento de cuotas a los obreros o a las empresas, y que por ello es necesaria una mayor aportación del Estado; que es urgente y de justicia elemental ampliar la cobertura de los servicios del Instituto a toda la población ocupada, y no exclusivamente a los asalariados formales; que se debe elevar la calidad, la oportunidad y el trato humano en los servicios de la institución; que los usuarios deben tomar mayores decisiones, y elegir libremente entre los médicos del IMSS al que mejor convenga para su familia; que se debe definir con precisión la propiedad de los trabajadores sobre las aportaciones que dan al Seguro para evitar que se pierdan y, de acuerdo a los objetivos presidenciales, que se renueve el sistema de pensiones y que los fondos se destinen al incremento del ahorro interno.

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Sin embargo, detrás de las propuestas tripartitas está también la voz de los derechohabientes, esos 34 millones de usuarios que son los beneficiarios actuales de un sistema de seguridad social que lleva más de medio siglo en México. Esa multitud anónima está constituida por los trabajadores que pagan sus cuotas, van a las tiendas del IMSS, dejan a sus hijos en sus guarderías, reciben préstamos y pensiones, y muchas veces se quejan de la mala calidad de los servicios o la falta de medicamentos.

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“Tenemos sistemas para detectar lo que los derechohabientes quieren del Instituto --señala Díez de Bonilla-, y contamos con un programa muy importante, que dice que la calidad es sinónimo de satisfacción del derechohabiente”. Sostiene que han diseñado un programa nacional de buzones, en el que se recaban quejas y reconocimientos. Además, un módulo de atención y orientación, donde se captura lo que el derechohabiente les dice, y un programa nacional de encuestas para saber con exactitud qué es lo que le molesta. “Y entre las muchas cosas interesantes que hemos hallado es que una de las causas de insatisfacción es la falta de información. Los derechohabientes no conocen la Ley del Seguro Social, ni los servicios que pueden recibir, y muchos generan expectativas que nunca cumplimos. Uno de los reclamos más reiterados es el de la consulta externa --que llamamos de primer nivel-, donde en ocasiones el médico ni siquiera voltea a ver los ojos a los pacientes, y ya les está expidiendo la receta. Otros se quejan de que ya se habían acostumbrado a ciertos médicos que repentinamente son cambiados de unidad. Lo que entendimos en nuestras consultas es que tenemos que cambiar la relación entre médico y paciente, volviendo a los tiempos en los que el médico era visto como parte de la familia”.

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También quieren que las medicinas lleguen efectivamente a los derechohabientes, ya que les parece injusto que en ocasiones se queden sin ellas por la escasez; y en esos casos opinan que deben extenderles recetas para que las compren en las farmacias comerciales, y que el Instituto cubra el importe. “Buscamos darle al Instituto más calidad de los servicios y también más calor humano. Por eso en estas reformas lo que verdaderamente contó fue la voz del derechohabiente.”

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Tormenta sobre el Congreso
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El pasado 9 de noviembre, el presidente Zedillo envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la Ley del IMSS, con el fin manifiesto de adecuar esa institución a las exigencias económicas y sociales que vive la nación. La iniciativa se basó en las propuestas de las organizaciones empresariales y los sindicatos, y expuso como finalidades la creación de un nuevo sistema de pensiones, una mayor aportación económica del gobierno federal al organismo, una ampliación de los servicios que incluya a los trabajadores no asalariados, y un mejoramiento de los servicios.

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A juicio de Genaro Borrego, director general del IMSS, la iniciativa se orientaba hacia una transformación integral de la institución que dirige: “Tiene como objetivo fortalecer a la seguridad social mexicana, ampliar la cobertura y los beneficios que ofrece a través de sus prestaciones económicas y sociales, y crear condiciones para mejorar en todos los órdenes la oportunidad y la calidad de los servicios que ofrece, con una mejor viabilidad financiera a través de un financiamiento sólido y más equitativo.”

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Dicha reforma, cuya puesta en escena está prevista a partir de 1997, da lugar a un nuevo sistema de pensiones, en donde cada trabajador tiene una cuenta individual conformada por una aportación tripartita del gobierno, el patrón y el trabajador, más una aportación de 2% del SAR, otra de 5% del Infonavit, y otra del gobierno federal, equivalente a 5.5% del salario mínimo diario. Estos recursos --según la propuesta original- serían manejados por una Administradora de Fondos para el Retiro elegida por el propio trabajador.

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La reforma propuso también la creación de un Seguro de Invalidez y de Vida, para cubrir accidentes o enfermedades no profesionales que le impidan al trabajador desempeñar sus labores. Igualmente planteó una modificación al sistema de financiamiento del Seguro de Enfermedades y Maternidad, para sustentarlo con una aportación patronal para cada trabajador de $84 pesos mensuales; una cantidad igual pagada por el gobierno, y una cuota obrero-patronal proporcional al salario, a partir de los tres salarios mínimos.

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Además, propuso la creación de un Seguro de Salud para la Familia, mediante el cual, pagando una cuota de $135 pesos a partir de enero del presente año, cualquier trabajador con su familia podrá tener acceso a los servicios del Instituto. En este esquema, el gobierno aportará una cuota mensual de $84 pesos por cada trabajador que no sea sujeto del régimen obligatorio de pertenencia al Seguro Social.

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Apenas el Congreso recibió la iniciativa del Ejecutivo, se desató una marea de pronunciamientos adversos, mítines, marchas, artículos periodísticos y debates para impugnar algunos de los planteamientos de la reforma. La oposición se centraba fundamentalmente en el tema de la creación de las Administradoras de los Fondos para el Retiro, que podrían ser organismos públicos o privados, entre los cuales el trabajador podría seleccionar libremente a la Administradora de su conveniencia, y cambiar de una Administradora a otra en el momento que lo juzgue oportuno. Los opositores a la reforma estimaron que con este mecanismo se estaban privatizando tanto el sistema de pensiones como los recursos del Seguro Social, y lanzaron una sonora campaña para detener el proyecto.

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Uno de los organismos opositores más activos fue el propio Sindicato de Trabajadores del IMSS, que en su momento encabezó las manifestaciones más adversas a la aprobación de la iniciativa presidencial.

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Entrevistado por EXPANSIÓN, Antonio Rosado, secretario general del Sindicato, señala sus motivos: “No estamos en contra de todas las disposiciones contempladas en la reforma; por ejemplo, siempre aplaudimos el hecho de que la iniciativa haya buscado ampliar la cobertura de los servicios del IMSS a los no asalariados y a los trabajadores de la economía informal”. A lo que sí se oponen, indica, es a la privatización del sistema de pensiones, porque saben por experiencia que los recursos puestos en manos privadas pueden tener un uso inadecuado o fraudulento. “Además, la iniciativa contemplaba también una reversión de las cuotas a las empresas, para que éstas pudiesen solicitar servicios médicos privados, por fuera de los servicios que proporciona el Seguro. Pensamos que así se sientan las bases de un sistema injusto, olvidándonos del principio de solidaridad que ha sustentado el IMSS, porque con la reversión de las cuotas se establecen ciertos privilegios para algunos trabajadores.”

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Por su parte, Ricardo García Sainz, ex director del Instituto, se manifiesta abiertamente contra las ideas fundamentales de la reforma, señalando sus propósitos privatizadores en el manejo de los fondos de pensión: “Es evidente que si se entregaran estos dineros a los fondos de inversión, el gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto seguiríamos asumiendo la responsabilidad de los desaciertos, dolosos o no, de los administradores de los fondos, quienes han acreditado ya que no son infalibles y sí frecuentemente corruptos e incompetentes”.

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Para Eduardo Alonso Escárcega, recientemente fallecido, fundador del Seguro Social y ex dirigente del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, el sistema de pensiones siempre fue deficiente, pues la inmensa mayoría de los pensionados reciben en promedio una pensión equivalente al salario mínimo mensual. Sin embargo, con las reformas al sistema, decía, se profundizarían las injusticias, creándose pensionados de varias categorías y con varias percepciones.

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Pero esta opinión no es compartida por todos. “Lo que se busca es precisamente acabar con las injusticias del actual sistema --señala Díez de Bonilla-, porque en la actualidad hay derechohabientes que aportan su cuota al Seguro Social un número determinado de años, pero al no seguir cotizando hasta los 65 años sus aportaciones se pierden. Ese es el caso de los trabajadores de la construcción, que se retiran a otras actividades antes de la edad mencionada, y el caso de las mujeres, que dejan de ser asalariadas después de haberlo sido durante ocho o 10 años. Con el nuevo esquema, todas las aportaciones serán reembolsadas.”

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De panzazo
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El 7 de diciembre, al cabo de una acalorada y extenuante sesión en el Congreso de la Unión, la mayoría del PRI aprobó con 289 votos a favor la nueva Ley, mientras que los diputados del PAN --que inicialmente habían avalado la iniciativa-, del PRD y diputados ciudadanos emitieron 160 votos en contra. La sesión estuvo marcada por largas e intensas negociaciones, una notoria división y reajustes entre las bancadas tanto del PRI como del PAN, una protesta envuelta en muñecos de Judas y máscaras del ex presidente Salinas, y una ronda maratónica de oradores, para que al final la iniciativa fuera aprobada después de 60 modificaciones a la propuesta presidencial.

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Para Rosado, estas modificaciones son un triunfo del movimiento obrero y las organizaciones que lo apoyaron. “Este fue un hecho sin precedentes --dice con entusiasmo-, porque en México es casi imposible oponerse a la voluntad del Presidente. Pero en esta ocasión el Congreso actuó escuchando los reclamos de la sociedad, y gracias a esa presión los fondos de las pensiones serán depositados en el IMSS, y las Administradoras que manejen esos fondos estarán reglamentadas por una ley que expedirá el Congreso en su próximo periodo de sesiones. Esa modificación, y el hecho de haber detenido la facultad de revertir las cuotas a las empresas, constituyen un triunfo para la preservación de los derechos de todos los mexicanos.”

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Al cerrarse el capítulo de la aprobación de las reformas al Seguro Social, se pusieron de manifiesto fenómenos como la erosión del presidencialismo y la creciente importancia del Legislativo; la discordia latente entre funcionarios estatistas y privatizadores; la división en el interior de los partidos PRI y PAN, y el reacomodo final de satisfechos e inconformes.

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Con todo, la reforma queda como un paso decisivo para la esperada creación del ahorro interno, y en los anales de las movilizaciones sociales será registrado el surgimiento de un movimiento que se opuso radicalmente a una transformación esencial y que, al término de la contienda, supo negociar y sacar ventajas parciales. Eso indica que algo se ha aprendido.

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