Siniestro total

El caso Fertinal ING rivaliza en estragos con el huracán Juliette, que lo desencadenó.
Jorge A. Monjarás

Una lucha sin cuartel se desarrolla en los juzgados mexicanos. Primeras bajas del enfrentamiento: 4,000 empleos perdidos, el cierre de la empresa de fertilizantes más importante de América Latina, la caída de exportaciones a 40 países y seis millones de campesinos que deben comprar abono importado a precios fuera de control, en un país con graves desventajas agropecuarias.

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En cuanto a los rivales, ING Comercial América tiene a 21 ejecutivos de alto nivel, necesarios para atender debidamente a siete millones de asegurados en México, refugiados en algún lugar del planeta. Las demandas penales, que incluyen asociación delictuosa, desmoralizan a la empresa holandesa ING Groep, que tiene apostados $3,000 millones de dólares en el país y que ya ha cuestionado la seguridad de la inversión extranjera en algunos foros internacionales.

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Por otra parte Fertinal, a la espera de un rescate que no llega, tiene en riesgo su propia existencia. Es difícil que pueda vender de nuevo un solo saco de agroquímico sin volver a echar a andar Roca Fosfórica Mexicana (Rofomex). Sus minas siguen bajo el agua, allá en Baja California Sur, y el equipo instalado se pudre día a día.

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¿Son todas las consecuencias? No. Perder esta disputa sería el fin para Fabio Covarrubias, el presidente de Fertinal, quien también achaca al conflicto la quiebra de Covarra, su negocio de confección. Agréguense por lo menos cuatro instituciones financieras, a las que Fertinal adeuda $140 millones de dólares, y al IPAB, dueño de 45% de la empresa. Por último, pierde también la cultura de la prevención: minar la confianza en las aseguradoras es un golpe al ahorro interno y a la seguridad social.

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Tras dos años de pulsos aparece un enigmático testigo que aportó documentos internos de ING al caso penal abierto en el juzgado de Xochitepec, Morelos. La aseguradora demanda penalmente al juez –ya apartado del caso– que congeló por un día sus cuentas y los acreedores de Fertinal podrían alinearse en contra de ING. La conciliación parece imposible.

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El orden legal se encuentra a prueba y hasta ahora todo apunta a que también quedará raspado, pues en esta guerra todos están condenados a perder.

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Fuentes jurídicas consultadas lamentan el camino tomado por Covarrubias y las debilidades del sistema judicial.

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Hablan los protagonistas
Quien ha retomado la voz de ING Comercial América es Jean Louis López Alberdi, director general de la Afore ING, un área lejana al conflicto que ahora debe pelear. “Lo penoso es que México necesita una cultura de previsión y de ahorro, y temas como éste hacen que la gente desconfíe de las aseguradoras –señala el directivo desde sus oficinas del Distrito Federal–. Es grave porque un ciudadano asegurado podrá hacer frente a muchas eventualidades en la vida.”

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Un sentimiento de sorpresa priva en la segunda aseguradora más grande de México, en donde por primera vez prospera penalmente una disputa por una póliza, al grado de que un juez intentó congelar $300 millones de dólares de sus cuentas, equivalente al monto total de la prima suscrita.

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En la empresa no se tenía contemplado que una pelea de naturaleza mercantil terminara en acusaciones de fraude. Ahora emprende una ofensiva penal contra sus acusadores. Quiere atenerse a la regla, apegándose a los $13 millones de dólares de indemnización que Almaraz Ajustadores fijó como el monto definitivo de los daños causados por Juliette el 27 de septiembre de 2001.

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“Pueden ocurrir controversias, desacuerdos entre el asegurado y la aseguradora, pero para eso están primero los valuadores, los servicios técnicos, y después las instancias civiles, que no tienen nada que ver con presentar demandas penales por supuestos actos delictivos”, describe López Alberdi.

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No muy lejos de ING, en la carretera Picacho-Ajusco, Fabio Covarrubias, presidente de lo que queda de Fertinal, es de otra opinión. “No –sostiene sin dudar–. Es una controversia mercantil y es un asunto penal. Que lo investigue la autoridad competente y que salga a la luz.”

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La oficina de Covarrubias es estrecha. En tres o cuatro apartados despachan ejecutivos, mientras que los asistentes se amontonan en las áreas comunes. Apenas hay espacio para moverse. Lejos está aquel edificio de Morena, donde pisos y pisos de funcionarios administraban Fertimex, la paraestatal privatizada en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Covarrubias, de 45 años, perdió a Covarra, firma de confección, cuando el conflicto con ING le cerró los créditos con que aspiraba a levantarla de sus deudas de $120 millones de dólares. Dresdner Bank, uno de los acreedores, la puso en concurso mercantil.

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El directivo esgrime documento tras documento, en donde encuentra las pruebas de lo que llama, por lo menos, “fraude” y “asociación delictuosa”. Afirma que la aseguradora, los ajustadores y ahora incluso los propios corredores que le gestionaban el seguro, Grupo Asesores, estuvieron en contubernio “para ahorrarse varios millones de dólares y no pagar la prima”.

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Muestra los expedientes completos, las pruebas, los papeles y testimonios que presentó en el juzgado de Morelos. “No se vale que un particular mexicano no pueda defenderse de una institución financiera extranjera.” Y como remate: “Todo mundo tiene un conocido que no ha cobrado algún seguro.”

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Sin embargo, hay opiniones en contra. “La mejor publicidad de una aseguradora –argumenta López– son las primas que paga. Entre Kena e Isidore hablamos de 2,000 siniestros, arriba de $1,000 millones de pesos. El satélite [Solidaridad II, de Satmex] costó casi $2,700 millones de pesos. Por Juliette pagamos muchísimas primas; 99% de ellas se liquidaron hace tiempo.”

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Siniestro 1
EL AJUSTE
Lo normal es que la valuación de los daños causados por un siniestro tome tres meses. Almaraz Ajustadores se demoró más de un año en entregar las cuentas finales, hasta octubre de 2002.

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ING argumenta que el valuador, “designado por Fertinal”, estaba reclamando documentos. “Si no se los entregan, se queda en stand by”, afirma López.

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El ajustador vivió durante cuatro meses en la mina, en donde pidió que desfilaran los fabricantes de cada equipo destruido. “Los señores boicotearon el ajuste –reclama Covarrubias–, lo estuvieron retardando para nunca terminarlo, y de repente, misteriosamente lo terminaron de un día para otro.”

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En su primer avalúo, días después del huracán, Almaraz calculaba el siniestro en $22 millones de dólares. En el documento respectivo detallaba las inundaciones en las tres minas, los destrozos en infraestructura, así como la destrucción del muelle por un barco azotado contra el puerto. También urgía a rehabilitar la planta, pues la póliza incluye daños consecuenciales. En octubre de 2001, estimaba que Rofomex estaría inhabilitado por cinco meses.

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“Al principio, nada más de lo que viste, eran $22 millones, y un año después, cuando ya viste todo, son $13 –se queja Covarrubias–. Llaman mucho la atención el dolo y la mala fe.”

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El camino para resolver las discrepancias, dicen en ING, era nombrar peritos y arbitrajes que esclarecieran los hechos. Pero para el momento de entrega del ajuste, Fertinal ya había roto lanzas.

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Siniestro 2
EL ANTICIPO Y LOS ENDOSOS
Un mes después del huracán, Covarrubias solicitó a ING un anticipo de $10 millones de dólares para iniciar la reconstrucción. No sólo por la urgencia: la póliza fijaba esta cifra para remoción de escombros. Nunca llegó.

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Por esos días comenzaron a recibirse en la aseguradora notificaciones de Bank of America, Nissho Iwai y Bancomext, reclamando el pago de la póliza, por ser beneficiarios preferentes. La de Fianzas Monterrey les llegó por reclamación judicial.

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“En nuestros registros sólo teníamos el endoso de Bank of America –señala López Alberdi–. El de Nissho Iwai nunca nos lo pidieron. Apareció un fax donde ellos solicitaban que no pagáramos nada a Fertinal porque son beneficiarios preferentes. Nosotros le informamos a ésta.”

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Al existir tantas partes reclamando, ING optó por no pagar el anticipo. “Fianzas Monterrey nos previno contra un doble pago. Si cubríamos a Fertinal podríamos terminar erogando dos veces.” Por esta razón, un año después, la aseguradora terminaría depositando $13 millones de dólares del ajuste ante un juez, para que él decidiera a quién pagar.

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El asunto es radicalmente distinto explicado por Covarrubias. “Llevábamos por lo menos cuatro años con esos endosatarios preferentes, ellos lo sabían. Cada año nos preguntaban si los seguían incluyendo. De los $275 millones de dólares de la póliza, a manera de ejemplo, si Bancomext me prestó $15 millones de dólares para comprar maquinaria, yo le endoso esa parte. Si de esos $15 millones, supongamos, se ven afectados $4 millones de dólares, ellos los cobran y me los devuelven, para que yo compre la maquinaria y reponga la fuente de pago.”

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Esta diferencia es lo que llevó a los opositores a la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Ésta recomendó a ING reservar $30 millones de dólares y resolver la disputa por la vía mercantil. Para entonces ya era abril de 2002. El 28 de julio, Fertinal hizo la primera denuncia penal en La Paz, Baja California Sur.

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Siniestro 3
¿DÓNDE QUEDÓ LA PÓLIZA?

Las primeras órdenes de aprehensión tomaron por sorpresa a ING, que tuvo que buscar la defensa de 12 ejecutivos apresuradamente.

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No sabían que cada movimiento engrosaba el expediente de Fertinal, que intentó sin éxito abrir otra denuncia en Michoacán, para al fin lograrlo en Morelos. La póliza estaba suscrita por Grupo Fertinal y sus 12 subsidiarias. “Como afectados, podemos utilizar la razón social que creamos pertinente de acuerdo al problema”, afirma Covarrubias.

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Levantar un juicio penal en cada estado es algo que se antoja difícil de justificar. A no ser que sean demandas diferentes. Cuando el juicio llegó a Morelos, la productora de fertilizantes acusó a la aseguradora de falsificar la póliza.

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El contrato debía renovarse en diciembre de 2000, pero en septiembre de 2001 Fertinal no lo había recibido. “En febrero nos habían entregado unos papeles incompletos –asegura Covarrubias–. La primera póliza nos la entregaron en la Condusef, casi siete meses después, y la segunda en la Secretaría de Gobernación. Resulta que las tres son diferentes.”

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ING se indigna: “Tan la habían recibido, que sirvió para el pago de varios siniestros anteriormente –aclara López–. La conocían, existió, la recibieron, la trabajaron, la endosaron, reclamaron su cobertura.” Y, agrega, las tres copias que recibió Fertinal son del mismo documento: “Una póliza está viva. Cuando tienes un contrato vigente, siempre negocias el cambio de una parte.”

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En ello coincide su contraparte, pero de ahí retoma una de las facetas más desagradables del conflicto: nunca recibió los cambios que negoció con los corredores en diciembre de 2000.

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Muestra una serie de correos electrónicos entre su agente, Grupo Asesores, e ING, así como e-mails internos de la aseguradora (en poder de Expansión), con los que pretende demostrar que los cambios a la póliza habían demorado nueve meses, hasta tres días antes del huracán.

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Los intercambios de textos para las transformaciones del contrato continuaron circulando entre ambas empresas después del siniestro. En ellos se habla de una negociación con los reaseguradores a fin de cambiar la póliza (Covarrubias piensa que con ello se demuestra que ésta no estaba cubierta con un reaseguro, el seguro de las aseguradoras). Igualmente sugiere que ING conocía los endosos firmados con sus acreedores financieros, pues en un comunicado pregunta si “continuará teniendo todos esos beneficiarios preferentes”.

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Según el directivo de Fertinal eso lo explica todo: “Los señores ganan tiempo, se ponen a tratar de corregir las pólizas, a cambiar las condiciones y a negociar con los reaseguradores. Eso es gravísimo: empezaron a falsificar y modificar documentos después del huracán.” Su hipótesis radica en que el reaseguro no estaba completo, en donde encuentra el móvil para no pagar.

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Nada que ver, dice ING. Como exige la ley, las reservas para la cobertura de siniestros debían estar constituidas, y así era. “El estar reasegurados o no, no nos exime de la responsabilidad de pagar los daños”, apunta López, para quien su rival está “sacando las cosas de contexto”.

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Ciertamente, uno de esos correos menciona que los cambios no son “el texto que opera para la póliza vigente de nuestro asegurado”, con el cual se trabaja el siniestro de Juliette.

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A decir de Covarrubias, esto tiene la explicación de que “con un papel negociaban con el cliente y con otro con la reaseguradora”, una interpretación que ING rechaza por completo. El juez tendrá la última palabra.

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No obstante, cabe preguntar: ¿cómo llegaron estos documentos internos a manos de Fertinal?

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Siniestro 4
¿HASTA LA ETERNIDAD?

Fabio Covarrubias anuncia la aparición de un testigo procedente de ING Comercial América que podría dar un vuelco al conflicto: “Dice que no quiere ser parte de esto; entregó las pruebas a la autoridad competente y acepta atestiguar.” Hasta ahora se desconoce su identidad.

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La disputa se alarga sin remedio. Fertinal demandó otra vez, ahora por hasta $900 millones de dólares en daños y perjuicios. Su director asegura que los acreedores están de su parte, al citar declaraciones de los cuatro oponiéndose al monto final con el que fue pagado el siniestro.

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López destaca que cada uno de ellos, evidentemente, tiene intereses económicos con respecto de los créditos. “Se les emplaza la demanda y el común denominador, que es normal, es oponerse a las pruebas que ofrecemos. Ellos van a ejercitar su derecho, todo el que puedan, para obtener lo más posible.”

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Hoy, las posiciones están más encontradas que nunca.

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Covarrubias se siente víctima de la internacionalización de las instituciones financieras. “Te dicen: ‘Ay no, pues ¿cuál fraude? Este ya estaba quebrado y lo que pasa es que se quiere ganar una lana.’ Mi empresa estaba trabajando, y es otra de las cosas en donde también miente la aseguradora: no estábamos quebrados, nuestros créditos estaban al corriente.”

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En cuanto a ING, López concluye enérgico: “Aquí no se trata de negociar, ello es decir que no tenemos razón. Seguiremos lo que está apegado, determinado dentro de las cláusulas de la póliza. Siempre lo hemos dicho: haremos lo que nos diga un juez, conforme a la ley. El caso está abierto; que valúen, dictaminen, chequen. Para lo que no estamos abiertos es para dejarnos presionar. No vamos a ceder.”

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Covarrubias se siente “más ocupado que preocupado”. ¿Qué le queda? “Nada, salir adelante con todo esto.”

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El caso está en los principales periódicos del mundo. De este tamaño es el paquete para el sistema legal.

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