Sofismas oficiales

¿Qué se puede esperar de una administración incapaz de explicar, sencillamente, su política de t
Antonio Puertas

En noviembre pasado, en plena visita de Jacques Chirac, presidente de - Francia, a muchos extrañó que Carlos Slim no hubiese asistido a la cena que - el gobierno mexicano ofreció en Los Pinos en honor al mandatario europeo. - Insólita ausencia pues, después de todo, además de formar parte de la lista - de invitados de honor, Slim aparecía como uno de los lógicos convidados, toda - vez que junto con Southwestern Bell, France Telecom es la otra telefónica - extranjera con una importante participación accionaria en Telmex.

- Pero la falta del empresario –quien en 1995, durante un viaje relámpago - de Guillermo Ortiz a Nueva York, ayudó a rescatar la alicaída imagen de las - autoridades financieras ante un escéptico grupo de inversionistas extranjeros– - no fue gratuita: Slim manifestó así su rechazo a la decisión unilateral, - tomada por el gobierno federal, de establecer un impuesto especial de 15% al - servicio telefónico (propuesta que fue rechazada por el Congreso).

- La anécdota confirmaría que, al parecer, ningún sector, ni siquiera el de - las tecnologías de información (TI), escapa a las varias maldiciones que - persiguen al actual gobierno, como su manifiesta incapacidad para negociar y - sus modos arcaicos de operar (o no operar) en lo político. Pero, sobre todo, - la escena del malogrado impuesto telefónico deja en claro la dificultad de las - autoridades para proyectar, de la mano con los líderes de sectores - prioritarios –como lo son las telecomunicaciones–, el desarrollo de esas - mismas industrias, que se encuentran (o deberían encontrarse) más allá de - los intereses inmediatos que hoy, tristemente, rigen a la política.

- Más rechazo
-
No sólo los empresarios y los diputados de la oposición se opusieron, con - razones o sin ellas, a la iniciativa del gobierno. En un amplio estudio, el - Grupo de Economistas Asociados (GEA) ofreció algunos argumentos que - desmentían las justificaciones oficiales, en el sentido de que el polémico - impuesto elevaría la recaudación fiscal de un gobierno que, para variar, fue - sorprendido por una grave y repentina caída de los precios del crudo.

- Según GEA, por cada punto porcentual de incremento en las tarifas, las - demandas en los servicios de larga distancia nacional, larga distancia - internacional y telefonía básica se verían reducidas en 0.52%, 0.6% y 0.27%, - respectivamente. Lo cual quiere decir que, con el impuesto, el gobierno habría - dejado de recaudar dinero.

- Entre las conclusiones de la casa de análisis, además de la caída en la - demanda y del costo social que el impuesto implicaba, cabría destacar la - reducción en la rentabilidad de los proyectos de inversión, lo que habría - provocado que la imposición funcionara como un freno local a un sector que en - el resto del mundo se desarrolla a una velocidad vertiginosa.

- Finalmente, el debatido impuesto habría tenido un importante efecto - inflacionario. “El incremento de 15% en las tarifas de servicios telefónicos - tendrá un impacto de 2.9 puntos porcentuales adicionales al Índice Nacional - de Precios al Consumidor durante los próximos dos años”, advertía GEA.

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- En fin, que todo indica que elevar el costo de la telefonía habría sido la - salida fácil y a la mano. Se solucionaba el problema inmediato –el boquete - abierto en medio del presupuesto federal–, pero se sacrificaba el desarrollo - de un sector que, según los gurús, los visionarios, los más célebres - centros de estudio y no pocos economistas, será junto con la informática la - llave del desarrollo de las economías emergentes durante el próximo siglo.

- Pero, ¿qué se puede esperar de una administración incapaz de explicar - sucintamente su política de telecomunicaciones –documento de más de 400 - cuartillas de maltratado castellano– y que ni siquiera ha elaborado una - postura estratégica nacional a propósito de los usos y alcances de Internet? - Un triste consuelo es que el gobierno mexicano no es el único en esta - situación, le acompañan casi el resto de los gobiernos de Latinoamérica.

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