Tras la transparencia perdida

La corrupción se está comiendo 9% del PIB. Para la Secretaría de la Función Pública es hora de
Carlos Martínez

Hay ciertos indicadores que vuelven accesoria cualquier necesidad de argumentación adicional. Con ellos, la contundencia del número o del porcentaje se convierte en el mejor testigo de realidades dramáticas sobre las que mucho podría decirse. ¿Por ejemplo? El indicador contenido en el Informe Global de la Corrupción 2004, realizado por Transparencia Internacional (TI), donde se advierte que México es el segundo país de la región con mayor cantidad de víctimas de corrupción en el sistema escolar. Sólo Ecuador está peor. “Dado que las escuelas son mecanismos de transmisión muy significativo de valores culturales, la juventud en estos países crece dentro de sistemas en los que la corrupción es endémica”, dice el documento de TI, elaborado por el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Vanderbilt (EU), Mitchell Seligson. En ese contexto, no es de extrañar que el mismo indicador revele a México como el país con mayor porcentaje de víctimas de la corrupción en los servicios que ofrece el gobierno. Supera en cinco puntos porcentuales al segundo, que vuelve a ser Ecuador y supera en quince puntos a un país como Colombia, donde a pesar del ambiente violento que vive, su gobierno se muestra como el menos corrupto de las nueve naciones analizadas por TI en Centro y Norteamérica.

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Detrás de estos números hay un proceso perverso que está consumiendo a la economía. Según el Banco Mundial, la corrupción en México estaría generando costos equivalentes a 9% de su PIB. Mientras se destina a educación sólo 6.8% del producto. “Este país no puede seguir viviendo en la impunidad”. Quien lo afirma es Eduardo Romero Ramos, titular de la Secretaría de la Función Pública dependiente del gobierno federal.

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Para el servicio profesional de la burocracia federal, este problema empezó a tocar límites que urgen reformas de fondo. Reformas que trasciendan los gobiernos de turno y se incorporen como capital adquirido por el Estado. ¿Qué está haciendo en ese sentido la Secretaría de la Función Pública? “Tenemos a nuestro cargo un programa institucional de transparencia y combate a la corrupción. Lo llamamos así: combate a la corrupción, para llamarle al problema por su nombre”, dice Romero Ramos. Sobre ello dialogó Expansión con Eduardo Romero Ramos.

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¿Cuál es el sentido estratégico de ese programa?
Es preventivo. Le va cerrando espacios a la corrupción. En el largo plazo, es mejor prevenir las enfermedades que estarlas curando. Claro que cuando se encuentra con el tumor hay que extirparlo. Cuando se rompe el derecho hay que repararlo. Cuando se da un acto de conductas indebidas hay que abrir un expediente, y si legalmente corresponde, hay que imponer una sanción o interponer una denuncia. Estamos trabajamos con nuestras tareas y atribuciones tradicionales, pero las de desarrollo administrativo se ampliaron de manera muy importante para cumplir con nuestro objetivo.

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Sin embargo, la percepción del ciudadano es que la corrupción en los servicios del gobierno sigue siendo alta. Lo muestran las estadísticas.
Precisamente, estamos trabajamos en la calidad de los procesos mediante los cuales se brindan servicios al público, los que tienen alto impacto ciudadano o para las empresas. Aquí trabajamos de la mano con (la Secretaría de) Economía. Ellos tienen las atribuciones para la mejora regulatoria externa y nosotros los apoyamos con la interna. Nuestra red de controladores nos permite penetrar más en todos los procesos dentro de la administración pública federal. También tenemos que dar respuesta a la  exigencia ciudadana de que los servicios del Estado cuesten menos, y que el dinero se oriente y se destine a aquellos que proveen valor agregado a la sociedad, no a la burocracia. Por eso, hoy tenemos unos 55,000 empleados de cuello blanco menos en la administración pública federal. Estos ahorros se están destinando a más médicos, más maestros y al Seguro Popular. A servicios y bienes que directamente los recibe la sociedad. Esto es fundamental. En 2000, ¢55 centavos de cada peso de nómina estaban orientados a servidores públicos de contacto con servicios ciudadanos. Actualmente son ¢70 centavos de cada peso.

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¿La corrupción se ataca penalizando los actos ilícitos o generando los mecanismo para evitar que ocurran?
Hay que investigar y sancionar a los que están haciendo mal las cosas. La sanción hay que procurarla cuando se ha incurrido en una práctica indebida o se está incurriendo en ella, más si se trata de casos de corrupción graves. Hay que llevarlos hasta sus últimas consecuencias y defenderlo vigorosamente, de eso no tengo duda. Pero, también, el fomento a la integridad es fundamental, es cara de la misma moneda. Si se fomenta la integridad, si hay más transparencia, si hay más rendición de cuentas, si hay mejores sistemas, más gobierno digital, vamos a ir eliminando o bajando los riesgos de la corrupción. Es un tema central. Si usted reduce los riesgos y las posibilidades de que haya corrupción en un gobierno, habrá menos. Si usted amplía las posibilidades de corrupción, va a haber más. Hace 30 ó 40 años, quizá, era más fácil y sencillo para el funcionario público, cuando no había controles, tomar recursos públicos y llevárselos al bolsillo de manera directa. Hoy, el control y el escrutinio de la aplicación de fondos públicos están muy desarrollados en México. No es fácil encontrar casos concretos de extracción de fondos y de que se vayan a los bolsillos de los servidores públicos. Ya es rara la ocasión que encontramos así.

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¿Por qué, entonces, eso no se refleja en la percepción que sobre el tema tiene la sociedad?
Hemos hecho un esfuerzo muy grande para vincularnos con la sociedad para crear conciencia de que ella es también parte del problema. Esto no es un conflicto exclusivo del gobierno. Sin embargo, como ustedes dicen, permanece la percepción de que sigue habiendo corrupción. Los métodos son más sofisticados y, con mucha frecuencia, amplios sectores de la sociedad participan en el fenómeno colectivo. Una institución de educación superior en México, muy prestigiada, levantó unas encuestas muy importantes que luego no quiso publicar completas. Ellas reflejaban que más de 50% de los empresarios encuestados aceptaron que era una práctica común en sus negocios el hacer pagos de facilitación a servidores públicos, de los tres niveles de gobierno. Entonces, necesitamos vincularnos con la sociedad y que la sociedad vaya comprometiéndose en la lucha. Tenemos ejemplos muy importantes. El Consejo Mexicano de la Comunicación nos apoya mucho, tienen campañas institucionales que tienen que durar muchos años para que vayan penetrando y creando conciencia.

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¿Cómo ven la situación en otros niveles de gobierno?
Bueno, justamente, hay una tendencia a exigirle al gobierno federal resultados sobre el tema; sin embargo, nadie está volteando a ver qué está pasando en sus municipios y en sus Estados. En este sentido, el gobierno del presidente Fox ha sido valiente y ha avanzado en el tema de la transparencia por delante de los demás, con su ejemplo. Asumió esa responsabilidad y también los costos iniciales de que la sociedad conozca cosas que no conocía. Algunos Estados están trabajando en temas de transparencia en sus leyes.

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¿Cuáles son estos focos amarillos?
Hay muchísimos. Hay 5,000 en el gobierno federal. Por ejemplo, la entrega de dinero en subsidios, los temas campesinos, agrarios. En ese sector se ha avanzado muchísimo. En la actualidad, usted sabe cuánto dinero se da, a quién, por qué y en dónde está. El proceso de regularización de estos padrones ha sido muy importante porque, desafortunadamente, aparecía gente que ya había muerto u otros que ya tenían 10 años viviendo en Estados Unidos y cosas por el estilo. La transparencia trae consigo este tipo de depuraciones. Lo mismo sucede con los fideicomisos, que tanto se han debatido. Usted puede entrar a la página de cualquier secretaría y ahí se dice, si tiene un fideicomiso, con qué objeto, cuánto ha aplicado y lo demás.

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Obra pública en la mira
Según Transparencia Internacional, la corrupción en la industria de la construcción es el gran foco rojo a nivel mundial, este año. ¿Cuál es la situación en México?
El índice que más mide las contrataciones gubernamentales y la fortaleza institucional de los gobiernos en esta materia es el del Foro Económico de Davos. En el Reporte 2002-2003 nos ubicaron en el lugar 11, dentro de Latinoamérica. En 2003-2004 estuvimos en la quinta posición. Esto demuestra que hemos avanzado. Lo hemos hecho gracias a nuestro sistema llamado ‘CompraNET’, que permite llevar licitaciones electrónicas en línea, de manera virtual. Es una herramienta aprobada por el Banco Mundial. Pero, también, logramos que el Congreso de la Unión apruebe una iniciativa muy importante de reforma a la Ley de Adquisiciones y a la de Obras Públicas, que incluye varios aspectos que aportan a la transparencia.

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¿Cómo funcionó el rol del testigo social que incorporaron a los procesos de licitaciones?
Funciona bien. Estos testigos sociales son personas de gran prestigio y probada honorabilidad. Son recomendados por su conocimiento de la materia que va a ser objeto de la compra, de la infraestructura o de la obra en cuestión. La mayor parte de nuestros testigos sociales fueron propuestos por Transparencia Mexicana, en acuerdos con otras dependencias, como la CFE, por ejemplo. También ha habido asociaciones civiles y ONG's que nos los han proporcionado. Ahora, tendremos que aceptar que los testigos sociales no pueden, ni tienen por qué, ser gratuitos. Es un trabajo que exige meses enteros de evaluación. Al margen de esta figura del testigo social, la reforma a la ley de Obra Pública incorporó una nueva, que es la del Observador.

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¿Qué función tendrá?
Cualquier persona podrá registrarse como Observador en cualquier proceso de compra o contratación del gobierno, aunque no tenga interés jurídico. Sólo se registra, va y se sienta ahí. 

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Integrarán a las cámaras empresariales a que participen en las licitaciones. ¿No se incrementarán los tiempos muertos?
A veces lo que para alguien es un tiempo muerto, para otros es una inversión muy valiosa de reflexión y de estudio y de preparación de un proceso. Luego, con frecuencia, en la sociedad mexicana hay una tendencia a no querer esperar, a hacer las cosas por el camino más corto posible. Pero, a veces, los atajos generan más problemas, vienen las inconformidades y los procedimientos se detienen por razones legales. Lo que pudo haber tardado cuatro meses, por quererlo hacer en dos termina tardando nueve.

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¿Cuándo vamos a tener un observador que vaya más allá del proceso de licitación, que vaya a la ejecución?
Sí tienen ese derecho. Acabamos de tomar ya la decisión de desarrollarle al sistema CompraNET esta parte: el registro de la ejecución de las obras. De manera que, de modo transparente y en un mismo sistema, usted podrá controlar qué pasó después que se dio determinado contrato.

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¿En qué etapa está esto?
Este año lo tenemos que tener listo. Sería para la totalidad de las obras federales. Tenemos que trabajar y seguir rindiendo cuentas. Este proceso de rendición de cuentas que hoy tiene la administración pública federal en su conjunto tiene muchos avances, pero también muchas áreas de oportunidad, entonces hay que seguir trabajando. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con lo que llamamos el proyecto CompraNET Plus. Tenemos un gran reto de obsolescencia en CompraNET, entonces estamos trabajando de manera importante en mantenerlo. Por ejemplo, usted se va a poder enterar si (la obra) está atrasada o a tiempo; cuántas estimaciones ha presentado y cuánto le han pagado;  y si el precio original era de $100 millones, por qué le ampliaron $10 millones en determinada fecha. Queremos dejarle a CompraNET esta parte ya desarrollada para finales de este año. No soy partidario de sólo hacer los anuncios. A mí me gusta ser un hombre de resultados.

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Actualmente en CompraNET existe una lista de proveedores y contratistas, sin embargo, no siempre vienen las licitaciones específicas de cada contratista.
Nunca había escuchado esto, pero es una excelente idea. Yo creo que hay que desarrollar eso. Hay muchísimos proveedores que no han participado por mucho tiempo. Hay que estar en la mejora continua y se aceptan sugerencias.

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La modificación a la ley de Obra Pública garantiza a las pymes que 10% del presupuesto del rubro será para ellas ¿No es ésta una medida demagógica?
El año pasado se compraron de pymes unos $7,000 millones de pesos y este año debe avanzar como al doble y estabilizarse por ahí. Es una decisión algo polémica e ideológicamente debatible Yo creo que está bien decidido por los legisladores, esa es mi impresión personal. Con frecuencia se favorece a las grandes empresas solamente. Las pymes y micro también deben tener posibilidades de competir para tener una porción de las compras de gobierno.

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¿Cómo están las presiones con estas nuevas reformas?
La introducción de políticas públicas que generan cambios profundos tiene una resistencia natural. Los reformadores siempre van a encontrar a los conservadores que estiman que la vieja manera de hacer las cosas era mejor. Esa tensión va a existir siempre. No es mala, los reformadores pueden anticipar todo lo que va a pasar en el futuro y no todas las reformas prueban ser mejor. Dicen que el camino del infierno esta empedrado de buenas intenciones.

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Con información de Norma Lezcano y Adolfo Ortega.

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