Después de cinco semanas sin actuación (y más aún, sin existencia), en febrero fue inaugurada una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, convertida ahora en tribunal constitucional. La encabeza un ministro que, en sus tiempos de litigante, perdió ante ese tribunal el amparo que interpuso en nombre de los banqueros expropiados en 1982.
- En su primera aparición pública después de su toma de posesión, el presidente Ernesto Zedillo anunció una vasta reforma judicial. El propósito fue muy aplaudido, aunque surgieron reticencias al conocerse los términos de la radical operación renovadora iniciada por el nuevo titular del ejecutivo. Para referirnos sólo a los contenidos de su proyecto relacionados con la Corte, diremos que el presidente Zedillo adoptó dos medidas de gran profundidad. Una consistió en transformar la Corte en un tribunal constitucional, es decir que de ahora en adelante sólo se ocupará de revisar las leyes y los actos que pugnen con la Constitución, y ya no cotejará la correspondencia de esas mismas leyes o actos con otro género de ordenamientos de menor rango jurídico.
- Esa conversión produciría una significativa disminución del ámbito jurisdiccional y por lo tanto de las cargas de trabajo de la Corte, integrada por 26 ministros. La enmienda constitucional propuso reducir el número de los integrantes de la Corte. Para realizarlo sin hacer que operara un criterio discutible, se dispuso un mecanismo que todavía causa escándalo, por diferentes razones, en varios sectores de la sociedad. Los 26 ministros fueron jubilados, a partir del 1 de enero de 1995, en una acción tan radical que, por tratarse de la cabeza de uno de los tres poderes de la Federación, llegó a ser considerada como un virtual "golpe de Estado”, equivalente a cerrar las Cámaras del Congreso de la Unión. Para paliar, frente a ellos al menos, el terrible efecto de su inesperado despido, su retiro fue rodeado de condiciones pecuniarias muy generosas, y contradictorias con un juicio adverso, aunque soterrado, no expreso, que estaba detrás de la iniciativa presidencial.
- Esa opinión no confesada era muy derogatoria de la Corte, a la que en el círculo cercano al presidente Zedillo llegó a tenerse como centro de poder ilegitimo, afectado incluso por la corrupción en general y en particular la provocada por el narcotráfico. Aunque sólo un ministro, en tiempos recientes, fue señalado de modo expreso como partícipe en un delito, se le ofreció una salida decorosa, que incomodó a los críticos de ese tribunal, dentro y fuera de él. También se hizo notar, de tiempo en tiempo, que la sospechosa conducta de algunos jueces y magistrados (es decir, los integrantes de los niveles inferiores en el poder judicial federal) obedecía a su falta de profesionalismo, nacida a su vez de un sistema caciquil de designaciones. Por eso se eligió la vía de sacar de raíz la vieja estructura. Para modificar al mismo tiempo el sistema de nombramientos y promociones, se privó a la Corte de las facultades respectivas y se creó a su lado un consejo de la judicatura, encargado de administrar la justicia.
- Renovación radical
Conforme al sistema tradicional, los nuevos ministros fueron nombrados por el presidente de la república y ratificados por el Senado. Esta vez, sin embargo, para aligerar la critica de que por primera vez en medio siglo un presidente tendría el privilegio de designar a la Corte entera, los senadores practicaron una elección, ya que les fueron propuestos 18 nombres para integrar un tribunal de 11 miembros. A efecto de escoger con bases, los aspirantes fueron sometidos a una suerte de superficial examen, en comparecencias que a veces se trocaron en ocasión para pequeños escándalos. Eso no obstó, sin embargo, para que el 26 de enero se realizara una selección prudente, sólo afeada, a mi juicio, porque se dejó fuera del elenco ministerial a don Raúl Medina Mora, un candidato de lujo, ex presidente de la Barra Mexicana, colegio de abogados.
- Tan radical fue la renovación de la Corte, que de los 26 ministros que la integraban hasta fines de 1994, sólo dos (de los cuatro propuestos como candidatos) fueron elegidos miembros del nuevo tribunal. Uno de ellos tuvo, además, el honor de no haber dejado de ser ministro un solo momento, pues fue miembro de la comisión de enlace que actuó durante poco más de un mes en que estuvieron vacantes los sitiales de la Corte.
- Se trata de don Juan Díaz Romero, un profesor normalista que se hizo abogado, y que, salvo dos periodos breves en tribunales administrativos, ha pasado toda su vida de trabajo en el poder judicial federal. El otro, dueño de una trayectoria similar, es don Mariano Azuela Güitrón, que apenas se graduó (con una tesis sobre derecho y doctrina pontificia) en l960, ingresó en la Corte, de la que se mantuvo fuera mientras actuó como magistrado y presidente del Tribunal Fiscal de la Federación. Ambos se formaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, como el resto de los nombrados, salvo que se haga notar lo contrario.
- Salvo una persona, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que era notario en la ciudad de Guadalajara (de cuya Universidad Autónoma egresó) a la hora de su designación, todos los demás ministros habían tenido relación con el poder judicial, si bien la única mujer en este elenco, Olga Sánchez Cordero, la había tenido sólo con la administración de justicia del fuero común, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia.
- Cinco nuevos ministros fueron ascendidos desde tribunales de circuito en que eran magistrados. Genaro David Góngora Pimentel ingresó en 1969 al poder judicial federal, y tres años después ya era juez federal, y sólo un lustro más tarde fue convertido en magistrado. Profesor universitario, sus libros de texto están escritos con una técnica narrativa donde expone su experiencia personal como juzgador para enseñar las particularidades del amparo y la suspensión de los actos administrativos. Humberto Román Palacios se alejó por poco tiempo de la judicatura federal (y trabajó con la Procuradora del Distrito Federal, Victoria Adato, y en la Secretaría de la Contraloría) a la que ingresó en 1970, como actuario y en la que fue juez y magistrado en una gran variedad de destinos. Más breve fue la carrera judicial de José de Jesús Gudiño Pelayo, que sólo había sido magistrado de circuito, y sólo en Guadalajara, desde 1977. Egresado de la Universidad Iberoamericana, estudió un posgrado en administración pública en Madrid. Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, de la Universidad Veracruzana, cumplirá 30 años en el poder judicial federal el próximo 1 de junio, y fue juez y magistrado en su tierra natal y en la ciudad de México. Juan Nepomuceno Silva Meza, miembro de siempre del poder judicial de la federación, fue uno de los integrantes, propuestos por la Corte, de la sala superior del Tribunal Federal Electoral, la novedosa modalidad por la cual se sustituyó la calificación política de los comicios legislativos, durante el proceso electoral de 1994.
- En fin, dos ministros más volvieron a la Corte, dueños del rango superior, después de largos periodos de alejamiento. Se trata de don Juventino Castro y Castro y don Vicente Aguinaco, que añora preside el tribunal constitucional. El primero de ellos, que es añora el ministro de mis edad, fue de 1948 a 1952 secretario de estudio y cuenta de la Corte (con los ministros Fernando de la Fuente y José Castro Estrada), y si bien su larga trayectoria lo ha llevado por sendas muy variadas, buena parte de su experiencia ha surgido de sus funciones en la procuradurías, así la del Distrito Federal como la General de la República, donde a últimas fechas era el director general de Amparo. Igualmente a esta materia ha consagrado los seis libros que publicó antes de los dos últimos, dedicados a la procuración de justicia.
- Aguinaco Alemán presidirá la Corte durante los próximos cuatro años. En 1949, su tesis profesional propuso crear un tribunal de justicia administrativa, que demoraría un cuarto de siglo en ser fundado. Fue miembro del poder judicial federal (como secretario de estudio y cuenta, juez y magistrado) durante más de 20 años, de 1951 a 1973. El 15 de septiembre de ese año dio su personal grito de independencia, y estableció su despacho propio, donde cobró fama como experto en amparo. Por eso, los banqueros expropiados acudieron a él en 1982, para defenderse por esa vía del decreto del ex presidente José López Portillo. El juicio fue sobreseído cuando la Constitución quedó reformada y reservó al Estado en exclusiva la función de banca y crédito, es decir, cuando se realizó propiamente la nacionalización bancaria.
- El autor es director de la revista Mira y columnista de diario Reforma.