Trueque legislativo

La reforma fiscal: sacrificio económico, pero también político.
Roberto Aguilar/Valentín Fuentes

Cuando el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil, comandaba Avantel, participó activamente en la cruzada por evitar a toda costa que se gravara el servicio telefónico.

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En esos días proponía que el gobierno dejara de gastar para recabar los recursos que necesitaba y mejorar las finanzas públicas, antes que afectar un servicio prioritario para el desarrollo del país. -Hoy el panorama es distinto, Gil tiene en sus manos la tarea de promover las bondades de la llamada nueva hacienda pública, cuya premisa principal es justamente aquello contra lo que en su momento luchó.

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La fortaleza, estabilidad y permanencia de los ingresos públicos es la bandera de la nueva administración; ideal que comparten las diferentes fracciones en el Congreso de la Unión.

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La discusión entre los partidos se centra en quién será el que tenga que asumir el costo de esta necesidad. Por un lado, el PRD descalifica la intención de gravar más el consumo mediante la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, visión que defiende también el PRI.

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El sol azteca propone eliminar los subsidios a las corporaciones y al sistema financiero. "Gravar, por ejemplo, las operaciones bursátiles sería contraproducente porque cada vez más empresas negociarían sus acciones en el exterior, donde no pagan impuestos", refuta Agustín Cartens, subsecretario de Hacienda.

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La divergencia de opiniones pone en aprietos a Fox, quien aceptó estar dispuesto al diálogo para ceder, pero sólo en algunos de sus planteamientos.

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La aprobación de la reforma se ve aún muy lejana e incluso algunos alertan sobre las eventuales consecuencias de una demora excesiva: mayor fragilidad de la economía ante las turbulencias financieras internacionales, menor confianza de los inversionistas y, a decir de BBVA-Bancomer, en el mediano plazo, un aumento en el costo financiero de los pasivos del gobierno, conformados por la deuda interna y externa, además de las obligaciones contingentes provenientes del IPAB, el rescate carretero, los Pidiregas y las pensiones. "De no realizar una reforma fiscal que considere el pago de estas obligaciones, calculamos que cada año el costo financiero de estos pasivos se incrementará 0.1% del PIB", anticipa.

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Banamex Accival opina que la evolución de las pláticas entre funcionarios y legisladores sugiere que las autoridades estarían dispuestas a flexibilizar su postura para garantizar la aprobación de la reforma a cambio de mantener la simplificación de la administración tributaria, ampliar la base recaudatoria y corregir el diseño del marco actual.

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El toma y daca ya llegó a la mesa. El canciller Jorge Castañeda afirma que el gobierno está dispuesto a sacrificar la aplicación del IVA a libros y colegiaturas. "En fin, se van a tener que hacer ciertas concesiones y regalos".

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Otras voces desestiman los enfrentamientos políticos. Santander considera que existe optimismo en cuanto a la aprobación de la propuesta. "Es vista como uno de los más importantes cambios estructurales que nuestro país requiere." Otros, como Merrill Lynch, vaticinan que su instrumentación pudiera darse en julio de 2001 al recibir la propuesta de Fox apoyo incluso de algunos legisladores del PRI.

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