Un desencanto y $20 millones de dólares

Canceladas las expectativas depositadas en la auditoría, queda la certeza de siempre: el cheque por
Ulises Hernández

Michael Mackey, el contador canadiense contratado por el congreso mexicano para auditar las operaciones del rescate de la banca del abismo en que la dejó la crisis de hace cuatro años, sabía que estaba frente a un asunto espinoso. El tema había sido motivo de acalorados debates y había ocupado con frecuencia las primeras planas de los diarios durante casi año y medio.

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Lo que difícilmente pudo haber imaginado es el zafarrancho que se produjo cuando entregó la versión en español de su informe a la Cámara de Diputados, el pasado 23 de julio. El propio contador quedó atrapado entre los empujones de una horda de reporteros, al concluir la sesión en la que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que la auditoría no terminaría ahí, en tanto que los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a gritos a sus contrapartes del Revolucionario Institucional (PRI) de “rateros”.

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¿Había sorprendidos, además del propio Mackey? Se suponía que su reporte contribuiría a superar la discusión y la controversia sobre el rescate bancario, cuyo costo fiscal –a cuenta de los contribuyentes– asciende ya a $65,000 millones de dólares. Sin embargo, los resultados no satisfacieron a los partidos de oposición, principales impugnadores del rescate y a cuyas instancias se llevó a cabo la auditoría, pues nunca lograron que las autoridades abrieran los archivos del extinto Banco Unión (BU) que, en teoría, contienen las evidencias del financiamiento ilegal a las campañas electorales del PRI, incluyendo la del presidente Ernesto Zedillo.

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El régimen, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación (SG), mantuvo hasta el final su negativa a entregar dichos documentos argumentando que debía respetarse el secreto bancario y fiduciario.

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Los diputados opositores advirtieron, en respuesta, que promoverían un caso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para obligar al Poder Ejecutivo a liberar la información. Pero antes que fortalecerse, las acusaciones de los legisladores de oposición –particularmente del PRD y el Partido del Trabajo (PT)– en el sentido de que el rescate bancario había constituido “un gran fraude a la Nación”, producto de la complicidad de autoridades gubernamentales, banqueros y empresarios, perdieron resonancia al conocerse el informe de Mackey.

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Expertos en temas financieros sostienen que los resultados de la auditoría no produjeron ninguna sorpresa ni arrojaron información nueva, pues las irregularidades detectadas son las mismas que ya habían sido señaladas por la SHCP. Pese a las deficiencias gubernamentales identificadas por Mackey, consideran que el reporte confirma que las autoridades actuaron correctamente, con maniobras similares a las llevadas a cabo en otros países cuando han tenido crisis semejantes, sobre todo al evitar la quiebra del sistema bancario. Respecto de las irregularidades denunciadas, se impone la opinión de que los $25 millones de dólares que suman las operaciones con las que, según el expropietario de BU, Carlos Cabal Peniche, esta institución benefició al PRI en 1994, no son “significativos” ni tienen un impacto relevante en la hoja contable del Fobaproa.

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Tras el informe de Mackey, las posiciones quedaron divididas otra vez. De un lado están los partidarios de cerrar el capítulo del rescate bancario e impulsar las reformas legales que hacen falta para consolidar al sector financiero y reactivar el crédito; del otro se encuentran quienes denuncian que la auditoría fue bloqueada por motivos políticos y, por tanto, no se cumplió el principio de rendición de cuentas.

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Conclusiones del informe
Mackey recibió $20 millones de dólares por evaluar el desempeño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y de las autoridades supervisoras del rescate bancario –la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y el Banco de México (Banxico)– durante el periodo que va del 1 de enero de 1995 y el 30 de junio de 1998. Con la ayuda de cinco despachos contables mexicanos, en el informe del auditor se analiza la crisis de la banca que estalló en 1995 y los factores que condujeron a ella; se remonta a la nacionalización de los bancos, ocurrida en 1982, a partir de la cual aparecen fallas de supervisión y regulación, así como a los errores de adjudicación de bancos en el proceso de privatización llevado a cabo a principios de esta década.

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El experto canadiense criticó que las autoridades soslayaran la falta de capitalización de los bancos recién privatizados y cuestionó algunas estrategias del rescate, como la de mantener con vida durante años a instituciones enfermas, abultando así el costo fiscal, en lugar de liquidarlas. Lo que, al parecer, el auditor no encontró fueron evidencias que pudieran sustentar la existencia de operaciones fraudulentas de grandes proporciones. Esa fue, a fin de cuentas, una de las principales conclusiones que sacaron influyentes observadores. “El contador Michael Mackey encontró poco fraude y escasas pruebas de corrupción oficial”, reportó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

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El canadiense identificó “transacciones reportables” en los programas de rescate de Fobaproa por un monto de $72,700 millones de pesos, las cuales, en su mayoría, consideró como “incobrables” y que, por tanto, generarían pérdidas importantes al Fondo. De esta suma, $24,700 millones corresponden a créditos que no cumplieron con los criterios originales del Programa de capitalización y compra de cartera; $42,000 millones se deben a “créditos relacionados” –préstamos que los bancos otorgaban a sus  propios accionistas, directores, asesores y compañías filiales sin garantía alguna–; y $6,000 millones más fueron resultado de operaciones crediticias identificadas claramente como ilegales.

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No está del todo claro si estas “transacciones reportables”, señaladas por el auditor, violan las leyes mexicanas de crédito; éstas limitan, pero no prohíben, los créditos relacionados. De todos modos, las autoridades se defienden bajo el argumento de que la magnitud de la crisis le dio al Fobaproa las facultades necesarias para modificar sus criterios a la hora de comprar cartera.

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Las operaciones ilegales citadas en el informe son “básicamente las mismas” que las autoridades ya habían denunciado por un quebranto patrimonial de $6,220 millones de pesos, dice a su vez la SHCP, y de las cuales se desprenden los 85 procesos penales en curso contra de ex directivos y ex empleados bancarios. De acuerdo con Marco Provencio, vocero de la dependencia, entre dichos expedientes figuran los casos de los ex banqueros Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, quien presidiera Banpaís; Jorge Lankenau, de Confía, y Carlos Cabal Peniche, de Cremi-Unión. Con arreglo a esa lógica, el organismo que se encargará de revisar el informe y, en su caso, convalidar o denunciar los actos ilegales ya fue creado: es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sustituto del Fobaproa.

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Página dolorosa
Lo que es terminante es que no hubo sorpresas. “Definitivamente no hay información nueva, esto es algo que se ha venido discutiendo desde hace dos o tres años. No hay ninguna revelación y eso es lo triste del caso, que hemos estado dándole vueltas a un asunto sin poner atención a lo que es importante”, opina Leonardo Torre, investigador del Centro de Análisis y Difusión Económica (CADE) y coautor del estudio El programa de rescate y reestructuración bancaria en México 1995–1998: éxito o fracaso.

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Las autoridades actuaron con rapidez y aplicaron instrumentos que han resultado exitosos en el manejo de crisis bancarias en otros países: apoyar la liquidez en moneda extranjera, intercambiar bonos gubernamentales por cartera vencida e implantar un esquemas de reestructuración de deuda, liquidación y privatización de bancos, señala Torre. Indica que si bien el costo fiscal del rescate rebasó los cálculos iniciales hasta colocarse en niveles de 17% del Producto Interno Bruto (PIB), no alcanzó índices tan altos como los registrados en Chile a principios de los 80, que fueron superiores a 30%. “Ya es momento de darle vuelta a esta página tan dolorosa de la economía mexicana” opina a su vez Miguel Guzmán Villavicencio, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

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La politización del asunto ha provocado que las pérdidas del rescate se incrementen, señala, pues la discusión ha retrasado la venta de los activos del Fobaproa. “Las cifras (de presuntos fraudes) que hemos escuchado a través de filtraciones y de los medios no impactan de ninguna manera el importe total de los pasivos del Fobaproa. No dejan de ser importantes, pero no fueron las causantes del problema.”

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El gobierno lamenta que los aciertos del Fobaproa sean soslayados y que la prensa y la oposición centren su interés en el escándalo. “El hecho básico es que el Fobaproa evitó la quiebra del sistema bancario y la pérdida de ahorros y depósitos de millones de mexicanos –afirma Provencio–, y eso pasó desapercibido para mucha gente.”

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Los diputados opositores mantienen una óptica distinta. Aseguran que el gobierno del presidente Zedillo, al no permitir auditar diversos fideicomisos –no sólo de BU sino de otras instituciones, como Serfin e Inverlat– que presuntamente fueron utilizados para financiar ilegalmente al PRI, se favorece la impunidad, se ignora el principio de rendición de cuentas y se menosprecia la autoridad del Poder Legislativo. “Si se da carpetazo a este asunto, entonces seguirá la impunidad”, sostiene el diputado independiente, Marcelo Ebrard, uno de los críticos más severos del Fobaproa e impulsor de la auditoría.

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A lo largo de los 10 meses que duraron los trabajos de Mackey, surgieron una serie de denuncias y documentos que teóricamente permitirían fortalecer las versiones de que banqueros afines al gobierno financiaron al PRI mediante créditos ilegales, mismos que a la postre fueron absorbidos por el Fobaproa. Además de violar las leyes de crédito, estas acciones son sancionables por las leyes electorales. El propio Cabal Peniche, desde la prisión (en Melbourne, Australia, donde enfrenta un juicio de extradición) aseguró haber entregado $25 millones de dólares al PRI a través de diversas cuentas fiduciarias para la campaña de Zedillo, y antes para la del asesinado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, así como para el ex gobernador de Tabasco y actual precandidato del partido oficial a la presidencia, Roberto Madrazo. Ebrard y la diputada perredista, Dolores Padierna, obtuvieron a su vez documentos del BU que confirmarían la entrega de donaciones corporativas al partido, actos también sancionados por la ley electoral.

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“Hemos solicitado, pero se nos ha negado, acceso a todos los registros, y en especial a los del fideicomiso relacionado con estos pagos, sobre la base de que las transacciones se encuentran actualmente bajo investigación penal”, escribió Mackey en su informe sobre el caso de BU.

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Los diputados opositores, que por cierto quedaron divididos después del informe Mackey en dos bandos, el del pan y el del PRD, estudian diversas opciones para mantener abierto el expediente del Fobaproa.  “Si no hay rendición de cuentas, será el fracaso de esta Legislatura, que fue una expectativa de cambio en el sistema político”, concluye Ebrard.

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