Como por debajo de la puerta, hace casi un año el presidente Fox emitió el decreto de reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a través del cual se elevaba la venta de energía de empresas privadas a la Comisión Federal de Electricidad. Por donde se le viera, el Ejecutivo trataba de eludir el tortuoso e impredecible proceso de legislar por decreto.
-
Casi un mes después la Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició una controversia constitucional y hace unas semanas, en un hecho inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el mandatario había ejercido indebidamente la facultad reglamentaria que le confiere la fracción primera del Artículo 89 constitucional.
-
No le corresponde a la SCJN decidir la privatización del sector eléctrico. Por ello, su resolución se restringió a enjuiciar el apego estricto a la Constitución del decreto emitido por el Presidente. Nada menos, pero nada más. Por tanto, sorprende que distintas voces, especialmente empresariales, hayan descalificado el fallo aludiendo al costo económico de esta resolución. Parece obvio, pero habría que recordarlo: una condición sine qua non de la democracia es el respeto al Estado de derecho.
-
La SCJN tiene el mandato de vigilar la constitucionalidad de leyes y reglamentos, no de atraer inversiones ni de resolver los problemas de negociación política entre el Ejecutivo y el Congreso, por eso preocupa que, por ignorancia o astucia, Fox intentara pasar una reforma a espaldas del Legislativo.
-
Al igual que la reforma laboral, la educativa y la fiscal, la reestructuración del sector eléctrico es un asunto vertebral e inaplazable para la viabilidad y desarrollo del país. La cuestión es cómo aumentar la capacidad generadora sin que el Estado pierda la rectoría en un capítulo estratégico. La transformación tendrá que pasar por el Congreso, lo que no implica necesariamente que haya cambios a nivel constitucional (como propuso Expansión).
-
Ojalá que los inconformes con la resolución de la SCJN, no olviden que no hace mucho tiempo el Poder Judicial era apenas una pieza ornamental más en el país de un solo hombre. Y que lo que verdaderamente puede estimular la inversión es la certidumbre jurídica (reglas más claras, sencillas y menos cambiantes), la desburocratización, el combate eficaz al contrabando, la discrecionalidad y la corrupción… y en eso, la palabra la tiene el Ejecutivo.
-
-El autor es director de Grupo Consultor Interdisciplinario