Un gobierno en busca de rumbo
El gobierno de Vicente Fox inicia su segundo año de administración en condiciones de riesgo y vulnerabilidad . No sólo por la recesión económica mundial, que define desde ahora los términos de lo posible –eventual recuperación hacia el segundo semestre de 2002, en el mejor de los casos–, sino por las enormes limitaciones de un gabinete que culminó la "curva de aprendizaje" con más pena que gloria.
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Mucho antes de cumplirse los 12 meses del "periodo de gracia", se hizo evidente que a las dificultades previsibles de la alternancia (reemplazo de la clase priísta, interrupción de la continuidad en la alta burocracia y mandos medios) tendrían que sumarse las deficiencias propias de un grupo gerencial que llegaba al poder sin más cohesión que la fidelidad al líder "carismático", ni mayor proyecto que una oferta electoral excesiva, populista y contradictoria.
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Peor aún: al desencadenarse la crisis global por los atentados terroristas contra Estados Unidos, los miembros del "gabinetazo" alcanzaron su "nivel de incompetencia" para enfrentar colectivamente los cambios bruscos del entorno. La improvisación y el apresuramiento irreflexivo (política internacional, Presidencia), tanto como la extrema lentitud para responder a la emergencia (política interior y de seguridad nacional, gabinete económico) marcaron el derrotero de un gobierno preparado para "administrar la esperanza" –economía sólida y en crecimiento, "bono democrático" internacional, apoyo ciudadano– pero no para sortear las inclemencias de un ambiente enrarecido por la combinación de factores externos y variables propias de un país en acelerada mutación político-institucional, sociocultural y productiva.
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En menos de un año cambió el escenario de fantasía. La utopía foxista (vocho, tele, changarro y visa laboral para América del Norte) se estrelló con la terca realidad de un mundo en crisis y una nación que acumula millones de pobres (más de 50% de la población, según criterios conservadores), diversas formas del paro y el empleo precario (estimado en más de 16 millones de personas) y serias complicaciones en distintas esferas de la economía (campo, exportaciones, turismo, sistema bancario, micro, pequeña y mediana industria).
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No hemos llegado, por supuesto, a las condiciones ruinosas del primer año de gobierno zedillista (comparación que resulta engañosa si se ocultan las condiciones de extrema gravedad que enfrentó Ernesto Zedillo). Estamos lejos de la espiral crítica, donde los componentes políticos y económicos alimentan el círculo vicioso de la descomposición social.
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Mirarnos al espejo del pasado inmediato (la de 1995 fue la crisis económico-financiera más profunda del México moderno) puede servir para valorar la fortaleza del país y reconocer las potencialidades de la sociedad, pero no es suficiente.
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Tampoco hay que olvidar que en tiempos de inestabilidad la frontera que separa a las perturbaciones "manejables" del caos se adelgaza peligrosamente.
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Proyecto y liderazgo
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La dinámica y el sentido de las transformaciones, obvio es decirlo, no son responsabilidad exclusiva del Presidente y sus colaboradores. Pero sin la voluntad del Ejecutivo federal, sin claridad de rumbo y sin el compromiso expreso de gobernar con los otros Poderes de la Unión, todo esfuerzo se diluye en batallas superficiales y polémicas improductivas.
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Si el año de arranque se agotó en asir las riendas del poder y en los acomodos naturales del cambio de guardia, el siguiente debe concentrarse en el trabajo fino. Atar cabos sueltos, ocupar espacios vacíos, rectificar errores o aclarar equívocos del noviciado.
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La ausencia de un programa de gobierno, bien articulado y coherente, sigue siendo el principal déficit de la administración foxista. La debilidad de su oferta electoral, la inconsistencia política del gabinete y la marginación del pan en la formulación del proyecto sexenal se tradujeron en un raquítico e insustancial Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
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Ante la indefinición de líneas estratégicas, jerarquización, objetivos, responsabilidades y recursos, no es extraño que la inercia y el burocratismo marquen la actividad en casi todas las áreas de la administración pública. De tal suerte, el discurso oficial puede insistir en la educación y el combate a la pobreza como "ejes del cambio" sin que ello se refleje en el presupuesto ni, mucho menos, en acciones innovadoras de carácter urgente.
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La generalización extrema, la visión de largo plazo –en un caprichoso horizonte de 25 años–, debe cristalizar en lo posible y deseable para los próximos cinco años. El Poder Ejecutivo está obligado a señalar metas y compromisos que puedan ser verificados por la sociedad y el Congreso de la Unión. El gobierno de la alternancia debe planificar el despliegue de sus acciones, determinar los acentos y dinámicas que expresen las líneas de la transformación racional.
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Ello no implica, sin embargo, limitar el ejercicio gubernamental a las minucias de la coyuntura y el cortoplacismo empobrecedor. Significa, por el contrario, conducir la energía social y los recursos del Estado hacia objetivos estratégicos a través de programas viables.
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Entre la utopía y la realidad, entre la ilusión y el pragmatismo, Fox debe marcar el tono y los matices de su gestión, las ideas-fuerza que sinteticen su idea de país, las prioridades de una administración limitada por el tiempo y el espacio de la democracia en construcción.
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La definición del proyecto presidencial dará certidumbre al gabinete, al partido gobernante y a las oposiciones en crisis de identidad. La claridad de propósitos no resuelve o supera la conflictividad democrática, pero la conduce por sendas productivas: negociación legítima e intercambio de incentivos, realineamiento de fuerzas legislativas, alianzas efímeras o duraderas e, incluso, afirmación de oposiciones irreductibles pero respetuosas del juego democrático.
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Naturalmente, esta operación implica un cambio de actitud y estilo en el titular del Ejecutivo. El presidente Fox debe recuperar la conducción gubernamental, hoy en manos de secretarios y supergerentes del staff de Los Pinos; imprimir disciplina al trabajo en equipo; frenar la discrecionalidad de los feudos y acotar los márgenes de maniobra a intereses particulares o facciosos.
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La lección del primer año es muy clara: abdicar de la jefatura de gobierno se traduce en pérdida de liderazgo, desorden político-administrativo y una jefatura de Estado restringida al protocolo y la "promoción" de los negocios nacionales en el exterior.
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Complejidad democrática
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El ejercicio democrático del poder presidencial debe ajustarse a las nuevas coordenadas de la política nacional. Asumir como reto, no como lastre, los datos duros del contexto: en primer lugar, el sistema de pesos y contrapesos que impone la separación de poderes y la realidad ineludible de un Congreso dividido en tres grandes fuerzas; en segundo, la pluralidad de voces, proyectos e intereses que convergen en la plaza pública y exigen respuesta puntual a sus demandas.
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Definido el rumbo y recuperada la conducción presidencial, el siguiente paso consiste en diseñar mecanismos que garanticen una relación transparente y democrática con el Legislativo, los grupos parlamentarios y las direcciones partidistas.
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Después de las elecciones federales de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el gobierno zedillista creó una instancia de vinculación con el Congreso. Hoy, la correlación de fuerzas parlamentarias hace más necesario que nunca establecer una oficina de enlace que prepare el terreno para las iniciativas del Ejecutivo y facilite la construcción de consensos.
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La fragmentación de fuerzas legislativas impone otros ritmos y pautas que no siempre corresponden a la urgencia o los cálculos del propio gobierno.
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Nueva gobernabilidad
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¿Cómo afrontar el "desorden" y los contratiempos de la pluralidad democrática? ¿Cómo neutralizar los efectos perversos de una eventual estrategia opositora destinada a paralizar la acción de gobierno?
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Las posibles respuestas corren por vías paralelas:
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La primera, de orden político, consiste en asumir el papel central del pan y sus grupos parlamentarios; reconocerlos como eje del nuevo bloque gobernante y establecer con ellos una relación –democrática, transparente– como interlocutores privilegiados. La debilidad de un gobierno sin mayoría legislativa sólo puede paliarse mediante la cohesión política y programática de las fuerzas que lo sustentan. Por lo demás, ninguna democracia proscribe la articulación de alianzas legítimas entre el gobernante y las organizaciones que lo llevaron al poder.
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La segunda, de orden administrativo, tiene que ver con la formulación de criterios políticos y organizativos que den consistencia a los actos del Ejecutivo. Hasta el momento, la "reingeniería" gubernamental es el fruto más acabado de la improvisación y el desorden burocrático; la estructura de coordinaciones presidenciales abulta la nómina de "funcionarios de alto nivel", duplica funciones y genera tensiones al interior del gabinete.
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El último episodio de esta confusión fue protagonizado por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al deslindarse de una propuesta de asignación presupuestal realizada en ámbitos ajenos a su competencia. ¿Quién puede, en tales condiciones, defender proyectos o iniciativas?
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En el fondo, ambas vías confluyen en la necesidad de construir una gobernabilidad de nuevo tipo: democrática, que sustituya los reflejos autoritarios del antiguo régimen por mecanismos de consulta y responsabilidad compartida; eficaz, que responda a criterios modernos de calidad, competencia y honestidad; de largo aliento, que construya para el futuro, con visión estratégica y responsabilidad con las próximas generaciones.
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En ello radica el gran desafío del gobierno foxista rumbo al segundo año de la alternancia. Ahí se juega no sólo el prestigio de una administración sexenal que enarboló la bandera del cambio sino el destino de la transición política como construcción de un auténtico Estado de derecho, única forma de la democracia moderna.
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El próximo año debe ser, pues, el de la consolidación. Lo que no avance y madure hacia el segundo Informe de Gobierno, quedará empantanado en los cálculos partidistas y grupusculares de cara a las elecciones federales de 2003.
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El autor es director general de Grupo Consultor Interdisciplinario.
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