El presidente de la república respondió en días pasados a la reiterada petición de un grupo de empresarios, en el sentido de modificar las leyes y reglamentos fiscales para estimular la inversión productiva y la creación de empleos. En esa oportunidad, el mandatario declaró que no existirán regímenes especiales, ni privilegios para ningún grupo o sector empresarial que pretenda sacar de la política económica estatal ventajas no obtenidas por méritos propios.
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Independientemente de las implicaciones subyacentes en este conflicto de intereses, sorprende que el Ejecutivo siga sosteniendo que cualquier tipo de apoyo que el gobierno pueda otorgar a los sectores industriales constituye una violación a los principios del liberalismo y una amenaza para la consecución de una eficiente asignación de los factores y recursos productivos.
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En realidad, entre industriales y gobierno parece existir un serio problema de comunicación. Los representantes de los diversos sectores de la industria nacional no han conseguido explicar al gobierno que lo que ellos buscan con sus demandas no es la obtención de privilegios inmerecidos, sino el restablecimiento de condiciones equitativas de competencia en los mercados nacionales, frente a la competencia de las grandes empresas extranjeras que, además de los consabidos handicaps tecnológicos y de ciclo económico, llegan a poseer importantes ventajas de entorno sobre las empresas nacionales. Dichas ventajas son mejores condiciones tributarias, financieras, de infraestructura, servicios, de protección legal contra prácticas desleales de comercio y de una política comercial eficiente que cierra el paso a las mercancías importadas vía el contrabando y la subfacturación.
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En otras palabras, los industriales mexicanos solicitan la aplicación de una política industrial y comercial pragmática que, más allá de toda ideología o dogma, iguale o acerque las condiciones de competencia en los mercados nacionales a las condiciones prevalecientes en las principales naciones competidoras, tanto en las políticas de promoción productiva y comercial, como en las políticas de defensa de los mercados. Bajo esta óptica, la discusión en torno al problema de la política industrial debe rebasar ya los marcos de referencia ideológicos y la concepción anticuada de que toda política de apoyo a la industria equivale al establecimiento de privilegios inmerecidos.