Un siglo de vivir ¿en el error?

Una propuesta en el senado retoma el viejo tema de la legalización de las drogas. Tiene a su favor
Maurizio Guerrero

Han pasado cerca de 100 años desde que se instrumentara por primera vez una política antidrogas y desde entonces el enfoque ha sido el mismo: la proscripción. Sin embargo, el debate sobre la efectividad de las políticas represivas está hoy más vigente que nunca y existen voces que, incluso, sitúan el origen mismo del problema del narcotráfico en esta manera de concebir el tema de la producción, distribución y consumo de drogas.

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El enfoque punitivo surgió en la Unión Americana a principios de siglo. La condena de las autoridades estadounidenses de entonces a la producción y consumo de marihuana, opio y cocaína estaba asociado a un prejuicio racial, pues el uso de estas sustancias se relacionaba invariablemente con las minorías latinas, asiáticas y afroamericanas, a las que se percibía como una amenaza para las “buenas costumbres del pueblo americano”, dice Antonio Escohotado, académico español especializado en el tema.

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“Las primeras voces de alarma sobre el opio –señala en su libro Las drogas. De los orígenes a la prohibición – coinciden con la corrupción infantil atribuida a los chinos; el anatema de la cocaína, con ultrajes sexuales de los negros; la condena de la marihuana, con la irrupción de los mexicanos, y el propósito de abolir el alcohol, con la inmoralidades de irlandeses y judíos”.

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Las voces se trasladaron al papel en 1914. El congreso estadounidense aprobó en ese año la primera norma administrativa que prohibe los usos no médicos de esas sustancias y exige se notifique al Departamento de Control de Narcóticos la elaboración, posesión y administración de cualquiera de ellas.

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Al binomio drogas-minorías étnicas, se  sumó luego el de drogas-mafias, que ha dado sustento duradero a las políticas punitivas, en la medida en que conduce a una extendida criminalidad. Pero mientras el enfoque represivo ha sido esencialmente el mismo, el fenómeno de las drogas ha tenido grandes transformaciones y en torno a él han surgido o prosperado verdaderas industrias, como el lavado de dinero y el tráfico de armas, cuyos alcances son internacionales.

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El modelo
Al margen del debate moral, lo que más se ha cuestionado con respecto a esta manera de luchar contra las drogas son sus resultados. El tráfico de estupefacientes en el mundo genera ingresos por $500,000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de un mercado vigoroso contra el que nada han podido hacer las dependencias estadounidenses –las que disponen de más recursos–. Según The Lindesmith Center, una organización patrocinada, entre otros, por el afamado financiero George Soros, y dedicada a hacer estudios respecto al tema de las drogas en el mundo, las autoridades de ese país incautan apenas entre cinco y 15% de las importaciones de narcóticos.

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La fórmula punitiva es, a pesar de todo, la más extendida entre las estrategias antidrogas en el mundo. México, donde circulan alrededor de $100,000 millones de dólares anuales en estupefacientes, de acuerdo con algunos cálculos, tiene un lugar estratégico en la red de distribución que provee al mercado que más drogas consume en el orbe, el estadounidense.

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A pesar de haberle declarado también la guerra al narcotráfico, el diagnóstico para México es desalentador: a medida que esta actividad se fortalece, la sociedad mexicana se vuelve más vulnerable a sus secuelas. En los últimos años, por ejemplo, se ha registrado un repunte en el consumo de drogas. En el ámbito delictivo, de acuerdo con informes periodísticos, se lavan en el país alrededor de $15,000 millones de dólares anuales, el equivalente a aproximadamente 20% de los créditos otorgados por el sistema bancario mexicano en 1996. Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan, por otra parte, que ocho de cada 10 armas confiscadas ingresan por territorio estadounidense.

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También en México, la política persecutoria ha servido de muy poco. “Se han elevado las penas y apuntalado las fuerzas coercitivas, pero nos ha ido peor: el narcotráfico está al alza y las cárceles están llenas de gente por delitos contra la salud”, dice Carmen Bolado del Real, senadora del estado de Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional (PAN) y autora de una propuesta que pretende cambiar el enfoque del gobierno mexicano frente al tema. “Los únicos que ganan en el país son las mafias –comenta– con la acumulación de enormes fortunas, tecnología y armamento.”

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Estos grupos también alteran la correlación de fuerzas políticas. Para combatirlos, los gobiernos revitalizan a sus ejércitos, lo cual “fortalece a los sectores autoritarios y se establecen condiciones muy peligrosas en la lucha política”, dice Luis Astorga, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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En términos económicos, los países latinoamericanos que padecen este problema resultan particularmente afectados. Para sostener la guerra a los narcotraficantes, tal como dicta Estados Unidos, dedican cuantiosos recursos, debilitando aún más sus economías; sin embargo, las autoridades estadounidenses pueden juzgar que sus esfuerzos son insuficientes y, por tanto, a través de un procedimiento llamado de certificación, imponer castigos económicos. (La certificación es una medida adoptada por el Congreso Federal estadounidense en 1992 para vigilar el desempeño de los países latinoamericanos donde se produce y procesa droga y, en su caso, sancionar mediante la suspensión de ayuda financiera y de cooperación).

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¿Como si fueran dulces?
Apoyada en argumentos económicos, la iniciativa de Bolado, que buscará presentar ante la ONU  una vez que sea discutida por los senadores mexicanos, vuelve a un punto muy debatido: la legalización. “La única solución para controlar a las mafias es fiscalizándolas”, señala.

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La propuesta consiste en gravar con una “elevada” tasa el comercio de sustancias también llamadas psicoactivas, tal como se hace con el alcohol y el tabaco. Los fondos recaudados, agrega, se dirigirían a programas oficiales de prevención, tratamiento y rehabilitación, de personas con problemas de adicción, cuyo número va en aumento. Sin abundar en detalles, aclara que de lo que se trata “es de discutir si la actual política antidrogas funciona y cómo funcionaría de ser diferente.”

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El objetivo final de la legisladora, quien asegura que hay otras propuestas similares que también serán enviadas al organismo internacional para su debate, es que México dedique más recursos a la prevención y a la rehabilitación, que a la persecución. “Son ya muchos años en los que no se ha podido erradicar el narcotráfico mediante la represión.”

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Aún falta salvar algunos escollos. Habrá que ver si los senadores del propio partido de Bolado, el pan, están dispuestos a apoyar el proyecto. Y aún así, todavía deberá ser discutido en las comisiones pluripartidistas, para luego pasar al pleno del Senado. La propuesta podría ser rechazada, acepta, aunque afirma que la actual legislatura está obligada a analizarla.

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El mayor obstáculo no está, empero, dentro del Senado, sino en la calle. La desinformación, afirma, lleva a pensar a la gente que, al poner un impuesto a la compra de drogas, éstas se venderían “como si fueran dulces”.

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