Una política económica democrática

Conviene insistir en uno de los aspectos más importantes del mensaje presidencial del 1º de septiembre, que fue su convocatoria a diseñar una política de Estado para el crecimiento económico. Como era de suponerse, esta propuesta dio lugar a que se intensificara el debate que sostienen –en múltiples foros– los diferentes sectores de la sociedad acerca de la actual política económica.

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Lo cierto es que el Ejecutivo no se podía mantener ajeno a los juicios que –a favor y en contra– se hacen en torno a la estrategia aplicada por su administración. Tomando en cuenta que el proceso electoral del pasado 6 de julio abrió la probabilidad de que en el año 2000 se dé una alternancia en el poder, no puede dejar de considerar la posibilidad de que un gobierno diferente modifique su política económica.

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Son muchos los aspectos que están en discusión y quizá uno de los temas que muestra con más nitidez la importancia de llegar a acuerdos trascendentes es el relacionado con la privatización de la petroquímica. El rechazo social que propició esa medida obligó a modificar, en diversas ocasiones, el esquema de privatización. La falta de consenso –o, al menos, de normas transparentes que legitimen ante la mayoría de la población la toma de ese tipo de decisiones, que les den– implica el riesgo de que otros gobiernos quieran dar marcha atrás e incluso lleguen a tener la propuesta de corregir esos procesos como bandera política.

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Por eso urge un debate auténtico, amplio y, como lo señaló Ernesto Zedillo, con honestidad intelectual.

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Desafortunadamente para este gobierno, su política económica encuentra un cada vez mayor rechazo social. Lo que es peor, existen cifras de la realidad económica, así como experiencias internacionales y -desarrollos teóricos muy serios que cuestionan las bondades de la forma en que se combinan en la actual política económica los diferentes objetivos y herramientas.

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Entre los aspectos que se cuestionan está la manera como se pretende combatir la inflación. Nadie desea un desorden de precios; lo que es difícil de aceptar es que para ello se adopte como único camino el subsidio cambiario a la competencia externa. En los hechos está claro que el gobierno no ha considerado la posibilidad de eliminar la inflación mediante la promoción de la competencia interna y aumentos de la productividad.

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Tampoco se rechaza la necesidad de eliminar trabas a la inversión privada productiva. Sin embargo, eso no debe significar que el Estado renuncie a su obligación de ofrecer servicios eficientes, que se cubran con el pago de impuestos, de distribuir socialmente la riqueza nacional –por ejemplo, la que se deriva del petróleo– y garantizar la convivencia civilizada.

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Además, la definición misma de inversión privada no debe limitarse a considerar en ella a unas cuantas empresas. Hay proyectos que ya no se deberían retrasar más, como el ferrocarril transístmico, que no se ha logrado destrabar porque se ha ignorado la participación de los interesados. La nueva política económica deberá considerar que antes de imponer, sería conveniente dejar que autoridades elegidas democráticamente busquen e impulsen el beneficio social, y vigilen ese tipo de proyectos con gran potencial productivo e impacto regional.

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No es imposible lograr un acuerdo entre los diferentes sectores para que el gasto público se mantenga en relativo equilibrio. Nadie debe gastar más de lo que está en posibilidades de pagar, pero lo mismo deberá aplicarse a la deuda que se heredará a los próximos gobiernos. Por otra parte, este criterio exige que los recursos se apliquen con la mayor honestidad posible y se creen las instancias que eliminen cualquier posibilidad de impunidad ante -ilícitos con recursos públicos.

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También hay que definir el escenario en que deberá operar el ahorro que generarán las Afores. Mientras se siga jugando con una estabilidad ficticia, esos recursos se orientarán a la especulación. A -diferencia de lo que se hace ahora, se requiere generar las condiciones para desarrollar inversiones productivas y competitivas.

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Gracias al avance democrático, ahora es posible diseñar una política económica de Estado en la que prevalezcan los equilibrios, pero cambien las formas para lograrlos. Sólo que antes será conveniente definir qué tipo de país se quiere.