Vigile a su guardaespaldas

La inseguridad ha propiciado el florecimiento de empresas que, en teoría, protegen a los particular
Verónica García de León

Casi 80% de las 760 empresas de seguridad privada que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene en sus listas, obtuvieron su registro en los últimos dos años. Este fenómeno parece responder a un solo hecho: el incremento de la inseguridad pública, que cada vez afecta más a las empresas.

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Las cifras dan luz sobre las precarias condiciones de seguridad y la incapacidad de los cuerpos -policíacos para contenerla. En el Distrito Federal, durante 1996, el índice delictivo se incrementó 15% respecto al año anterior. De 683 delitos diarios, 75% fueron robos, sobre todo a negocios.

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Según informes oficiales recientes, en la ciudad de México operan más de 1,000 bandas delictivas. Debido a lo anterior, se elevó 60% el presupuesto para los cuerpos de seguridad y se les dotó de armamento especializado, pero, como alguna vez dijo David Garay Maldonado –cuando dirigía la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)– “no existen ni genios ni iluminados que puedan reducir el índice delincuencial”.

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A falta de “genios e iluminados” y con corporaciones oscurecidas por la corrupción y la negligencia, cada vez más empresas y particulares optan por los servicios privados de seguridad. “La seguridad es uno de los aspectos en el que muchos hemos tenido que colaborar, para suplir lo que no nos da el gobierno”, afirma Alberto Lascuráin, ex presidente de la Asociación Mexicana de Sistemas de Seguridad.

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“Con todo, la inseguridad en México no ha llegado a los niveles europeos”, tuerce Ramón Requeijo Abad, presidente de una -holding que incluye a Impacto Seguridad (escuela de adiestramiento), Euro Americana (servicios de guardias) y Nutrónica (firma española con 30 años de experiencia en sistemas de seguridad en Europa y África).

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EMPRESAS: EL PRINCIPAL BANCO
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El innegable aumento en la demanda de servicios de seguridad privada cambió este año su tendencia: “Antes, 90% de la demanda estaba concentrada en casas, pero a principios de 1996 se revirtió hacia las empresas”, confirma Lascuráin.

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Esto ha motivado el auge de empresas que manejan sistemas electrónicos de seguridad y servicios de guardias; sin embargo, muchas de ellas no cumplen con los requisitos mínimos para su constitución, ni ofrecen ninguna clase de garantías. Y si bien la necesidad ha hecho que la gente empiece a conocer un poco más este giro de negocios, aún se carece de una cultura en seguridad. Aunque, subraya Lascuráin, la Asociación Mexicana de Sistemas de Seguridad –con 25 afiliados dedicados a la seguridad electrónica– tiene entre sus objetivos dar cursos de capacitación a particulares y empresarios.

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Hablar de seguridad privada es hablar de arcos detectores de metal, cercas electrificadas, circuitos cerrados de televisión, exclusas blindadas, perros entrenados y guardias. Pero, a decir de Pedro González Baquerín, director general de Euro Americana, “el tema de la seguridad no sólo es custodiar valores y tener guardias personales; es mucho más que proteger a una empresa de robo y asalto; se trata de hacer un estudio de riesgos tanto humanos como materiales ante cualquier eventualidad”.

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Requeijo coincide con él y enfatiza, además, en la importancia de detectar las necesidades reales de protección de cada empresa para instalar un sistema “hecho a la medida”. Aunque en sistemas contra robo, dice, hay mayor flexibilidad, cuando se involucra a guardias personales el estudio debe ser más profundo, “pues se necesita conocer los hábitos del empresario, de sus empleados más cercanos y de sus familiares, así como de proporcionar una serie de observaciones preventivas a cada uno de ellos”.

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Según Lascuráin, para quien las ofertas disponibles en México cumplen con las normas mínimas de calidad, los sistemas de circuito cerrado brindan a las empresas algunos beneficios adicionales, como supervisar a su personal. Control rígido o mayor productividad, según se vea.

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LOS VILLANOS SÍ USAN BALAS
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¿Existe algún convenio con los cuerpos de seguridad del Estado? Tajante, Requeijo responde: “No podemos llevar ningún tipo de acuerdo con instituciones -policíacas. Estaríamos fuera de la ley”. Lascuráin es más franco: “No hay un convenio escrito sino -entendido , como apoyo a nuestro servicio”.

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La Ley de Seguridad Pública establece que las compañías de seguridad privada no pueden desempeñar funciones propias de las corporaciones estatales ni participar en la investigación de delitos o en la procuración de justicia. “Resulta claro que de existir algún convenio no lícito (entre ambas), se trataría de un acto de corrupción”, advierte, por su parte, el asambleísta Rafael Luviano, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea de Representantes del DF.

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Requeijo opina, sin ahondar, que “el mundo de la seguridad es mucho trabajo en equipo; eso es lo único que puede combatir a la delincuencia, que sí está unida; por eso el hampa nos aventaja”. Lacónico, agrega: “Debería haber más unión de estas empresas con los cuerpos de seguridad del Estado”.

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En el ámbito de las guardias personales la situación es compleja: su margen de acción se ve drásticamente reducido por la prohibición de portar armas de fuego. “Sólo las pueden portar los elementos de las empresas que cuenten con la autorización para funcionar como servicio privado de seguridad y con el visto bueno de la Secretaría de Gobernación”, dice Luviano. Si un guardia se enfrenta con delincuentes, lo que procede es “obstaculizarlos” o “inmovilizarlos”, llamar a la policía y hacer entrega íntegra del -paquete. Sólo la policía puede hacer una detención.

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El cliente, pues, debe saber cuáles son los alcances de cada compañía, si tiene policías o guardias propios, etcétera. En todo caso, Lascuráin deslinda: “Nosotros somos ayudantes, no vamos a suplir nunca a las corporaciones -policíacas”.

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FALLAS, VACÍOS Y "FANTASMAS"
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En marcada coincidencia, las compañías de seguridad privada consultadas opinan que son dos los principales problemas del sector: el factor humano y la proliferación de empresas “fantasma”.

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Contratar un servicio sin tomar ciertas precauciones puede ser como meterse a la boca del lobo. Las compañías proveedoras de equipos y de elementos de seguridad suelen enfrentarse con gente incapacitada o deshonesta dentro de su nómina. “Tenemos que garantizar la integridad de nuestros empleados –dice Lascuráin–; quien trabaja con nosotros debe ser investigado y controlado, pues tiene acceso a las áreas más críticas de la empresa que nos contrata”.

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Requeijo atribuye los yerros del factor humano a “una falta de cultura en nosotros, los empresarios, para capacitar a la gente no sólo para tomar un tolete, sino también en otros aspectos”.

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Para los servicios de seguridad con guardias, afirma el presidente del consorcio español, se tienen que presentar “infinidad” de documentos (alrededor de 30) ante la Secretaría de Gobernación y la SSP, las cuales –si se cumplen los requisitos– sólo expiden una constancia para trabajar. “Sin embargo, aunque la compañía esté dada de alta, existe el riesgo de que actúe fuera de la ley, porte armas, no pague impuestos, utilice uniformes con colores prohibidos (negro y verde, que sólo con permiso pueden usarse) o que no lleven escudos”, advierte.

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Es frecuente encontrar en una compañía de seguridad privada a ex policías dados de baja. Según Luviano, en general son elementos que salieron de la corporación por incumplimiento, por abuso de autoridad o por actos de corrupción. “Aunque existe un registro de personal para investigar sus antecedentes, es claro que la arraigada corrupción en las policías podría propiciar que elementos no del todo capaces y a todas luces peligrosos ingresen a compañías privadas de seguridad”, advierte y agrega que la clandestinidad es otro fenómeno que representa un fardo para estas compañías privadas y una amenaza para los clientes potenciales. Según el asambleísta, sólo en el Distrito Federal existen 611 empresas notificadas, de las cuales 317 (51.8%) carecen de registro. Es decir, no están sujetas a reglamento alguno.

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Además, en todo el país hay entre 120 y 150 compañías constituidas legalmente, especializadas en la instalación de equipos, que cumplen con las normas de seguridad internacionales, aunque Lascuráin aclara, molesto, que no hay una legislación para instaladores de sistemas de seguridad, lo que facilita que personas que sólo buscan hacer negocios de un día vendan equipos electrónicos sin garantía y mal instalados.

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En todo caso, finaliza González Baquerín, “hay que partir de la base de que la seguridad no es perfecta; hay que buscar que la empresa sea legal, profesional y que entonces ella les diga cómo asegurarse. El cliente debe confiar en ese profesionalismo... pero siempre con sus reservas”.

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