Válvula de escape

Después de serias presiones de la iniciativa privada, el gobierno resuelve fija en $4 dólares el p
Lucía Pérez-Moreno

Los empresarios recurrieron a toda clase de estrategias para que el gobierno los escuchara. Algunos incluso amenazaron con llevar sus casos a tribunales internacionales para terminar con el monopolio de Pemex. Finalmente, las cúpulas alcanzaron un acuerdo con las secretarías de Energía y de Hacienda para que Pemex modere los precios del gas natural.

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El acuerdo consiste en reforzar el esquema de coberturas de riesgo al fijarse un precio de referencia de $4 dólares por BTU (unidad de comercialización) que será inamovible durante tres años. Esto, independientemente de si sube o baja el precio del sur de Texas, que seguirá siendo el de referencia en el país.

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Los empresarios no quedaron totalmente satisfechos, según sus cálculos, el costo de producción por cada BTU de gas natural ronda en México los 60 centavos de dólar, mientras que las autoridades de Energía afirman que se ubica en $2.50 dólares. Sin embargo, todos avalaron el pacto porque saben que la cotización no regresará a sus niveles de los años 90, cuando rondaba los $2 dólares por BTU. La falta de inversiones en Estados Unidos para desarrollar nuevos campos de gas y ampliar la red de gasoductos ha provocado una escasez del combustible en los estados sureños de ese país, que difícilmente se resolverá en los próximos años. Entretanto, en California se declaró una “emergencia energética grado tres” porque el suministro de gas ya no alcanza para alimentar las centrales eléctricas.

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En México tampoco se ve un futuro prometedor. De acuerdo al estudio Gas Natural: Prospectiva 2000-2009, para finales de la década México estará importando 23% de su consumo, contra 5% en 2000. “Habrá una contracción en la oferta ante una menor disponibilidad de recursos presupuestales”, dice el estudio. El programa estratégico lanzado por el anterior gobierno habla de la necesidad de invertir $12,000 millones de dólares en la próxima década para garantizar el abastecimiento interno, pero hasta ahora el Congreso sólo autorizó destinar $5,000 millones de dólares a esta industria.

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Tímidamente, el gobierno y las grandes cúpulas empresariales hablan de concesionar la exploración y explotación del gas natural, con argumentos similares a los que utilizan para promover las inversiones privadas en el sector eléctrico. El objetivo es avanzar en las reformas al artículo 27, iniciadas en 1995, que ya permiten invertir en el transporte, distribución y almacenamiento del gas natural. Sin embargo, hay voces críticas que reprueban el esquema. “La privatización de la industria sólo beneficiaría a quienes obtengan las concesiones; no se les puede obligar a asumir el compromiso de atender las necesidades del país vendiendo más barato aquí que en el exterior”, dice.

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