¿Corte y queda?

Hasta antes de 2006 se filmaban seis películas mexicanas al año. Hoy, la cifra llega a 70. Esta multiplicación es producto de la ‘Ley 226’ con la que la industria cinematográfica capta 500 millones de pesos (mdp) al año de personas físicas o empresas que aportan hasta 20 MDP (o 10% de su ISR) a alguna producción nacional.

Pese a la explosión, 30% de estas películas no llegan a las salas. “A muchos cineastas nos preocupa el manejo ineficiente en la aplicación de estos recursos”, dice Matías Erenberg, productor de Sexo, pudor y lágrimas.

Un comité integrado por representantes de Conaculta, Imcine y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elige los proyectos a los que el contribuyente puede destinar parte de sus impuestos.

Sin embargo, muchas de las cintas seleccionadas no llegan a la pantalla grande, no por culpa del exhibidor o el distribuidor, sino porque las reglas con las que el comité elige son “poco claras”, señala el cineasta.

Este incentivo ha generado dos tipos de producciones: las que sólo buscan la retribución comercial y las que no piensan en lo que quiere el público, sólo en los festivales, señala Armando Casas, director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC).

Erenberg teme que cada vez más películas queden inconclusas o no lleguen a las salas de cine, pues esto puede desmotivar a los inversionistas.

“Si un inversionista escoge el proyecto adecuado y a la película le va bien, recuperará su inversión y obtendrá utilidades”, dice. Pero añade que si las reglas de selección no se endurecen, el gobierno podría cuestionarse si vale la pena destinar este estímulo a la industria del cine y se volvería a apagar lo que podría ser la segunda época de oro del cine mexicano.