¿Cuándo caminará la banca?

El sistema sigue inmóvil. Pese a ello, hay una ruta trazada y fecha de llegada, el año 2003. Los r
Ulises Hernández

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no tiene una sede propia donde albergar a sus flamantes funcionarios. El secretario ejecutivo y los cuatro vocales en funciones comparten sus oficinas con los ex directivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el cual subsiste temporalmente con fines auxiliares.

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Todos, a su vez, ocupan varios pisos del edificio de Paseo de la Reforma, que albergó en alguna ocasión a Banca Cremi, uno de los dos bancos quebrados por el empresario yucateco Carlos Cabal Peniche. Pero, como se podrá entender, ese edificio abriga intensas historias, entretejidas en muy corto tiempo; el mismo inmueble se encuentra en proceso de liquidación, al igual que el resto de los activos de Cremi; tarde o temprano aparecerá un comprador. Mientras tanto, los directivos del IPAB negocian la renta de un espacio físico con Nacional Financiera (Nafin).

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La anécdota no es trivial; es una muestra simbólica de que el sistema financiero sigue padeciendo las secuelas de la crisis bancaria de 1995. Pese al multimillonario programa de rescate implementado por el gobierno –estimado en $60,000 millones de dólares–, la banca no ha logrado recuperarse, ni mucho menos consolidarse. Esto retrasa aún más la reactivación del crédito y, por tanto, la recuperación de la economía. Autoridades, banqueros, analistas y académicos reconocen las debilidades del sector y coinciden en que los bancos necesitan aumentar tanto los niveles de capitalización como los montos de reservas preventivas; eso significa capital fresco por unos $5,000 millones de dólares.

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Pero consolidar a la banca requiere más que sólo dinero, de acuerdo con analistas; hace falta también hacer cambios legales que mejoren la supervisión y regulación de la operación bancaria, a fin de evitar que las autoridades incurran en los mismos errores y omisiones del pasado reciente. También coinciden en la necesidad de crear un marco de seguridad jurídica que norme la actividad crediticia, por lo que apoyan una nueva ley sobre garantías de crédito e impulsan modificaciones a la legislación de quiebras y suspensión de pagos.

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Por estas y otras razones, la consolidación del sistema bancario no está a la vuelta de la esquina. El fortalecimiento del sector no se dará sino hasta dentro de tres años y medio –a partir del 2003–, de acuerdo con estimaciones oficiales, cuando las nuevas disposiciones en materia del seguro de depósitos bancarios empiecen a eliminar la cobertura total de la que gozaban las instituciones. “Cuando lleguemos al 1º de enero de ese año, el sistema financiero mexicano tiene que estar totalmente consolidado”, precisa Vicente Corta, secretario ejecutivo del IPAB.

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El arranque de operaciones de este instituto, el cual sustituye al Fobaproa desde el pasado mes de mayo, marca el inicio de lo que las autoridades y banqueros consideran la última etapa del proceso de consolidación de la banca. Sin embargo, y pese a la confianza y optimismo imperantes, de aquí al 2003 se interpone un factor que puede generar incertidumbre y por tanto, afectar el desempeño de la economía y los bancos: el proceso electoral del año 2000.

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Sequía de créditos e incertidumbre
Los bancos no han podido reponerse de su propia contingencia, no obstante que han pasado cuatro años y medio desde la crisis devaluatoria. Por lo tanto, han sido cuatro años y medio de sequía de créditos que el aparato productivo nacional ha resentido.

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El financiamiento privado atraviesa por “el peor momento” de su historia, reconocieron públicamente en marzo pasado, Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México (Banxico), y Patricia Armendáriz, vicepresidenta de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con estadísticas de dicha comisión, el volumen de la cartera de crédito de la banca comercial cayó 31% en términos reales entre diciembre de 1994 y diciembre de 1998. Sólo durante el último trimestre de 1997 hubo un ligero repunte de la actividad crediticia.

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“Desde la crisis, la banca no ha registrado tasas de crecimiento positivas”, admite a su vez Pedro Zorrilla, director técnico de la Asociación de Banqueros de México (ABM). “No ha habido nuevo financiamiento, se ha mantenido cierto stock ”.

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El argumento de los banqueros es que las condiciones del mercado –con un nivel promedio actual de tasas de interés superior a 20%– no son favorables para reanudar el financiamiento. Los créditos que llegan a otorgar los bancos son escasos y caros, por lo que los ingresos tradicionales del sector –esto es, sus márgenes financieros– han disminuido considerablemente, además de que la captación de depósitos tampoco ha aumentado de manera significativa. En consecuencia, la banca ha invertido buena parte de sus recursos en papel gubernamental y en acciones.

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Varios analistas censuran esta actitud de los bancos de mantener cerrada la llave del crédito, a la vez que se allegan recursos a través de inversiones diversas. “Lejos de ser el intermediario de siempre, es decir, el que capta por un lado recursos del ahorrador y por el otro los canaliza al inversionista, los propios bancos están invirtiendo en las bolsas (de valores)”, explica Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

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Zorrilla admite que ésta “no es la naturaleza de la función de los bancos”, pero anticipa que la recuperación del crédito comenzará a darse a finales de 1999, bajo el supuesto de que haya una mejoría de las condiciones económicas del país.

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La fragilidad del sistema financiero mexicano no está a debate. Todos los involucrados en este medio reconocen la seriedad de las dificultades por las que atraviesa. La cartera vencida del sistema en su conjunto rebasó los $100,000 millones de pesos durante el primer trimestre de este año. Esto se tradujo en un índice de morosidad de 11.5%, uno de los más altos de los últimos seis trimestres.

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Por otro lado, los expertos coinciden en que uno de los puntos débiles de la banca es su base de capital y su capacidad de generar reservas preventivas para enfrentar los créditos vencidos. “El sistema financiero no ha podido salir de su estado de fragilidad, el cual se muestra tanto por el lado de la capitalización, como por el de las carteras vencidas”, indica Alejandro Villagómez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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Las autoridades, que se han comprometido a seguir apoyando a la banca a través del IPAB, han fijado el año 2003 como fecha clave para que las instituciones financieras concluyan su proceso de consolidación. Y también han marcado los lineamientos que habrán de seguir para ello. “El primer requisito es que los bancos estén sólidos, plenamente capitalizados, con reservas plenas y que todos sus criterios contables sean perfectamente consistentes con los que se usan en otros países”, señala Corta. La idea, expone el funcionario, es tener una banca competitiva, con el mismo nivel de salud financiera que la que tienen los países con los que México mantiene relaciones comerciales y económicas.

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El IPAB jugará un papel central en el proceso. En vista de que su función central es brindar seguridad a ahorradores y depositantes, modificará las reglas que prevalecían hasta ahora en materia de salvaguardas de depósitos. Antes, el Fobaproa garantizaba una amplia gama de operaciones bancarias con el propósito de proteger los intereses del público ahorrador. A partir de junio de este año, el nuevo instituto se encargará de ir disminuyendo de manera gradual la cobertura prácticamente ilimitada que el gobierno otorgaba a los bancos: reducirá el tipo de obligaciones garantizadas y establecerá como tope al seguro de depósitos 400,000 unidades de inversión (UDIS) –aproximadamente $1 millón de pesos– por persona (física o moral) y por institución.

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Bajo este esquema, las instituciones bancarias serían las primeras en asumir sus propios riesgos, tal y como sucede en la mayoría de los países. El organismo fijó un plazo de seis años para llegar a este techo con la idea de dar tiempo suficiente a los bancos para capitalizarse y fortalecerse. No obstante, la fecha clave será el 1º de enero de 2003, cuando la protección se reduzca de tajo a 10 millones de UDIS. Un año después, se reducirá a cinco millones y, finalmente, el primer día del año 2005 quedará en 400,000 de estas unidades por depositante.

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Según el IPAB, con el nuevo régimen de salvaguardas quedaría cubierto 95% de las cuentas bancarias del sistema, lo que significa que los depósitos de los pequeños y medianos ahorradores estarían totalmente protegidos. Entre las operaciones que quedarán excluidas de la cobertura figuran las obligaciones subordinadas, los créditos interbancarios y las operaciones de derivados.

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El gobierno ha decidido que el fortalecimiento de la banca requiere de nuevas leyes que permitan mejorar las labores de supervisión y regulación. En el paquete de reformas al sistema financiero que el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso en marzo del año pasado, se incluyó una iniciativa para desligar a la CNBV de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otorgarle plena autonomía e independencia. La idea es que la comisión pueda tomar decisiones técnicas sin ningún tipo de presión gubernamental. Pero dicha iniciativa, al igual que otro proyecto de ley que pretende otorgar al Banxico mayores facultades sobre las políticas monetaria y cambiaria, sigue atorada. Al cierre de esta edición, era tema de discusiones en el recinto legislativo de San Lázaro.

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Los banqueros, por su parte, han reclamado mayor seguridad jurídica como una condición para reanudar el crédito. En respuesta, el pasado mes de abril el presidente Zedillo envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley Federal de Garantías de Crédito, la cual otorgaría a los bancos y acreedores en general mayores facilidades para constituir y ejercer acción jurídica contra deudores en situación de insolvencia. Esta propuesta tampoco había sido aprobada por los legisladores.

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El fantasma de la cartera vencida sigue presente en la mente de los banqueros. La preocupación de no poder recuperar sus inversiones los ha llevado incluso a solicitar tribunales especiales dedicados a resolver conflictos sobre préstamos bancarios. También han solicitado que se hagan modificaciones a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, un viejo ordenamiento que ha sido rebasado con el paso de los años y que, acusan los banqueros, ha sido utilizado para cometer abusos en contra de los acreedores. Las autoridades estudian posibles cambios a esta ley.

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El maleficio mexicano
La consolidación de la banca implicará necesariamente una recomposición del escenario en todo el sector. Prácticamente es un hecho que de aquí al 2003 habrá varios cambios de mando y disminuirá el número de bancos.

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No sólo porque para entonces las fusiones pendientes de Bital-Atlántico y Bancomer-Promex (hoy condicionadas a los programas de saneamiento del IPAB) deberán de haberse concretado, sino porque otros bancos en apuros, como Bancrecer y Serfin, tendrán que haber encontrado una salida definitiva a sus problemas de capitalización.

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Por lo demás, subsistir en circunstancias tan difíciles de competencia será un reto para todos. “Como vienen evolucionando las cosas en el campo financiero mexicano, creemos que el número de instituciones se reducirá”, prevé Antonio José Uribe, vicepresidente y director nacional para México de The Bank of Nova Scotia. “Habrá muchos bancos que se van a fusionar o se van a liquidar, porque las condiciones de mercado no dan la posibilidad de que haya tantas instituciones financieras.”

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Banco Bilbao Vizcaya, un jugador llegado al mercado mexicano en 1995 con planes de expansión al resto de América Latina, ha expresado su interés por adquirir Bancrecer.

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Pero, para que los pronósticos de la recuperación se cumplan, la economía mexicana tendrá que haber hecho su parte; sobre todo porque hay ciertos factores internacionales que podrían afectar su desempeño. En conferencia de prensa, el presidente de la ABM, Carlos Gómez y Gómez, dijo a finales de mayo que entre las preocupaciones de su gremio están la volatilidad registrada en los mercados financieros de Brasil y Argentina y la incertidumbre generada por la probabilidad de alzas en las tasas de interés de Estados Unidos. “La parte interna no nos tiene preocupados, lo que nos sigue preocupando es la volatilidad externa.” La experiencia de 1998 –año en que la crisis financiera global y el desplome mundial de los precios del petróleo provocaron un menor ritmo del crecimiento– está en la memoria de todos.

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Otra preocupación latente son las elecciones presidenciales. Las últimas cuatro crisis económicas han estado ligadas –así haya quien crea que ha sido coincidencia– con los últimos cuatro cambios de gobierno: el popularmente llamado “maleficio mexicano”. Aunque esta vez, algunos creen que el proceso electoral que se avecina traerá un componente de incertidumbre adicional: la posibilidad de que el PRI pierda los comicios y se la arrebate un partido de la oposición. El escenario de alternancia en el poder y sus efectos sobre la continuidad del proyecto económico aumenta esas preocupaciones, lo mismo que la posibilidad de que se produzca un relevo accidentado. En la citada conferencia, Gómez y Gómez dijo que “queremos tener unas elecciones muy limpias, muy transparentes, democráticas y sin traumas sexenales”.

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Debió decir: sin otro trauma sexenal; el anterior aún no termina, sobre todo para los bancos.

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