¿En qué quedamos, señor presidente?

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La imagen de honestidad con la que el presidente Ernesto Zedillo inició su mandato ha perdido eficacia y, peor aún, se ha puesto en su contra. Basta contrastarla con las decisiones de los diputados de su partido, el PRI, en torno a la aplicación de la ley a sus prominentes miembros y ex gobernantes. 

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Cada uno puede tener su propia explicación sobre las causas de la corrupción y la manera como debiera, cuando menos, intentar combatirse. Pero es evidente que no todas las voces tienen el mismo peso.

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En el caso del presidente Zedillo, más que explicaciones se trata de compromisos, porque el cargo presidencial no es para formular percepciones de la realidad, sino para dar soluciones. Es una lógica muy sencilla, desde el punto de vista ciudadano, a la que los legisladores priístas parece que jamás podrán ajustarse. Así lo evidenciaron cuando levantaron sus dedos en la Cámara de Diputados para cerrar las indagaciones del caso Conasupo.

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Al votar contra el esclarecimiento de los asuntos sucios de Raúl Salinas de Gortari —capítulo Conasupo—, los priístas están asestando un golpe a la confianza interna y externa en el país y, sobre todo, están exhibiendo cuál es la verdadera dimensión de la palabra presidencial, que no deja de prometer que vivimos un estado de derecho, que los mexicanos ya no seremos testigos de más actos de impunidad.

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Asimismo, la decisión priísta deja lugar a grandes suspicacias. El nombre del propio primer mandatario apareció en las investigaciones del caso Conasupo como el responsable —en su carácter de secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio pasado— de la autorización de la entrega de un cheque millonario a Grupo Maseca, propiedad del regiomontano Roberto González Barrera, quien alcanzara un crecimiento espectacular durante el sexenio de su buen amigo, Carlos Salinas de Gortari.

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Este nuevo carpetazo pone en duda la voluntad presidencial de combatir la impunidad y aplicar la ley sin distingos. Pareciera también que el régimen actual está dispuesto a pasar a la historia como la administración de los casos irresueltos: asesinatos de figuras políticas relevantes, masacres de campesinos, fraudes, enriquecimientos ilícitos...

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¿Dónde queda después de esto la de por sí maltrecha confianza en las promesas gubernamentales? ¿Debemos los mexicanos atenernos una vez más a los dictados priístas, vulgarmente simbolizados en el ademán de su líder legislativo Humberto Roque Villanueva? ¿Así se responde a los votos depositados a su favor en las urnas en agosto de 1994?

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No consuela a nadie que le digan que la corrupción es un flagelo universal, menos aun cuando, en México hoy, para todos es evidente que ha permeado todas las esferas del poder, sin importar su rango o naturaleza.

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