¿Hacia dónde irá la petroquímica?

La nueva estrategia para impulsar a la petroquímica es una opción que, en el papel, promete el des
Alejandro Castillo

Después de un prolongado periodo en el que la industria petroquímica estatal resintió la indefinición y el abandono por parte del gobierno, parece que, en el papel, se ha encontrado un esquema para desarrollar a esta industria estratégica.

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En México, la propiedad y administración de los bienes públicos siempre ha sido objeto de polémica, debido a la incapacidad manifiesta de las administraciones gubernamentales para hacer un uso eficiente y honesto de ellos. La polémica se hizo más intensa a partir de que en el mundo se fortaleció la teoría de que el Estado debería retirarse de toda actividad económica, como parte de la “reforma estructural” de las naciones.

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Por supuesto, México no fue ajeno a esa corriente. Aparte de la dependencia intelectual o la actitud interesada de miembros de la administración gubernamental, la propuesta a favor del libre mercado fue bien recibida por vastos sectores de la sociedad, ya que era evidente que la presencia del Estado había -crecido en exceso, en áreas en las que no se justificaba, dando lugar a corruptelas que quedaban sin castigo.

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Sin embargo, el proceso se complicó al comprobarse que, en buena parte, la forma en que se había llevado a cabo el “cambio estructural” –sin participación de la sociedad, sin una estricta fiscalización de los procesos– fue la pantalla con la que se ocultaron buenos negocios privados, a costa de malos negocios públicos.

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En ocasiones, los funcionarios que llevaban al fracaso a las empresas públicas eran los mismos que a los pocos meses se levantaban, por lo menos, como exitosos asesores.

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Así, se puede decir que la sociedad mexicana quedó entrampada entre la necesidad de evitar la corrupción en las empresas públicas y la urgencia de garantizar que los bienes disponibles se utilicen realmente para resolver los graves rezagos que enfrenta México.

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En este caso, los alcances de una decisión económica se encuentran limitados por las deficiencias del régimen político. Hay quienes proponen la venta de paraestatales como una forma de impulsar la democracia y otros que consideran que en las actuales condiciones esa venta sólo sirve para legitimar el latrocinio y el abandono de tareas que resultan básicas para el fortalecimiento del país. El problema está en que, sin instancias que sirvan de contrapeso al poder, sin una estricta fiscalización de las acciones del gobierno, las empresas públicas son fuente de corrupción, y la venta de empresas públicas no fue ajena a ese fenómeno.

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En petroquímica, mucha irresponsabilidad
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El caso de la petroquímica y en general de Pemex es, quizá, el que más ha dañado al país. Años de irresponsabilidad en el manejo de esos recursos han llevado a México a abandonar y perder avances en una actividad que bien pudo -constituirse en el nicho que le permitiera competir y ganar mercados internacionales. Todavía se puede lograr.

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Lo que sucedió antes fue que, llevados por posiciones doctrinarias en el sentido de “adelgazar” al Estado a toda costa, los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari frenaron las inversiones orientadas a la industrialización del petróleo y comenzaron a abrir espacios a la inversión privada. Los productos petroquímicos “básicos”, en los que sólo puede invertir el Estado, sumaban 36 en 1986; en 1989 se redujeron a 20 y en 1992 quedaron sólo nueve, que no son sino los eslabones iniciales de las cadenas de hidrocarburos, que se obtienen de la primera destilación del petróleo. Fuera de esos nueve productos, para los que no se requiere ninguna transformación química, la iniciativa privada podría (y aún puede) invertir en la fabricación de cualquier otro derivado del petróleo.

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Sin embargo, faltaba definir qué trato se daría a las plantas de -inversionistas privados que en sus procesos obtuvieran como un subproducto algunos de los hidrocarburos básicos. Tampoco se tenía claro qué ventaja tendría invertir en el país, si la capacidad productiva de Pemex –principal proveedor de las nueve cadenas básicas– se mantenía estancada. Además, quedaba la duda de la forma en que se competiría contra las plantas de Pemex que elaboraban otros productos químicos. En otras palabras, era necesario estructurar un marco para garantizar la inversión privada.

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En lugar de eso, el gobierno dedicó casi siete años a promover una desincorporación total de los activos petroquímicos, periodo en que frenó la -inversión y el desarrollo tecnológico y se restó capacidad estratégica a la petroquímica de Pemex. Pero tampoco logró su objetivo, porque no pudo convencer a amplios sectores de la sociedad acerca de las bondades de su empeño. Si las instalaciones de Pemex–Petroquímica eran obsoletas, ¿por qué habría interés en comprarlas?; si requerían inversiones, ¿por qué no destinar a ese fin las utilidades que generan?; si los inversionistas foráneos mostraban tanta disposición a invertir en esa rama, ¿por qué no construían plantas nuevas?

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Por fin, algo de imaginación
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La Secretaría de Energía ha encontrado una propuesta que, según el gobierno, podría destrabar el desarrollo de este sector industrial (aunque varios inversionistas se han pronunciado en contra). En la “Nueva Estrategia para la Industria Petroquímica” se ofrece un camino para capitalizar a Pemex Petroquímica, delinear cadenas industriales, propiciar la competencia en esta rama y hacer posible la fiscalización por parte de la sociedad.

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En términos generales, su propuesta consiste en dividir a Pemex-Petroquímica en empresas filiales, de las cuales el gobierno conservará 51% del capital y bursatilizará el 49% restante, con un régimen fiscal que le permitirá invertir utilidades y en un marco en el que la inversión privada podría encontrar reglas claras para competir incluso contra esas filiales de Pemex.

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Pero este no sería el fin del camino, sino apenas el inicio de un largo proceso en el cual la sociedad habría de vigilar que los administradores de las nuevas empresas cumplan con los requisitos para aprovechar competitivamente los recursos del país, generando empleos productivos y con un manejo honesto. Por otra parte, la decisión de -bursatilizar 49% del capital de las nuevas empresas abre la posibilidad de invertir en una actividad que, con un nuevo régimen fiscal, podría alcanzar altas tasas de crecimiento.

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