El veredicto fue fulminante: “Conasupo ya rindió lo que pudo rendir.” La declaración de Jorge Moreno, director jurídico de la Secretaría de Agricultura, pasa la factura al Congreso, que decidirá si tiene sentido que la paraestatal siga en operaciones.
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Fue hace más de tres lustros que comenzó el declive de Conasupo. Tras padecer escándalos de lavado de dinero, corrupción, importación de leche radioactiva y clientelismo político, a partir de 1983 se fueron desincorporando sus empresas. Ahora el gobierno sólo posee las plantas rehidratadoras de leche de Liconsa.
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Una auditoría, realizada por el despacho privado de Carlos Daza, reveló que Conasupo tiene un agujero de, al menos, $9,000 millones de pesos. Como presuntos responsables están señalados 337 funcionarios de todos los niveles. Para colmo, el monto total de la deuda de las empresas que compraron las plantas de Liconsa está en el Fobaproa.
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¿Liquidar? Moreno evita apoyar la venta de la empresa. Está convencido de que “hay que buscar alternativas para que el Estado no abandone sus apoyos a los más necesitados”. Para el líder del sector campesino del PRI (la CNC), Hugo Andrés Araujo, la solución es canalizar las funciones de Conasupo a otras entidades de apoyo para campesinos y pobres.
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En Conasupo nadie se atreve a decir “esta boca es mía”. Un funcionario, a cambio del anonimato, opina que “es imposible desmantelar la empresa cuando no hay formas alternas de comercializar granos y dar crédito a productores”. También falta quizá lo más importante: la fuente de financiamiento. De 1997 a 1998 el gobierno dio $2,000 millones de pesos menos de presupuesto a la Conasupo. “Imagínese el futuro inmediato de esta empresa…”, dice con ironía.