En su quinto informe, el presidente Zedillo prometió que “no habrá manejo electoral de las finanzas públicas en el año 2000”, lo cual suena muy bien, pero ¿qué significa?
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Desde 1997, las finanzas públicas no se manejan en Los Pinos exclusivamente. ¿Qué acaso ya se nos olvidó el alboroto que se armó en la Cámara de Diputados en noviembre pasado con la discusión del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 1999? Desde que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, el Legislativo ha dejado de ser un mero signatario incondicional del Presidente y ahora participa activamente en el diseño tanto de los ingresos como del gasto público.
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Entonces, ¿podemos esperar que las decisiones que se tomarán no estarán influidas por aspectos electorales?
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No seamos ingenuos. El aumento en el precio de la gasolina que todos sufrimos en noviembre de 1998 y que ocasionó la burbuja inflacionaria de fin de año, se dio como alternativa a la oposición de los legisladores al aumento en el impuesto al servicio telefónico. Nuestros representantes argumentaron que el impacto social de dicho impuestos hubiera sido demasiado alto. Es decir, hubiera sido muy costoso, políticamente hablando. ¿No es esto un ejemplo de “manejo electoral de las finanzas públicas” por parte de los legisladores?
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Esta vez, es prácticamente imposible que alguien se atreva a proponer un aumento en los impuestos. ¡Sería suicidio político! Sin embargo, ante la sorprendente recuperación observada en el precio del petróleo mexicano, el cual alcanzó los $20 dólares por barril en fechas recientes, ¿podrán nuestros legisladores, tanto del partido oficial como de la oposición, resistir a la tentación de proponer una baja en los impuestos para el próximo año? Imagine lo popular que sería proponer una menor tasa del IVA, por ejemplo. Si algo así ocurriera, sería el Legislativo quien estaría tratando de manejar las finanzas públicas con fines electorales.
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Dado lo cerrada que está la competencia electoral, es evidente que los diversos partidos políticos aprovecharán cualquier oportunidad que se presente (y que mejor la discusión sobre la política fiscal) para intentar obtener simpatías y, más importante, votos.
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No obstante lo anterior, hay un punto que no debe estar sujeto a negociación, ya que de otra manera, lo ganado en los últimos años podría ponerse en riesgo. Se trata del tamaño del déficit fiscal. Si se propusiera un déficit público mayor a 1% el PIB, fijado como meta desde noviembre de 1999, los afectados negativamente seríamos todos en el mediano plazo.
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Por lo tanto, hay que entender la promesa realizada por el presidente Zedillo de evitar el “manejo electoral de las finanzas públicas” como un compromiso de que el balance fiscal no se pondrá en riesgo. Cualquier otra interpretación sería mucho pedir.
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El autor es economista en jefe de Santander Investment México