¿Por qué fracasaron las UDIS?

Aunque los banqueros aseguran que no fracasaron, lo cierto es que es muy difícil que se cumpla la m
Mariela Reynaud

“Es como una nueva moneda”. “Es algo que permite comprar el mismo número de cosas en el futuro”. “Son una farsa del gobierno, por eso todo mundo las llama ‘dudis’”.

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Estas son sólo tres de las 100 respuestas que se obtuvieron entre clientes bancarios en tres sucursales de la capitalina colonia del Valle. Pudo ser cualquier otra zona y una muestra mayor o menor. No se trataba de aplicar criterios metodológicos estrictos, sino sólo hacer un ensayo para sensibilizar sobre la opinión de la gente en torno a las célebres Unidades de Inversión (UDIs).

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Lo más interesante fue sin duda que de los 100 consultados sólo cinco estarían dispuestos a ahorrar o reestructurar un crédito en UDIs, pero ninguno de ellos había realizado ya alguna operación con este instrumento. ¿Increíble?

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La realidad es que los rumores comenzaron desde febrero. En plena crisis postdevaluatoria, con mercados financieros desquiciados, tasas de interés activas cercanas a 100%, desempleo en ascenso y sin un programa económico de ajuste que respaldara al gobierno, la Secretaría de Hacienda comenzó a filtrar entre los medios informativos que anunciaría en breve la solución perfecta a las agobiantes carteras vencidas de los bancos y al deficiente ahorro interno.

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¿Unidades de Fomento? ¿La experiencia chilena? ¿Rendimientos garantizados en términos reales? Las interrogantes comenzaron a permear entre la población durante cuatro semanas y, finalmente, el martes 28 de febrero el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, habló por primera vez de las hoy famosas UDIs.

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Su definición no fue muy afortunada y tampoco llana: la UDI será una unidad de cuenta de valor real constante, en la que se podrán denominar créditos, depósitos y otras operaciones financieras. A diferencia de Chile, donde las Unidades de Fomento (UF) se promovieron básicamente como herramienta para fortalecer el ahorro de la población, en México se les dio un enfoque de crédito. El momento exigía soluciones concretas para aliviar el deterioro de las carteras; sin embargo, llamó la atención la espectacularidad de las ofertas gubernamentales: reestructuración de créditos en UDIs por N$130,000 millones de nuevos pesos entre mayo y julio de 1995.

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Para ello, el sector público anunció también que estaría dispuesto a asumir un sacrificio fiscal del orden de N$7,000 millones que se irían cargando a las finanzas públicas conforme los programas en UDIs fueran avanzando. Los cuatro frentes a atacar en materia de reestructuras fueron: micro y pequeñas empresas; estados y municipios; bancos de desarrollo y créditos hipotecarios.

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Pero nada se resolvió.

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De los UDIs al ADE. Al 31 de julio de 1995 se habían reestructurado créditos en UDIs de los cuatro programas mencionados por N$5,000 millones de nuevos pesos. En agosto se lograron avances trascendentes, pero se llegó apenas a niveles cercanos a N$40,000 millones, ni siquiera 30% del programa total.

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Ante este fracaso, se anunció una nueva versión de la misma historia: el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores (ADE). Entrevistados por EXPANSIÓN, representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Asociación de Banqueros de México (ABM) y académicos evalúan los pros, contras y deficiencias de las UDIs.

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A juicio de los protagonistas del sistema financiero, los cinco factores que podrían identificarse como el origen del virtual fracaso o estancamiento de estos instrumentos son:

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  1. Falta de incentivos suficientes para los bancos por parte del gobierno.
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  3. Las instituciones de crédito no estimaron correctamente los tiempos de ajuste operativo que les tomaría la incorporación de UDIs a sus sistemas, haciendo ofertas que no podían cumplir.
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  5. Falta de comunicación de la banca con sus clientes.
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  7. Falsas expectativas generadas por organizaciones especializadas en defender a los deudores y promover la cultura del “no pago”.
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  9. El severo revés que experimentó la economía y la incapacidad de empresas y personas físicas de atender a sus obligaciones de pago, incluso luego de las reestructuras.

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“Era como cambiar de moneda. Adaptar los sistemas de los bancos a operar en yenes o cualquier otra moneda ajena al peso mexicano”, comenta David Romero, directivo de la ABM. Por si fuera poco, la gente “en línea”, esto es, los empleados bancarios dedicados a atender al público, no estaba preparada para dar la información correcta. “Esos fueron nuestros principales errores”, reconoce Romero, responsable de todos los programas de reestructuración en UDIs.

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“Al dar a conocer los programas –explica– se buscó que el deudor supiera que tenía alternativas concretas y atractivas para reestructurar sus adeudos; no generar expectativas que luego no se iban a cumplir; desafortunadamente, no existía la capacitación a todos los niveles.” Tras su diagnóstico, hace un paréntesis para aclarar que no sucederá lo mismo con el ADE, que se “ha instrumentado sin contratiempos”.

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El problema de los créditos morosos y su solución es sumamente complejo, los programas de reestructuración en UDIs no tiene trampas escondidas, se diseñaron justamente para que el deudor pueda cumplir con ellos y se vea beneficiado, asegura. “Lo que hacen las UDIs es redistribuir los pagos uniformemente a lo largo del crédito, es decir, sé evita que el deudor pague mucho al principio y poco al final del contrato. No deben entenderse como condonación de deuda.”

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Por otra parte, el deudor debe tener claro que si hoy reestructura su crédito en UDIs y en tres años entiende que le conviene más seguirlo pagando a tasas de mercado o en otras condiciones, se vuelve a sentar con su banco y renegocia los pasivos. “Nadie está llevándose la soga al cuello por reestructurar sus créditos en UDIs. No son permanentes.”

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Ayuda a bancos, no a banqueros. Esto es lo que dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Se confió demasiado en el proyecto y en la capacidad de los bancos para instrumentarlo”, anota Javier Gavito Mohar, vicepresidente del organismo.

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Ciertamente, para iniciar la renegociación de créditos en UDIs se requería todo un ajuste en los sistemas de contabilidad de los bancos y algunas instituciones de crédito pensaron que les tomaría menos tiempo del previsto. Y, pese a eso, la CNBV asegura que sí se agotarán las reestructuras previstas, aunque acepta también que el plazo para las reestructuras tendrá que postergarse a diciembre de este año o enero de 1996.

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En este sentido, Gavito señala que la aceptación de las UF tomó 30 años en Chile, lo que -sin ser referencia para México- evidencia por qué la clientela de los bancos, deudores e inversionistas, aún no demanda profusamente el instrumento. El ex catedrático e investigador del ITAM asegura que la proliferación de agrupaciones “defensoras del deudor” ha generado confusión entre los acreditados. “Se difunden erróneamente las soluciones a los problemas de cartera vencida; muchas de estas agrupaciones han hecho creer al deudor que no pagar es la mejor salida a su problema y esto es totalmente falso”.

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UDIs: poco rentables. Ignacio Trigueros, director general del Centro de Análisis e Investigación Económica (CAIE) del ITAM, asegura que las UDIs resultaban indispensables a principios de 1995 porque se requería un eje para iniciar el proceso de corrección y saneamiento de las carteras con problemas.

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Pese a ello, identifica una serie de factores por los cuales no despertaron suficiente interés entre bancos y acreditados: “En su diseño original pueden resultar poco atractivas para los bancos, porque la renegociación de créditos en dichas unidades lleva implícitos gastos notariales para el banco que no serían cargados a la institución en otras circunstancias”, comenta. Adicionalmente, se dio un juego entre bancos y autoridades que dificultó el arranque de reestructuras a partir de este esquema: los bancos decían “estoy mal y necesito que el gobierno me rescate” y el gobierno asumía los bancos deben resolver solos sus problemas de deterioro de cartera”.

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El investigador asegura que el planteamiento original de las autoridades fue correcto: “Son un instrumento transparente; si bien los pagos mensuales de créditos reestructurados en UDIs serán crecientes; de no existir en México una nueva crisis en la balanza de pagos, el salario irá recuperándose durante los próximos tres o cuatro años”.

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Como mecanismo para incentivar el ahorro interno, Trigueros las considera una de las alternativas más interesantes que tendrán los pequeños y medianos inversionistas durante 1995 y lo seguirán siendo mientras la inflación sea superior a 12%. “Cuando la inflación alcance niveles de 10% o menos, las UDIs irán perdiendo interés porque muy probablemente las tasas de mercado ofrezcan mejores alternativas”.

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ADE:¿un engaño más? Tras la experiencia de las UDIs sería perfectamente lógico pensar que el ADE correrá un destino semejante mientras la economía esté estancada, no haya liquidez en el mercado y los índices de desempleo se mantengan en niveles históricos.

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Sin embargo, la AMB identifica una razón fundamental por la cual habrá mejores noticias con el ADE: su aplicación es obligatoria para todos los bancos, mientras las reestructuras en UDIs eran voluntarias. Por cierto, se sabe que en alguna reunión que sostuvo José Madariaga Lomelín, presidente de los banqueros, con miembros de un medio informativo especializado para explicar las bondades del ADE, éste dijo, totalmente off the record, que “si se lograban reestructurar 40% de los créditos previstos en el programa, sería un hitazo para la ABM”.

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En este sentido, Trigueros hace una reflexión: dada la lentitud con la que habrá de recuperarse la economía es altamente factible que el saneamiento integral de la banca se concluya hasta el año 2000 y, con ello, la salud de su cartera.

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El eje del ADE es la fijación de tasas de interés durante 13 meses, para llevarlas a niveles semejantes a los que existían en diciembre de 1994, antes de la crisis cambiaria. La instrumentación de este programa, iniciado el pasado 11 de septiembre, implicará un subsidio de N$7,000 millones de nuevos pesos por parte del gobierno y de unos N$8,000 millones por parte de los banqueros.

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