¿Por qué no salimos de pobres?

Desde finales de 2001, el economista peruano Hernando de Soto espera que el gobierno mexicano determine las modalidades de su participación en el combate a la pobreza del país.

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El autor de El misterio del capital tiene casi 10 años recorriendo el mundo para difundir sus teorías sobre el papel del derecho en la formación del capital. Ya tiene a dos gobiernos contemplando reformas inspiradas por sus descubrimientos. De Soto habrá encontrado el eslabón perdido en la evolución capitalista –el secreto del dinamismo económico del mundo desarrollado– que podría llevar la prosperidad a los países pobres.

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Al toparse como empresario con la economía informal, hace unas dos décadas, este investigador se interesó en cómo el derecho fomenta la existencia del sector extralegal. Combinó en Perú pruebas empíricas con una reflexión teórica y concluyó que el sistema de propiedad excluye a los pobres y en consecuencia les impide transformar sus activos en capital utilizable, es decir, en un valor que se puede intercambiar.

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En su país de origen logró integrar unas 300,000 firmas informales al sistema legal. Cuando su programa estaba funcionando, dice, Perú tenía las tasas de crecimiento más altas del mundo: 13% en 1993 y 1994. “[El programa] ayudó a destrozar a Sendero Luminoso, que daba títulos a los sectores informales. Como Ho Chi Minh y Mao Zedong, Sendero avanzó dando a los pobres lo suyo. Nosotros entramos y lo sustituimos”, asegura. Pero después de cinco años, el presidente Fujimori lo apartó del esfuerzo. Fue entonces que empezó su carrera mundial.

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El Instituto de Libertad y Democracia (ILD) que De Soto fundó en 1983 realiza investigaciones en Egipto, Filipinas, Haití, Honduras, Rusia y Ghana. Su programa implica primero un recorrido de un año por el país con un equipo de investigadores, para hacer un inventario de los activos de los pobres que no logran entrar en el mercado. Lo financia el gobierno de la nación o el ILD con el dinero que recibe de organismos como el Banco Mundial, la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), la Japan Development Fund, entre otros fondos multinacionales, gubernamentales y privados.

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De Soto tuvo contacto con Vicente Fox desde que era gobernador en Guanajuato y preparaba su candidatura a la Presidencia. En marzo de 1999, el ILD aceptó financiar un estudio en México, dice Alfonso Galindo, el investigador de políticas públicas que encabeza el trabajo del instituto en el país. El académico encontró  un sector descapitalizado constituido por 11,000 construcciones, 127 millones de hectáreas y unas seis millones de empresas. Valúa este activo muerto en unos $315,000 millones de dólares, que es equivalente a siete veces el valor de los activos de Pemex.

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“Los pobres de México tienen los elementos con los cuales podrían salir adelante si solamente pudieran ser representados en el mundo del capital. Eso les daría el combustible con el cual por lo menos algunos de ellos podrían crecer y prosperar”, afirma.

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En la segunda etapa del programa, el equipo identifica las reglas que impiden a los pobres entrar a la economía formal y registra las normas no escritas que rigen en el mundo informal para tomarlas en cuenta en un plan exhaustivo de reformas legales. Los gobiernos filipino y egipcio ya entraron en esta segunda etapa.

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Mientras De Soto esperaba la luz verde para iniciar esta fase en México, el gobierno dio prioridad a la construcción de casas al crear la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda en julio 2001, un programa que tuvo cierta coincidencia con las propuestas del economista.

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Ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) coordina el esfuerzo no sólo para responder a la demanda de nuevos hogares y de financiamiento, sino también para mejorar el estado en el cual se encuentra el parque habitacional existente, explica el comisionado, Alberto Mulás. El objetivo es incentivar la mejora de las propiedades propiciando un mercado más amplio, de manera que las familias puedan invertir en bienes raíces y, conforme ahorren más dinero, los vendan y adquieran algo mejor. El problema reside en que el mercado secundario en el sector de bajos recursos está muy limitado porque muchas casas no tienen títulos, asegura el funcionario. La gente construye sobre un terreno invadido o ejidal. No obtiene la licencia de construcción o la de terminación de obra. No paga el impuesto predial. No acude al notario para elaborar la escritura o edifica al lado de la casa familiar otra para uno de los hijos sin separar legalmente el terreno.

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La falta de financiamiento orientado a la adquisición de una vivienda usada y la dificultad de transferir un crédito hipotecario de una casa a la compra de otra también impide la movilidad habitacional.

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Estas ideas que ya se venían gestando entre los funcionarios de la Sedesol empataron con las hipótesis de Hernando de Soto. “Sus teorías y experiencias en otras partes del mundo nos ayudaron a validar lo que estábamos pensando. Nos dio sustento y nos ayudó a generar mayor ímpetu en lo que estábamos diciendo”, asevera Mulás.

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El Comisionado quiere apoyarse en la experiencia del peruano en regularizar la propiedad, disminuir el número de trámites requeridos para tener una vivienda con los papeles en orden y reducir los costos que esto implica. El reto será lidiar con gobiernos estatales y más que todo municipales, que son responsables de las licencias, reglamentos de construcción, desarrollo urbano, agua y cobro de predial entre otros trámites y costos.

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“Hemos estado intercambiando borradores de contrato y revisando la amplitud del proyecto que se ha recortado por razones presupuestales”, señala el funcionario.

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Mulás, que hizo carrera en la banca de inversión con Bankers’ Trust, JP Morgan y Lehman Brothers, comparte la idea de la importancia de la ley para liberar el capital muerto. Fue reclutado por el gobierno foxista con la misión de desarrollar un mercado secundario de cartera hipotecaria, es decir bursatilización de créditos para la vivienda. Al entrar en la Sedesol se dio cuenta de la magnitud del problema de vivienda, que lo cautivó por completo.

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El comisionado está consciente de que el trabajo de De Soto abarca más que el sector habitacional y no descarta que el gobierno involucre al peruano en programas de generación de ingresos. Al mismo tiempo, defiende el enfoque actual sobre la vivienda al recordar que para muchos personas de bajos ingresos el domicilio familiar es también el lugar de la actividad empresarial.

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El gobierno mexicano va por buen camino, dice De Soto, aunque reitera que si bien un sistema para crear capital tiene un vínculo con la vivienda, lo tiene también con otras actividades del Estado.

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“La formalización permite crear las normas que dan seguridad a la nación, hacer que funcionen los mercados financieros, crear inversión, combatir el narcotráfico y hacer que sea eficaz la policía –porque ya hay direcciones de las empresas–.”

-El potencial parece ilimitado si las ideas del peruano no se pierden en el papeleo burocrático o los recortes presupuestales. Antes de despertar al capital muerto, hay que vencer la inercia gubernamental.