Exactamente cinco años atrás, las playas de Ixtapa fueron escenario de un anuncio que causó revuelo, acaparó reflectores y pareció preparar terreno para una auténtica revolución del sistema financiero mexicano.
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La desincorporación de los 18 bancos existentes despertó el interés de muchos bolsillos multimillonarios y, como concepto, fue vendido a la gente como la panacea de una mejora contundente en servicio, baja en costo del crédito y diversificación de mercados.
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Pedro Aspe Armella, el Secretario de Hacienda de esas fechas, dio a conocer incluso una serie de principios que regirían los procesos de enajenación, mismos que luego fueron renombrados en el medio financiero como los "Ocho Mandamientos de la Desincorporación".
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Las propuestas, que ahora suenan arriesgadas y lejanas, fueron:
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- Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo.
- Garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con objeto de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración.
- Vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización.
- Asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos.
- Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones.
- Obtener un precio justo por las instituciones, de acuerdo con una valuación basada en criterios generales, homogéneos y objetivos para todos los bancos.
- Lograr la conformación de un sistema financiero balanceado.
- Propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias.
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A cinco años de entonces queda claro que ninguna propuesta se ha cumplido cabalmente.
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De ocho, nada. Sin duda, las contradicciones y deficiencias más evidentes en las que cayó el modelo de los "ocho mandamientos" se centran en varios aspectos.
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Por un lado, se ofreció garantizar una participación diversificada y plural en el capital con objeto de eliminar la concentración. Sin embargo, tres grupos financieros (Banamex-Accival, Bancomer y Serfin) copan más de la mitad del mercado financiero, hecho que resultaba evidente que sucedería desde que inició la desincorporación de bancos. Las autoridades trataron de contrarrestar con el argumento de que se autorizarían nuevos bancos mexicanos y extranjeros; sin embargo, éstos se han enfocado a nichos de mercado específicos y a muy pequeña escala, con lo que se limitaron los alcances de este objetivo.
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Por otra parte, trataron de evitarse relaciones perversas entre instituciones de crédito y consorcios industriales, para evitar las prácticas de autopréstamo y otros vicios. Pese a ello, el gobierno permitió la creación de fuertes ligas entre Vitro y Serfin; Bancomer y FEMSA; Banco Unión y Del Monte Fresh Produce y los hoteles Camino Real.
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El tercer "mandamiento" podría ser, sin duda, uno de los más cuestionados: vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos, con un adecuado nivel de capitalización. Los banqueros "al vapor" compraron con sumas multimillonarias el estatus y prestigio que sus consorcios empresariales no habían terminado de ofrecerles. Así, desfilaron sorpresas como la de Carlos Cabal Peniche, de Grupo Financiero Unión-Cremi, cuyos errores y operaciones ilícitas costaron al gobierno más de N$7,000 millones de nuevos pesos, según estimaciones de funcionarios de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Está, además, el caso de Ángel Rodríguez, presidente del Grupo Financiero Asemex-Banpaís, donde la capitalización que realicen las autoridades será del orden de los N$5,000 millones para dejar al banco en condiciones adecuadas para volver a venderlo.
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Ambos "banqueros" mintieron a sus socios, ambos realizaron operaciones prohibidas por las autoridades y, peor aún, ambos siguen prófugos. La calidad moral de los neobanqueros, por tanto, se vio opacada siempre por la política del mejor postor, ya que los 18 bancos privatizados fueron asignados siempre al grupo de inversionistas que presentó la postura más elevada.
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A este respecto vale la pena recordar que Aspe ofreció que siempre que se registrara un empate técnico, esto es, dos posturas cuya diferencia fuera inferior a 5%, se decidiría en función de la calidad del grupo inversionista y no del monto ofrecido.
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El cuarto "mandamiento" tampoco obtuvo buenos resultados. Al desincorporar se planteó que la banca mexicana siempre estaría en manos de nacionales; pero la crisis devaluatoria de finales de 1994 vino a dar al traste con la planeación gubernamental. Muchos bancos nacionales se vieron abiertamente afectados por la devaluación, ya que los créditos que habían contratado en dólares se les revirtieron en sus contabilidades, casi se duplicaron en menos de un mes -en pesos- y esto provocó que los niveles de capitalización que tenían resultaran insuficientes.
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Esta crisis de capital obligó alas autoridades hacendarias, a estas alturas a cargo de Guillermo Ortiz Martínez, a revisar lineamientos y permitir participación mayoritaria de capital extranjero en bancos nacionales. Y ahí está el caso de Bilbao-Vizcaya con Mercantil Probursa.
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Probablemente el único punto que se cumplió a cabalidad fue el que buscó obtener "precios justos por las instituciones". Si bien podría cuestionarse ampliamente si fueron justos, todo mundo coincide en que las instituciones fueron pagadas a costos elevados, el rango de las ofertas se situó entre dos y cinco veces el valor en libros.
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La Secretaría de Hacienda obtuvo N$38,500 millones de nuevos pesos (con la anterior paridad) por vender los 18 bancos, lo que actualmente equivaldría a unos N$50,000 millones de nuevos pesos con el tipo de cambio actual. Es decir, un monto suficiente para cancelar dos veces la tenencia de Tesobonos vigente al cierre de agosto de 1995.
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Así, a cinco años del alborozo de Ixtapa, no hay respuestas contundentes y la banca mexicana parece correr a pasos agigantados a reencontrarse con el gobierno. Algunos bancos como Probursa o Bital acudieron a socios extranjeros para capitalizarse; pero el grueso solicitó recursos al Programa de Capitalización Temporal entre enero y marzo de este ano que, de no cubrirse, convertirían al gobierno -justamente en cinco años más- nuevamente en el dueño de los bancos que vendió.