¿Quién le teme al fisco feroz?

Intimidatoria o no, la actual campaña publicitaria de la SHCP para exigir el pago de impuestos encu
Luis Hernández M.

Desde hace años, deshojar una margarita ha estado ligado a aspiraciones de amor, mal o bien correspondido, mientras que quemarse los dedos con un cerillo ha demostrado cierto descuido o a veces competencias entre muchachos para demostrar sus fortalezas.

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Hoy día, a raíz de una campaña publicitaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dichas expresiones distan mucho de representar inocentes juegos juveniles y para muchos parecen no tener otro fin que amedrentar a quienes las reciben, y, así, hablan de un “terrorismo fiscal” en contra de la ciudadanía. Otros, en cambio, opinan que estos mensajes son un medio adecuado para incrementar el efectivo por recaudación de impuestos.

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Copiando “a la mexicana”
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De “muy agresivo” califica Eduardo Ojeda, presidente del Colegio de Contadores -Públicos de México (CCPM), el término “terrorismo”. “Prefiero analizar específicamente cuál es la problemática de recaudación que existe, y utilizar la palabra adecuada”.

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A últimas fechas, advierte, la SHCP ha registrado bajas en sus entradas de efectivo por recaudación de impuestos e intensificó, de nuevo, las acciones de fiscalización. Entonces, según él, lo que se observa en realidad es una campaña que busca obtener más dinero por medio de supervisiones más estrictas.

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Aclara que la actual publicidad simplemente forma parte de programas que la autoridad ejecuta por normatividad interna. Y añade: “La disminución en los ingresos por recaudación fiscal provocó el incremento de las auditorías y, por tanto, los efectos más directos recaen en los causantes”.

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En esa línea, Luis R. Argüelles Rosenzweig, vicepresidente de Desarrollo Profesional del mismo CCPM, señala que las -autoridades aplican desde hace 12 ó 14 años —“sólo que a la mexicana”— la copia de un modelo estadounidense que expone ante la opinión pública a un personaje lo suficientemente conocido y que no está contribuyendo en forma correcta con el pago de sus impuestos, para que sirva como figura de castigo ejemplar.

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“Esta situación es cíclica y aparece cuando la fiscalización se dilata o no brinda los resultados que la autoridad espera —añade—. Es decir, la crisis económica que estalló en el país afectó considerablemente a la recaudación y le colocó las pilas al fisco”.

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Por su parte, Mario Calderón Danel, presidente del Comité Fiscal del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) sostiene que sí existe el terrorismo fiscal en tanto la SHCP hace públicas sus actuaciones y bombardea a la sociedad con publicidad que busca intimidar a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales. Menciona que en los sexenios de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari existieron campañas similares.

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EXPANSIÓN quiso conocer la opinión de un personaje conocido que aún tiene problemas con el fisco. Así, durante dos semanas se intentó ubicar a Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente y director general de -El Universal, al que incluso se le enviaron cuestionarios vía fax para facilitar sus respuestas. Los intentos fueron infructuosos. Algo similar sucedió con Héctor Larios Santillán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien sin duda podía haber ofrecido la percepción de su sector frente al tema, pero el resultado fue el mismo: un hermetismo absoluto.

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Argüelles se muestra inconforme por las “agresiones de orden penal” en contra de los incumplidos, pero entiende que forman parte de un sistema y no se asombra de la táctica actual ya que corresponde a todo un programa de recaudación.

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“Es lógico que el esquema aplicado por las autoridades esté acompañado del ‘efecto Cereso’ (Centro de Readaptación Social) para algunos contribuyentes”, afirma.

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La crisis le gana a la voluntad de pago
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El gobierno aprieta un poco, según Argüelles, para reactivar vía impuestos el flujo de dinero. Sin embargo, la recaudación no está disminuyendo por negligencia de la gente, sino por falta de efectivo. Y, por otro lado, él mismo reconoce que las autoridades fiscales son el socio más caro: “He preferido toda la vida pagarle a mis trabajadores que al fisco”.

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Hace cálculos: si se considera que el costo crediticio por no pagar impuestos es el equivalente a valor UDIs más tres puntos y que únicamente se puede hacer deducible 3% como recargos, se está hablando de un financiamiento muy riesgoso.

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“En México prevalece la crisis por encima de la falta de voluntad de -pago —puntualiza—, y si ante una situación donde el denominador común es la carencia de recursos se reacciona contra los contribuyentes, como lo hace la SHCP, entonces considero que la presión es excesiva.”

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Argüelles añade que no todo es fiscalización y presión directa, sino también indirecta. Por estas fechas, dice, las autoridades estrenarán nuevas formas fiscales que, al parecer del CCPM, exigen demasiada información al contribuyente. “Dichas formas no tienen otro objetivo más que el de fiscalizarlos vía obtención de una gran cantidad de datos”.

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Sin interesarse mayormente por el “terrorismo fiscal”, explica que no se puede considerar que las autoridades hacendarias quieran, deliberadamente, representar el papel de los villanos de la película. Para él, todas las acciones, tanto de los causantes como del fisco, son consecuencia de un ciclo económico. Si no existen flujos monetarios, puntualiza, el único dinero disponible para los contribuyentes es el que se obtiene al no pagar impuestos.

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Ojeda señala que, sin embargo, no están de acuerdo con la dirección fiscal que lleva la nave de la SHCP. “No es correcto —dice— que la autoridad se vaya sobre quienes, de manera puntual, están pagando sus impuestos y olvide o ignore a la economía informal”. Para él, es posible que existan errores, pero no por eso los encargados de la recaudación deben sujetar con mayor fuerza al padrón de contribuyentes, que tienen perfectamente identificado, “cuando al final de cuentas son los únicos cumplidos”.

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El comercio subterráneo, acota, podría ser controlado por la autoridad y empezar, ahora sí, con un incremento real del padrón de contribuyentes.

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Mejor, una campaña “invitadora”
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Los integrantes del CCPM evitan profundizar con respecto a los operativos que realizaron conjuntamente la SHCP y la Procuraduría General de la República (PGR) para detener a empresarios acusados de presunta evasión fiscal: “No podemos hablar de política, terrorismo o de las acciones de la PGR porque no somos expertos. En la parte técnica es donde podemos aportar más a la sociedad, porque tenemos el conocimiento”.

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En coincidencia con ellos, Calderón expresa que la actuación de la PGR está fuera del ámbito fiscal al que se dedica. No obstante, opina que no debe tratarse con el mismo rigor a los evasores fiscales —“que lo son de manera permanente y que hacen de la evasión una práctica común”— que a los que, a raíz de la crisis económica que vive el país, retrasaron el pago de sus impuestos para poder sobrevivir, pero que están dispuestos a pagar sus adeudos en la medida de sus posibilidades.

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Indica, asimismo, que los empresarios intentan, contra viento y marea, “continuar en el mercado para no verse en la necesidad de cerrar sus establecimientos”, librando así las consecuencias que traería, para ellos y la economía en su conjunto, la pérdida de empleos.

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Los contribuyentes que apoyan al sector productivo del país, añade, deben gozar de una postura más flexible por parte de las autoridades, con planes de pago que se adecuen a sus posibilidades. En cambio, considera que los “evasores netos” sí deben experimentar todo el rigor de la ley, aunque “no debería hacerse publicidad masiva”.

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En este sentido, Ojeda y Argüelles opinan que la campaña publicitaria de la SHCP es, “sin duda”, una sugerencia de algún profesional de la publicidad. “Si la cuestionamos, estaremos atacando al que la concibió, cuando seguramente, a través de estudios de mercado, llegó a la conclusión de que sería la de mayor impacto y propiciaría que la gente pagara oportunamente sus impuestos”.

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Por su parte, el representante del IMEF valida el derecho de la autoridad hacendaria para efectuar cualquier tipo de programa de concientización ciudadana. Argumenta que es correcto que el fisco informe a la población sobre lo peligroso que resultaría retrasar o evadir el pago de impuestos. “Sería preferible, eso sí, que la campaña no fuera intimidatoria, sino que invitara al contribuyente a cumplir.”

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Y cree que, aún mejor que esto, en el mensaje podría incluirse que la administración de sus aportaciones será eficiente y que así como la obligación del gobernado es pagar los impuestos, el deber del gobierno no es sólo recaudarlos, sino también administrarlos adecuadamente, concluye Calderón.

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