¿Renacionalización?

El gobierno aviva el debate: ¿quién debe ser el dueño de los servicios públicos?

La administración argentina ha dado muestras de que trata de recuperar el control de los servicios públicos de la nación, cuya privatización en los años 90 fue tan simbólica. Alfredo Atanasof, jefe del gabinete, dice que el gobierno iniciará un debate público acerca del futuro de éstos, como respuesta a un marcado aumento en las quejas de los consumidores respecto a su calidad. Tal sugerencia debe analizarse en el contexto de las maniobras políticas con miras a las elecciones presidenciales de abril. No obstante, se corre el riesgo de que una modalidad que a lo largo de gestiones sucesivas atrajera inversionistas pudiera revertir su tendencia, desviando inversiones extranjeras que tanta falta hacen al país.

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La controversia acerca del desempeño de los principales servicios operados por extranjeros, que incluyen agua, electricidad, gas y teléfono, adquirirá mayor importancia conforme se aproximen los comicios. Las discusiones se han intensificado desde que las tarifas se convirtieron a pesos y se congelaron en enero de 2001, después de que el gobierno suspendió los pagos de su deuda externa y abandonó la paridad de su moneda con el dólar. Casi todos estos servicios están bajo el control de compañías multinacionales españolas y de otros países europeos, entre ellas Telefónica (España), France Telecom y Telecom Italia, entre otras.

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En noviembre, el gobierno autorizó aumentos a las tarifas –9% para electricidad y 7% para gas natural– pero se topó con un muro de resistencia popular. Un mes después, las cortes lo obligaron a suspender las alzas. En enero, la administración usó sus poderes de decreto para asumir el control directo de las tarifas de los servicios, pero los grupos de consumidores amenazan una vez más con ampararse contra cualquier incremento. El presidente Eduardo Duhalde asegura que los aumentos de hasta 50% que pide el FMI son injustificables y que las tarifas deben elevarse gradualmente hasta un nivel cercano a 120% de las actuales.

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Mantenimiento suspendido
El debate en cuanto a la propiedad de los servicios surgió porque ciertas cláusulas de los contratos de privatización originales permiten al gobierno reasumir el control si caen por debajo de las normas aceptadas. Las quejas de los consumidores se han multiplicado desde que se congelaron las tarifas, pues los operadores han aplazado el mantenimiento y las reparaciones. Éstos culpan al congelamiento de los precios y han presentado demandas de compensación por un valor de casi $1,000 millones de dólares ante el Centro Internacional de Disputas sobre Inversión del Banco Mundial.

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Ello también podría costarle dinero directamente a la administración. Las empresas Metropolitano y Trenes de Buenos Aires, a las que se otorgaron concesiones hace cerca de una década para operar líneas que dan servicio a los suburbios de la capital, dicen que el gobierno les debe $250 millones de pesos argentinos (cerca de $86 millones de dólares) en subsidios. Si sus contratos se revocan debido a las crecientes quejas de los consumidores, las compañías amenazan con demandar por la ayuda que nunca recibieron.

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Las tarifas son el meollo de la forma en que el público ve al sector. La privatización acarreó beneficios sustanciales en términos de calidad de servicio (por ejemplo, el tiempo de espera para una nueva línea telefónica bajó de más de un año a unos cuantos días), pero el cambio también hizo que se elevaran notablemente las tarifas para ajustarlas a los costos reales, al perderse los fuertes subsidios del pasado.

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Hasta ahora, las encuestas sugieren que los argentinos no se encuentran muy ansiosos por que vuelvan a nacionalizarse los servicios, pero de ninguna manera están contentos con la situación. Un sondeo efectuado por Ipsos-Mora Araújo reveló que los encuestados están divididos casi por partes iguales entre quienes apoyan al régimen actual, quienes desean un control más centralizado mediante regulación y quienes favorecen una renacionalización general.

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En la práctica, la posibilidad de que el gobierno argentino invalide totalmente los contratos de privatización es casi nula. Ello violaría una condición estipulada por el FMI para la reanudación de la ayuda y acabaría con la posibilidad de que fluyan inversiones extranjeras directas hacia el país a mediano plazo. Dado el estado cada vez peor en que se encuentra la infraestructura de los servicios públicos, la renuncia a los contratos podría hundir otra vez a la nación austral en una pesadilla de sistemas inadecuados operados por el gobierno, como la que se vivió antes de la privatización.

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Dejando a un lado los factores prácticos, sería erróneo esperar una decisión razonada en cuanto a las tarifas de los servicios antes de las elecciones; la cuestión es crucial para todos los participantes en el debate político. Durante las campañas, el gobierno propiciará diálogos públicos sobre el tema, pero al mismo tiempo hará hincapié en que Argentina no debe hostigar a los inversionistas extranjeros.

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Quienes critican al gobierno de Duhalde (con los menemistas a la cabeza) seguirán argumentando que los consumidores tienen derecho a recibir servicios públicos costeables. Seguramente acusarán al gobierno de anteponer los intereses de los inversionistas extranjeros a los del electorado. La oposición probablemente seguirá contando con el apoyo del Poder Judicial, pues muchos de sus miembros son leales a Ménem, pese a haber sido precisamente él quien supervisó el grueso del programa de privatización del país en los años 90.

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