La amenaza estatal

Cerca de 60% de las entidades del país no pueden garantizar el pago a sus jubilados sin poner en en riesgo el gasto corriente que usan para inversiones productivas. Sólo 12 han hecho la tarea.
Roberto Campa Zúñiga

A nueve meses de la llegada al gobierno de Puebla de Rafael Moreno Valle Rosas, su secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, tiene ya una papa caliente en el sistema estatal de pensiones, pues debe evitar que caiga en insolvencia para el pago en 2012 de más de 750 millones de pesos (MDP) a burócratas pensionados y jubilados.

Este año la libró. Incluso tuvo un superávit de 17 MDP gracias a que las cuotas pagadas por los servidores públicos de la entidad ascendieron a 767 MDP.

Pero el año entrante ya no contará con fondos de las reservas financieras destinados a ese propósito. Así que de no llevarse a cabo una reforma al sistema de seguridad social de Puebla, que le permita cumplir ese compromiso, se verá obligado a tomar al menos 300 MDP del gasto corriente para completar el pago a sus pensionados.

Otras 19 entidades tienen ya una fuerte presión financiera sobre sus sistemas estatales de pensiones, a tal grado que, a corto y mediano plazos, algunas corren el riesgo de quedarse sin recursos para el pago, porque sus reservas para ese fin están a dos o tres años de agotarse, lo que obligaría a los gobiernos a desviar dineros del gasto corriente de sus presupuestos para garantizar dichas pensiones.

Isaac Katz, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), advierte de otro riesgo: que las participaciones federales puedan ser usadas por los gobiernos estatales para financiar el gasto corriente, o reducir o suspender inversiones productivas.

En enero, las participaciones federales que recibieron los estados y municipios fueron 16% superiores a las de 2010, y sumaron 35,107 MDP, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las presiones sobre los sistemas estatales de pensiones se han venido generando desde hace una década por múltiples factores: cambios demográficos, inadecuados esquemas de contribución-beneficio, y la insuficiencia de las cuotas y aportaciones para el financiamiento de las pensiones estatales, sostiene Flavia Josefina Rodríguez Torres, directora de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la consultora Aregional.

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) consignan que en los 32 estados la esperanza de vida supera ya los 70 años, lo que ha impactado los sistemas de pensiones. El Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua son las entidades con más habitantes mayores de 60 años.

A esto se suma que la densidad poblacional se ha concentrado en el Estado de México, con 15.1 millones de personas; Distrito Federal, 8.8 millones; Veracruz, 7.6 millones; Jalisco, 7.3 millones, y Puebla, 5.7 millones, lo cual complica sus sistemas de pensiones. La presión deriva también de que en la mayoría de los sistemas de seguridad social, las aportaciones de los trabajadores activos financian el pago de pensiones de la población en retiro, y además no están ligadas a las contribuciones de los trabajadores durante su vida laboral.

Son sistemas generosos, pero sin viabilidad financiera, pues los burócratas pueden retirarse a los 25 o 30 años de servicio con el 100% de su sueldo, sin importar su edad.

"Esto prácticamente se ha convertido en una bomba de tiempo", dice Rodríguez, porque de agotarse las reservas de los sistemas de pensiones, los gobiernos estatales tendrán que hacer aportaciones extraordinarias a cargo de su gasto corriente para cumplir con esta obligación. Esto representa un riesgo adicional a sus deudas, pues puede llegar a incidir en la cantidad y en la calidad de los servicios públicos que ofrecen, principalmente en un contexto en que la mayoría de los estados sólo genera 10% de sus ingresos.

Casi un millón y medio de personas dependen de los sistemas estatales de pensiones, es decir, 2.3% del total de pensionados del país. El número es pequeño, pero el riesgo financiero es importante, ya que los pasivos contingentes pasados y futuros en pensiones estatales representan 12% del PIB nacional, advierte Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sólo 12 de los 32 sistemas estatales de pensiones son sustentables a largo plazo; si no realizan las reformas necesarias a sus sistemas de seguridad social, en un lapso de cinco años 60% va a tener que aportar recursos propios para financiar las pensiones.

En el país, el comportamiento de los estados va del negro al blanco, pues mientras Aguascalientes ha garantizado la solvencia para los siguientes 100 años, Veracruz ya no tiene recursos, ya que la suficiencia financiera de su sistema de pensiones se terminó en 2010.

La solvencia de los estados depende de que hayan hecho las reformas necesarias para enfrentar esta presión demográfica y económica. Hay cuatro entidades que no tienen problema; ocho que ya transformaron sus sistemas de pensiones; dos cuyas reformas son insuficientes, y 18 que no han hecho cambios.

Las 12 magníficas

El Distrito Federal, Baja California Sur, Hidalgo y Quintana Roo no tienen problemas porque sus trabajadores están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al que sólo le hacen aportaciones ordinarias. De ahí que no enfrentan un riesgo financiero de manera directa.

Dado que los trabajadores del DF están afiliados al ISSSTE, el gobierno cubre las aportaciones de sus 275,576 empleados, que en 2009 ascendieron a 820 MDP. En el caso de Hidalgo, desde 2008 subrogó el servicio de seguridad social al ISSSTE.

Tras realizar las reformas a sus sistemas de pensiones, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Campeche, Sinaloa y Nuevo León pudieron garantizar su viabilidad financiera para los próximos 30 años. Mientras que en Jalisco la suficiencia es perenne tras entrar en vigor la nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado en 2009.

Un caso excepcional es Aguascalientes, que en 2001 reformó su sistema de pensiones garantizándole una holgura de 100 años.

Aregional y el IMCO coinciden en que Aguascalientes logró su viabilidad financiera al modificar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA). Ahora, las aportaciones totales al organismo representan 37% del salario del trabajador, del cual 28% lo aporta el gobierno estatal y 9% el trabajador. Esto significó un incremento de casi 100% en sus participaciones.

 Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes, Sonora, Jalisco, Campeche, Sinaloa y Nuevo León eligieron entre adoptar cambios a los parámetros del sistema de beneficios definidos, un sistema de cuentas individuales o la mezcla de ambas.

Estos ajustes tuvieron que ver con incrementar los años de cotización; aumentar la edad de retiro; establecer un salario regulador (promedio); fijar límites a las pensiones, y elevar el monto de las cotizaciones. Este sistema garantiza un seguro de salud, de invalidez, muerte, riesgos de trabajo y de retiro para la vejez.

Se quedan cortos

Aunque Durango y el Estado de México hicieron las reformas, éstas quedaron cortas.

"La reforma no es un ajuste menor; es un cambio que tendrá que ver con el nivel de cuotas y aportaciones, y la forma en que se administrarán los recursos de los trabajadores, con la obligación del estado de cubrir una pensión mínima garantizada. La intención es pasar de un sistema de beneficio definido a uno de cuentas individuales", afirma el director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), Osvaldo Santín Quiroz.

Además, señala, el modelo de salud tendrá que cambiar a uno más preventivo, para contener los gastos crecientes de esta prestación. Actualmente, el fondo de salud presenta un déficit superior a 700 MDP, ya que los gastos son superiores a las cuotas y aportaciones. Esto implica una limitante para ampliar la infraestructura y la contratación de personal adicional.

Como las reformas a los sistemas de pensiones son muy costosas en el corto plazo, debido a que las contribuciones que se utilizan para financiar las pensiones de los jubilados actuales se depositarán en las cuentas individuales en algún momento, el gobierno mexiquense se verá obligado a complementar ese gasto con transferencias fiscales.

Para el efecto, Osvaldo Santín propone hacer uso de los recursos del Fondo para las Reestructuras de las Pensiones, cuyo fin es apoyar en el corto plazo los costos de las reformas en las entidades que las llevan a cabo, y así evitar que el estado comprometa su viabilidad financiera.

De ahí la necesidad de establecer reglas claras para tener acceso a esos recursos. Este instrumento recibía fondos provenientes de excedentes petroleros, los cuales llegaron a sumar más de 70,000 MDP, aunque ahora está constituido por apenas 25,000 MDP.

Les urge una reforma

A los estados de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz les urge reformar sus sistemas de seguridad social, ya sea porque realizan la totalidad del pago a pensionados con recursos provenientes del gasto corriente, o porque ya se terminaron la reserva legal para cubrir esa obligación.

Los gobiernos de Morelos y Querétaro aportan la totalidad de los recursos para el fondeo de las pensiones de sus trabajadores, y aunque no representan un importante componente del gasto corriente -por el reducido número de pensionados-, deben resolver esta situación antes de que la carga se les haga insostenible, señala Flavia J. Rodríguez, de Aregional.

A Zacatecas, que carece de un sistema de pensiones, le urge desarrollar una ley que establezca un esquema de seguridad social, ya que tiene obligaciones por pensiones no fondeadas por 9,100 MDP y no cuenta con reserva alguna para cubrir ese pasivo contingente al dejar de ser suficiente desde el año 2010.

Veracruz se quedó sin reservas el año pasado, lo cual implica que de su gasto corriente tendrá que erogar un promedio de 1,210 MDP durante los próximos tres años para cubrir el pago a sus pensionados.

La administración veracruzana "va a tener que tomar recursos del presupuesto cotidiano dedicado a educación, salud y seguridad pública para garantizar las pensiones", anota Manuel Molano, director general adjunto del IMCO.

Tic tac, tic tac...

Especialistas del IMCO, Fitch Ratings y Aregional coinciden en que mientras más se posponga la introducción de las reformas a los sistemas de pensiones de los estados que las requieren, mayores serán los costos por concepto de pasivos por pensiones sin fondear, es decir, aquellos pagos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores que adquirieron derechos antes de la entrada en vigor de las nuevas leyes de pensiones.

Para Flavia J. Rodríguez, existe mucha opacidad en los sistemas de pensiones debido a que, salvo contadas excepciones, las entidades federativas no presentan los resultados de los estudios actuariales que realizan a esos esquemas, por lo que es muy difícil conocer el verdadero riesgo financiero y sus reservas, y el número de trabajadores activos y pensionados.

En los últimos años, ocho estados atendieron esa urgencia y realizaron drásticas reformas. Esto fue porque el número de pensionados afiliados a los organismos locales de seguridad social se incrementó de manera importante y aumentó la esperanza de vida de los afiliados. Ambas situaciones no existían cuando se implantaron originalmente las leyes relativas a los sistemas de pensiones.

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