Oro tirado

Una nueva ley permitirá sacar provecho de la basura electrónica en México. Se estima un negocio de 357 millones de dólares.
Leonardo Peralta

Cada fin de año trae consigo cajas relucientes que contienen todo tipo de aparatos electrónicos que reemplazan los antiguos y que en muchas ocasiones acaban en el bote de basura. Más de 300,000 toneladas de desechos electrónicos (desde celulares hasta cables para impresora, pasando por computadoras y todo tipo de gadgets) son arrojados anualmente en los tiraderos y rellenos sanitarios donde terminan su vida útil, según datos del Instituto Nacional de Ecología.

El problema de los desechos electrónicos radica en que contienen tanto materiales valiosos como peligrosos y contaminantes. Los componentes electrónicos tienen acero, cobre, aluminio y pequeñas cantidades de metales preciosos como paladio, plata, oro y platino, de acuerdo con datos del gobierno de EU. Por otro lado, un dispositivo electrónico abandonado puede liberar sustancias como plomo y mercurio incluidos en partes como las lámparas de iluminación de las pantallas o las baterías de los teléfonos celulares.

Su reciclaje requiere una compleja logística para recoger, desarmar y tomar los elementos valiosos, así como confinar los materiales peligrosos, a fin de que no se mezclen con agua y otros elementos, para lo cual se requiere infraestructura que supera la capacidad de los sistemas de recolección y tratamiento de basura de los municipios del país, amén de que la custodia de este tipo de desechos no queda especificada en la legislación medioambiental. En su artículo 19, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece que los residuos tecnológicos son de manejo especial, aunque no dice lo que debe hacerse con los mismos y quién puede aprovecharlos.

En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones a la LGPGIR tendentes a aprovechar el mar de basura electrónica. El legislador del Partido Verde, Rodrigo Pérez-Alonso González (uno de los promotores de la iniciativa, junto con su correligionario Alejandro Carabias Icaza), dice que la idea "es definir claramente los residuos electrónicos, crear un mecanismo de financiamiento para su tratamiento, y permitir su aprovechamiento por parte de la iniciativa privada".

"Una fracción no mayor al 5% de la basura electrónica es procesada, y quienes ejecutan la tarea suelen ser pequeñas operaciones familiares que lo hacen recurriendo a técnicas extremadamente peligrosas como quemar los componentes electrónicos para fundir los elementos que contienen". Ahora, mediante esos cambios se crea la figura de "residuos electrónicos de producto" provenientes de la industria electrónica de consumo, cuya gestión quedará en manos de los gobiernos estatales y municipales.

Quizás el punto más relevante es que los fabricantes o comercializadores de artículos electrónicos en el país estarán obligados a instaurar un plan de manejo de sus productos al final de su vida útil. "Tomamos como referencia el modelo llamado ‘responsabilidad extendida', donde los productores no pueden olvidarse de sus productos tras la venta", plantea Pérez-Alonso.

Bajo tales enmiendas a la ley, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la encargada de coordinar los esfuerzos de las firmas productoras de electrónicos en el tratamiento de esos residuos por medio de una red de centros de recolección donde se clasificarán y prepararán los desechos para su disposición o reciclaje por parte de los gobiernos municipales o empresas privadas. "Actualmente, menos de media docena de empresas trabaja en el procesamiento de este tipo de desechos, pero las modificaciones aprobadas permitirán que firmas privadas creen -con toda formalidad y una inversión aproximada al millón de dólares- una instalación para reciclaje de residuos electrónicos".

Aunque la ley ya fue sancionada en la Cámara de Diputados, falta que la ratifique el Senado para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pérez-Alonso apunta que "si no se interpone un asunto político que retrase su aprobación, este mismo año podríamos contar con el aval senatorial y la publicación por parte del Poder Ejecutivo". Quizás a finales del año se pueda dar un mejor destino a todos los aparatos electrónicos que hoy son la delicia de la casa, pero que mañana serán parte de la basura que se va con el arbolito de Navidad.

SENDERO DE SILICIO
He aquí las modificaciones más relevantes a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas en diciembre pasado.
• Se define la basura tecnológica como “residuos electrónicos de producto”.
• Los gobiernos estatales y municipales tendrán plena autoridad para gestionar este tipo de residuos.
• La Semarnat creará un Programa Nacional para el Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos Electrónicos de Producto, donde se establecerán vías para que estos residuos sean procesados sin dañar el medio ambiente.
• Las empresas que manufacturen o comercialicen electrónicos deberán crear un programa para el procesamiento de sus productos, cuando lleguen al fin de su vida útil.
• En el caso de productos sin marca o cuyo productor haya salido del mercado, su procesamiento será financiado mediante un fideicomiso con fondos de las empresas electrónicas establecidas en el país.
• Las empresas privadas podrán negociar con los gobiernos municipales y estatales para el procesamiento de sus desechos electrónicos.
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