Lo que Pemex ‘gana’

Si el convenio con EU es ratificado la paraestatal aprendería técnicas de exploración y explotación en aguas profundas.
Zacarías Ramírez

El pasado 20 de febrero se firmó el Acuerdo Transfronterizo de Hidrocarburos en el Golfo de México, con el que se sientan las bases para la explotación de petróleo y gas natural en yacimientos compartidos entre Estados Unidos y México.

Aunque el convenio debe ser ratificado por los legisladores de ambos países, todavía queda una duda en el aire: ¿podrá Pemex firmar acuerdos de colaboración con petroleras multinacionales en la explotación de yacimientos transfronterizos?

A escala internacional, cuando dos o más petroleras descubren un depósito transfronterizo en el Golfo de México, por lo general firman un acuerdo de producción conjunta. Pero en México, la Constitución establece que sólo Pemex puede extraer petróleo en territorio mexicano (aun en aguas profundas).

El acuerdo firmado por el la secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, crea mecanismos de consulta entre ambos países cuando se descubra algún yacimiento transfronterizo y abre la posibilidad de unificar el proyecto bajo una sola empresa operadora.

El operador del proyecto se define en función de en qué lado de la frontera está el mayor porcentaje de petróleo. Si el proyecto conjunto es manejado por una compañía extranjera, los legisladores mexicanos podrían alegar que la operación es anticonstitucional y ese detalle no fue considerado en el acuerdo firmado, dice Miriam Grunstein, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El acuerdo le daría a Pemex acceso a tecnología y experiencia en exploración y explotación de crudo en aguas profundas. Según Édgar Rangel, uno de los cinco integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se estima que del lado mexicano del Golfo de México hay 29,500 millones de barriles de crudo en aguas profundas, más del doble de los 13,810 millones de barriles que Pemex reportó como reservas probadas al cierre de 2011.

La paraestatal necesita esta riqueza mineral para solventar sus carencias financieras. Sus pasivos de 1.7 billones de pesos superan sus activos, una relación que en una empresa privada sería signo de insolvencia, pero como este desbalance se debe, en gran parte, a su excesiva carga fiscal (en 2011 pagó impuestos equivalentes a 58% de sus ingresos), el Congreso le autorizó contratar una deuda por 10,000 millones de dólares (MDD) para pagar pasivos e invertir. Pero 6,000 MDD serán para pagar pasivos existentes y sólo 4,000 será deuda nueva.

Considerando que cada pozo exploratorio en aguas profundas cuesta entre 150 y 200 MDD en promedio, y que una vez que se encuentra petróleo los costos de explotación, operación y transportación pueden alcanzar los 4,000 MDD, en teoría este año Pemex tendrá dinero para explotar un solo campo en el Golfo de México.

Eso explica por qué la paraestatal sólo ha perforado 16 pozos de exploración en aguas profundas del Golfo en los últimos seis años, mientras que del lado estadounidense se excavan aproximadamente 250 pozos al año.

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Aunque el acuerdo ya fue firmado, las empresas que se dedican a la explotación de petróleo saben que nada es oficial hasta que los legisladores de ambos países ratifiquen el convenio.

NEGOCIACIÓN AÑEJA
La primera negociación de derechos sobre posibles yacimientos transfronterizos en el Golfo de México inició en 1978, pero como no existía la tecnología para extraer el petróleo en aguas profundas, no hubo más definiciones.
No fue sino hasta 1998, luego de que una compañía canadiense contratada por Pemex concluyera que en la zona conocida como Polígono Occidental podría haber 2,500 millones de barriles equivalentes, cuando el gobierno mexicano demandó a Estados Unidos que ratificara el acuerdo, aunque con más especificaciones, como la protección de intereses de cada país, el intercambio de información sobre hallazgos en la zona y una moratoria de explotación por 10 años.
Por su parte, EU necesitaba darle certidumbre jurídica a las petroleras que ya operaban en la zona, así que aceptó la negociación y firmó un nuevo acuerdo en 2000. Pero el vencimiento de la moratoria de explotación en enero de 2011 y el avance de las compañías trasnacionales a la zona transfronteriza forzó a México a negociar un nuevo acuerdo con EU.

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