La agenda pendiente

Mientras no se impulse una agenda digital de largo alcance, no podremos aspirar a ser un país moderno.

La próxima administración -si no sucede nada extraño, al parecer será del PRI- debe hacer un examen de conciencia de las políticas públicas reales que pueden poner a México en la senda de los países desarrollados. Una parte fundamental será analizar por qué avanzamos a mediana velocidad en telecomunicaciones.

Esta industria es un pivote para el desarrollo, un sector que ejerce un efecto ‘locomotora' sobre otras partes de la economía. La sociedad de la información depende, en muy buena medida, del avance de la industria digital. En este sexenio hubo algunos avances, pero mientras no rompamos el círculo vicioso que los frena no podremos aspirar a una nación de clase mundial.

El parteaguas de la tercera revolución tecnológica fue la privatización de Telmex en 1990. A pesar de que fue un simple cambio de manos, de monopolio público a privado, implicó el incremento de las inversiones y un adelanto tecnológico sin precedentes. Otros hitos fueron la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995, la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la introducción de relativa competencia en telefonía fija y móvil, la privatización de Satmex, la incorporación de un nuevo jugador en televisión abierta, TV Azteca, y el surgimiento de un fuerte competidor en televisión de paga, Dish, que ha abaratado los precios. Hoy, cerca de 40% de los hogares tienen este servicio, mientras que 90% de la población usa telefonía celular. Las tarifas de interconexión han bajado al nivel de otros países de la OCDE, lo cual se traduce en mejores precios a los consumidores.

Pese a lo logrado, permanecemos estancados: la penetración de banda ancha alcanza sólo a 30% de los hogares; tenemos un duopolio televisivo de muy mala calidad en televisión abierta, que se traduce en una democracia y una opinión pública muy pobres; el operador dominante en telefonía móvil todavía detenta más de 70% del mercado; las inversiones en telecomunicaciones son muy inferiores a las de naciones como Brasil. A ello hay que sumar vergüenzas insuperables como la Ley Televisa, la licitación 21, el mal servicio a los consumidores, la inoperancia de la Cofetel, la doble ventanilla entre ella y la SCT, la litigiosidad del sector y la falta de sanciones ejemplares a los infractores a la Ley de Telecomunicaciones y a la de competencia.

El Poder Legislativo no ha cumplido su parte, al detener la reforma indispensable. La que rescató al sector fue la Suprema Corte, con decisiones acertadas sobre la inconstitucionalidad de la Ley Televisa y del Reglamento Interior de la SCT, la confirmación de las facultades regulatorias de Cofetel y la sentencia que permitió la disminución sustancial de las tarifas de interconexión.

El órgano antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia, cumplió un papel mediocre. Las condiciones impuestas a Televisa para adquirir Cablemás y TVI no pasaron de lo anecdótico. Los compromisos ofrecidos por Telcel para evitar una multa de casi 12,000 millones de pesos por supuestas prácticas monopólicas sólo confirmaron obligaciones que la empresa de Slim ya tenía. La decisión más valiente de la CFC fue la prohibición inicial a Televisa de comprar Iusacell por los efectos sobre la competencia que tendría la concentración en el mercado de la televisión abierta.

¿Qué hace falta para tener una sociedad de la información de clase mundial? La respuesta ya la saben los próximos legisladores y el futuro presidente. El problema es que, al depender su popularidad y su ascenso de los favores de las televisoras -en especial el golden boy Peña Nieto-, difícilmente se atreverán a romper la inercia de los grandes intereses. El primer cambio debería ser disminuir sus tentáculos, pues constituyen un Estado dentro del Estado. Es una decisión necesaria, pero impopular y que implicaría una campaña de descrédito por el duopolio que va del Ajusco a San Ángel. ¿Se animará el próximo presidente a ponerle el cascabel al gato?

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Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de Competencia y Consumidores del despacho Jalife y Caballero.

Comentarios: opinion@expansion.com.mx

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