La chica de campo que venció a Citigroup
Sherry Hunt, una chica de campo de Michigan y sin estudios universitarios, no sólo derrotó a Citigroup en un caso de fraude hipotecario sino puso en evidencia que el ente aprobó préstamos viciados después de la crisis financiera de 2008. En compensación por su denuncia, recibió 31 millones de dólares como parte de un acuerdo pagado por la institución bancaria.
De 2004 a 2008 Hunt se desempeñó como vicepresidenta de la Unidad de Hipotecas de Citigroup, donde fue testigo de una especie de ‘línea de montaje de hipotecas’ -que no estaban respaldadas por la documentación de ley y eran incobrables-, la cual ayudó a inflar la burbuja de la vivienda cuya implosión sacudió al mundo .
Desde el 2007 Hunt reportó a sus superiores las irregularidades, pero éstos las ignoraron y Sherry fue transferida a una unidad inferior, narra un reportaje de la agencia Bloomberg.
En 2011 hizo una denuncia ante la Comisión de Valores, ente regulador del gobierno de Estados Unidos , y ante el Departamento de Justicia. No hubo juicio ni testimonios. Citigroup admitió su falta el 15 de febrero de 2012 y pagó 158.3 mdd para llegar a un acuerdo. Sherry obtuvó 31 millones de dólares (mdd).
Su trabajo era proteger a Citigroup
Casada desde los 16 años y madre desde los 17, Hunt ya tenía 30 años de experiencia en gestión de hipotecas cuando se incorporó a Citigroup en 2004, de acuerdo con el reportaje de la agencia retomado por la revista Expansión del 6 de agosto de 2012.
En la Unidad de Hipotecas era responsable de proteger a Citigroup del fraude y las malas inversiones . Supervisaba a 65 aseguradores hipotecarios en las oficinas centrales de CitiMortgage, O’Fallen, Missouri.
Hunt inspeccionaba que los préstamos hipotecarios que el banco deseaba adquirir cumplieran los requisitos mínimos de viabilidad, atendiendo al valor de la garantía y los ingresos del solicitante.
Para 2006, en medio del apogeo del mercado de vivienda y la fuerte demanda de los inversionistas, Citi no podía procesarlos todos rápidamente, de modo que sólo se controlaba una muestra de los mismos.
Pronto Sherry se percató de que se compraban hipotecas de prestamistas externos con formatos fiscales adulterados y falsos avalúos. Realizó reportes a sus jefes, pero hicieron caso omiso. Ella dice que mantuvieron esa actitud antes, durante y después de la crisis financiera y hasta 2012.
A fines de 2007, el equipo de Hunt estimaba que el 60% de las hipotecas otorgadas carecían de una parte de la documentación exigida.
Compartió su preocupación a su jefe, Richard Bowen III, quien lo comunicó a los ejecutivos, entre ellos, Robert Rubin, director de la junta ejecutiva y ex secretario del Tesoro, y el director ejecutivo financiero Gary Crittenden, director senior de riesgo y principal auditor.
En respuesta, Bowen pasó de supervisar a 220 personas a sólo dos. Sherry fue transferida en 2008 al grupo de control de calidad, donde ya no supervisaba a nadie. Allí descubrió una lista de casi 1,000 préstamos que eran identificados como posibles fraudes.
El precio de la sinceridad
La gota que derramó el vaso para Hunt cayó en marzo de 2011, más de dos años después de que Citigroup recibiera 45,000 millones de dólares a través de un paquete de rescate del gobierno de EU y miles de millones más de la Reserva Federal.
Sherry fue llamada a una reunión con Jeffery Polkinghorne, ejecutivo de O’Fallon a cargo de la calidad de préstamos. Él le dijo que la cantidad de préstamos clasificados como defectuosos tendría que bajar o "rodarían cabezas".
"Todo lo que tenía que hacer una persona deshonesta era cambiar los reportes para hacer que las cosas lucieran mejor de lo que eran”, dice Sherry. “Y yo no iba a colaborar con eso".
En agosto denunció a Citi ante una corte federal de Manhattan. "Estaba preparada para abandonar mi carrera profesional y dejar los ahorros de mi vida en este intento", confiesa.
El 3 de enero de 2012, la mujer que de joven creció oyendo música country recibió una buena noticia, el Departamento de Justicia de EU decidió unirse a su demanda.
Citigroup no cuestionó ninguno de los hechos señalados y no armó una defensa pública ni ante la corte. Admitió la acusación e inclusó aceptó que había aprobado préstamos para ser asegurados por el gobierno que no cumplían con las leyes de la Administración Federal de Vivienda.
