Seguridad privada: negocio poco seguro

El sector en México crece 20% anual. Hay más de 8,000 empresas, pero 75% opera irregularmente.

Seguridad privada: fuera de la ley

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1.6 millones de personas trabajan en seguridad privada o pública; 65.6% son guardias, escoltas o guardaespaldas privados, según datos del Sistema Nacional de Seguridad, SSP federal y Conesprysir. (Foto: Photos to go)
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En México hay más de 8,000 empresas de seguridad privada, de las cuales 75% opera de manera irregular al contratar personal fuera de la ley, darse de alta como un giro comercial diferente, evadir impuestos o evitar el pago de derechos y certificados.

Desde 2008 esta industria crece a un ritmo de 20%. Su mercado es un país donde se cometen 43 delitos por minuto, según Alejandro Hope, titular del proyecto Menos Crimen, Menos Castigo y ex directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

"Muchos quieren entrar porque creen que es un negocio rentable, pero no quieren hacer una empresa con todas las obligaciones que ello implica", comenta Ricardo Torres Escotto, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que agrupa a 230 empresas del ramo.

En el caso de Javier N. -un comerciante del DF que en 2010 sufrió el robo de su camioneta y 400,000 pesos en mercancía-, las autoridades sólo pudieron imponer una sanción administrativa a Security System RP, la empresa que proveía  a Javier escoltas que resguardaban sus cargamentos desde la frontera.

Security System RP operaba sin los permisos necesarios y no estaba registrada ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal.

"No sé si opera todavía o no, pero no pude hacer nada en su contra porque, además, el guardia estaba contratado bajo un esquema de outsourcing que la dejó sin responsabilidad", comenta el empresario, quien pidió el anonimato.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México nunca encontró al escolta ni su camioneta.

Se buscan escoltas

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Aunque la inseguridad es un problema que afecta a los emprendedores, los finalistas de Emprendedores 2012 creen que ese contexto representa una oportunidad para innnovar. (Foto: Photos to go)
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Frente a 2,000 empresas de seguridad privada regulares que operan bajo reglas cada vez más estrictas de la autoridad en México, hay más de 6,000 que no acatan las reglas, calcula el CNSP y la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA), que representa a 50 firmas del sector.

La autoridad, por su parte, no tiene números oficiales sobre el total de empresas regulares e irregulares.

Pero hay otro problema: la competencia desleal también proviene de "empresas no profesionales que sí están registradas" y cuyos servicios deficientes afectan la imagen del sector, dice Ricardo Torres Escotto, presidente del CNSP.

En 2010 el escenario nacional sumó más de 22.7 millones de delitos, pero el gobierno sólo inició averiguación previa de 1.8 millones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

Además México tiene apenas un policía de seguridad pública por cada 996 habitantes para combatir el crimen, señala el INEGI.

Frente a esto, la demanda de seguridad privada crece y las empresas aprovechan para alimentar su fuerza laboral entre desempleados, ex policías y personas con escasa instrucción escolar que encuentran en esta industria una oportunidad de empleo con pocas exigencias.

"Basta abrir la sección de clasificados de cualquier periódico para comprobar que lo único que piden estas empresas son acta de nacimiento, identificación oficial y, si acaso, alguna carta de recomendación", acusa Gabriel Regino, consultor en seguridad y ex subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.

Guardias de la ilegalidad

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Las propuestas no fueron bien recibidas entre los miembros de la policía. (Foto: Thinkstock)
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De las ramas de la seguridad privada, una de las "más fértiles para la ilegalidad" es la de guardias y escoltas, explica Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, organización civil que nació en 2007.

El salario promedio de guardias intramuros es apenas de 4,500 pesos y de 15,000 para escoltas y guardaespaldas, cuando su ingreso mensual debería ser de entre 25,000 y 30,000 pesos, advierte Artemio Acosta, vicepresidente de Conesprysir (Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo). 

Los menos afectados parecen los blindadores de autos, quienes requieren de una alta especialización técnica para su tarea, explica Mauricio Natalé, representante de la AMBA (Asociación Mexicana de Blindadores de Autos).

"Un trabajador de esta industria puede ganar 15,000 pesos en promedio por ocho horas de trabajo, lo que no es un mal salario para el mercado", agrega.

Existen vacíos en la legislación laboral para las empresas del ramo, coinciden Arnulfo Garibo, Artemio Acosta y Alberto Rivera, socios de AMSIRIA (Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada).

Además, la AMSIRIA apunta que en el sector hay una rotación de hasta 70% de personal en las empresas irregulares y de entre 30% y 40% en las regulares. Más que a los riesgos, los representantes lo atribuyen a los bajos salarios y las malas condiciones laborales como carencia de seguro social, de vida o gastos médicos.

La irregularidad también pone en riesgo a los clientes. "La falta de filtros efectivos para la selección de personal deja abierta la puerta para que cualquiera pase", dice Mario Falcone, director de la firma de seguridad privada Falcone's System International.

"Es muy desafortunado que se infiltre gente con antecedentes criminales o personas no profesionales", dice.

Una ley insuficiente

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Entre el 1 de noviembre y el 16 de diciembre, el ICE confiscó artículos piratas en Estados Unidos, incluidos juguetes, teléfonos celulares, cargadores y perfumes. (Foto: Thinkstock)
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En 2010 y 2011 el Congreso reformó la Ley de Seguridad Privada en el marco de las discusiones legislativas para combatir el crimen y la inseguridad en México.

Estos cambios, según los representantes de AMSIRIA, no desalentaron la irregularidad, pero sí sobrerregularon la actividad, elevaron costos y en algunos casos entorpecieron su operación por la cantidad de trámites.

Un ejemplo son las sanciones. Para las empresas legalmente establecidas, dicen, hay multas de hasta 5,000 salarios mínimos si incumplen con la norma. En cambio, cuando la autoridad detecta una empresa irregular suspende sus actividades y le da un plazo de 15 días para su regularización.

El control pasa también por su personal. Desde 2010 las empresas reguladas deben registrar ante la SSP a cada uno de sus trabajadores, aun cuando no cumplen tareas de seguridad directas.

Hope no ve razón para certificar o registrar a todo el personal de las empresas de seguridad privada, pero sí a quienes usan armas. La norma dicta que por cada 100 elementos, una empresa tiene derecho a 10 armas.

Adrián Charansonnet, presidente de la AMESIS, también considera excesiva la disposición que obliga a las empresas a compartir con la autoridad los datos de sus clientes, pues éstos tienen derecho a la confidencialidad y, en todo caso, podría violar la ley de datos personales.

En contraste, el ex subsecretario de la SSP-GDF, Gabriel Regino, dice que las empresas incluso deberían pagar por el servicio que les proporciona la autoridad al registrar, vigilar y verificar el mercado.

Propone que en la verificación colaboren otras dependencias como las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, para detectar y clausurar definitivamente aquellas compañías que no paguen impuestos o no cumplan con la legislación.

"La industria creció mucho y de manera muy desordenada y ahora va a costar trabajo ponerla en orden", dice Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, 

"La autoridades no tienen capacidad suficiente para vigilar y ordenar a las empresas del sector".