El regulador de la salubridad
A diferencia de otros órganos reguladores que nacieron a partir de la desregulación económica y las privatizaciones en los 80, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue concebida desde la Constitución como el instrumento del Estado mexicano de protección a la salubridad general a través de acciones de fomento, regulación y coacción.
La protección sanitaria, al tener rango constitucional, tiene que recaer en una autoridad ejecutiva, cuyas disposiciones sean obedecidas por las autoridades administrativas del país.
En esa línea, hace 10 años los legisladores decidieron para la Cofepris un diseño regulatorio basado en el análisis de riesgo sanitario, y lo dotaron de un arreglo institucional que articula la autonomía técnica con la financiera.
A diferencia de la mayoría de los países donde se cuenta con un regulador sanitario por sector económico, los legisladores decidieron darle a este órgano un mandato transversal para actuar en cualquier rama donde se pueda actualizar un riesgo sanitario.
En términos agregados, los sectores regulados por la Cofepris representan 10% del PIB, y 13% del comercio exterior.
En este contexto, una pregunta natural para un comisionado federal es cuál debe de ser la prioridad regulatoria de la comisión: la salud o la economía.
La respuesta la tiene el legislador constitucional: el objeto jurídico tutelado por la Cofepris es la salubridad. Sin embargo, no se debe perder de vista que la comisión tiene que cumplir su mandato a través de políticas inteligentes que fomenten el mercado en aras de ofrecer al consumidor mejores alternativas.
En materia farmacéutica el ejemplo es claro: la política del Ejecutivo es reforzar el acceso de los pacientes mexicanos a un mercado cada vez mejor abastecido con medicamentos modernos y a mejor precio. La universalización de la salud pasa necesariamente por consolidar esta política.
Los ejes de la política de acceso son tres: una agencia sanitaria que a través de un proceso transparente y eficiente, facilite la entrada al mercado de los insumos para la salud; una regulación que elimine barreras de entrada y distorsiones en el mercado, y el reconocimiento de la agencia a nivel internacional para reforzar la capacidad de crecimiento de la industria.
Durante el último año se ha avanzado claramente en los tres ejes: se han autorizado 9,225 registros de medicamentos con un valor de 14,000 mdp (comparado con sólo 150 en 2010), se eliminó el requisito de planta para vender medicamentos y se prohibió la publicidad de los productos milagro. Hoy se trabaja en la última fase para que la Cofepris sea reconocida como autoridad reguladora por la Organización Panamericana de la Salud.
Con la agilización en la autorización de registros, desde octubre se han liberado 114 genéricos de 14 sustancias activas con ahorros públicos y privados estimados en 10,500 mdp.
Asimismo, desde 2011 se han autorizado 31 medicinas nuevas para combatir enfermedades crónico degenerativas y se desreguló 12% del mercado de dispositivos médicos, liberando 4,000 mdp en ese mercado.
La Cofepris es un buen ejemplo de cómo se puede conciliar desde el regulador, la protección de un bien supremo como es la salud, con la promoción de un mercado donde se facilite el intercambio de bienes y servicios, eliminando costos de transacción en beneficio del consumidor y, desde luego, de la industria.
El autor es comisionado federal de la Cofepris.
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