Cuidado sin ley

Javier N. era un comerciante con suerte. Hasta el 17 de noviembre de 2010, ninguna de sus dos camionetas para el traslado de equipo de cómputo había sido robada. Por eso canceló el servicio de GPS y localización satelital que contrató dos años antes, apurado por la mala situación económica que atravesaba su negocio luego de la crisis de 2008 y 2009.

Alguien le dijo que los 8,500 pesos que pagaba por el servicio de monitoreo de sus camionetas era suficiente para que dos escoltas acompañaran los viajes a la frontera que hacía cada dos o tres meses para comprar mercancía. Además, al pagar el servicio por viaje, reduciría los costos.

La empresa de seguridad privada que contrató le asignaba un guardia distinto para cada traslado. Un día antes del robo, el elemento que subió a su camioneta era "un joven normal, como todos", dice. Sólo que éste no volvió. De regreso a México ‘amagó' al chofer, desvió el trayecto y llevó el vehículo a Ecatepec, Estado de México.

Javier perdió su camioneta RAM modelo 94 y 400,000 pesos en mercancía para sus locales en tres plazas comerciales y en la calle de El Salvador, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP) de Ecatepec, donde se abrió una averiguación previa en la que también acusó a la compañía por sus omisiones con el personal.

"Me parecía que el robo también era responsabilidad de la empresa", explica Javier, quien por seguridad prefiere que su apellido no se publique. "Aunque no estuviera involucrada de manera directa, me puso en esa situación al asignarme a una persona que no era de confianza".

El caso de Javier muestra alguno de los riesgos de la seguridad privada en México, una industria que crece a un ritmo de 20% anual desde 2008. Hoy, hay más de 8,000 empresas, de las cuales 75% opera de manera irregular al contratar personal fuera de la ley, darse de alta como un giro comercial diferente, evadir impuestos o evitar el pago de derechos y certificados.

Su mercado es un país donde se cometen 43 delitos por minuto, según Alejandro Hope, titular del proyecto Menos Crimen, Menos Castigo y ex directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

"La seguridad privada ha sido vista como una oportunidad de negocio", comenta Ricardo Torres Escotto, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que agrupa a 230 empresas del ramo. "Muchos quieren entrar porque creen que es un negocio rentable, pero no quieren hacer una empresa con todas las obligaciones que ello implica".

En el caso de Javier, las autoridades sólo pudieron imponer una sanción administrativa a Security System RP, que operaba sin los permisos necesarios para el giro y que no estaba registrada ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal.

"No sé si opera todavía o no, pero no pude hacer nada en su contra porque, además, el guardia estaba contratado bajo un esquema de outsourcing que la dejó sin responsabilidad", comenta el empresario. La Procuraduría de Justicia del Estado de México nunca encontró al escolta ni su camioneta, y Javier volvió al GPS.

Todo por el negocio

La seguridad privada es un negocio atractivo pero complejo. Su valor de mercado pasó de 3,340 millones de dólares (mdd) en 2007 a 8,000 mdd en 2012. Un incremento de 120% en los últimos cinco años, según The Security Industry Association, una asociación civil de Estados Unidos que reporta el crecimiento y el desarrollo de esta industria en el mundo.

El sector genera 500,000 empleos directos y 250,000 indirectos, de acuerdo con cifras del CNSP.

Estos números atraen a nuevos jugadores. Entre las 11 ramas que integran la seguridad privada despuntan tres: blindaje, que creció 15% desde 2008 y 40% en el caso de los autos oficiales desde 2010; GPS y georreferenciación, que tuvo un incremento de 30% de 2010 a 2011, y guardias, guardaespaldas y escoltas, que aumentó su tamaño 80% de 2005 a la fecha.

Esto, según la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos (AMBA) que agrupa a siete empresas, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) que integra 14, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) que tiene 30 y la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo (Conesprysir) con 150.

Frente a 2,000 empresas regulares que operan bajo reglas cada vez más estrictas de la autoridad y en un mercado abierto a la competencia internacional, hay más de 6,000 que no acatan las reglas y funcionan de manera irregular, calcula el CNSP y la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA), que representa a 50 firmas del sector.

La autoridad, por su parte, no tiene números oficiales sobre el total de empresas regulares e irregulares. La SSP federal registra a la fecha 836 que operan en dos o más entidades, pero en 2008 la cifra era de 430, un incremento anual de 23.5%.

Las empresas irregulares no son el único problema, señala Ricardo Torres Escotto, presidente del CNSP, la asociación de mayor relevancia por número de representados en la industria. La competencia desleal también proviene de "empresas no profesionales que sí están registradas" y cuyos servicios deficientes afectan la imagen del sector, dice.

"La violencia nos obliga más a la profesionalización", dice Torres Escotto, frente a un escenario nacional que sumó más de 22.7 millones de delitos en 2010, pero en que el gobierno sólo inició averiguación previa de 1.8 millones, de acuerdo con la ENVIPE.

México tiene apenas un policía de seguridad pública por cada 996 habitantes para combatir el crimen, señala el INEGI.

Frente a este escenario, la demanda de seguridad privada crece y las empresas aprovechan para alimentar su fuerza laboral entre desempleados, ex policías y personas con escasa instrucción escolar que encuentran en esta industria una oportunidad de empleo con pocas exigencias.

"Basta abrir la sección de clasificados de cualquier periódico para comprobar que lo único que piden estas empresas son acta de nacimiento, identificación oficial y, si acaso, alguna carta de recomendación", acusa Gabriel Regino, consultor en seguridad y ex subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.

"Pero hay que diferenciar entre los escoltas o guardaespaldas y los guardias que son más como veladores que echan un ojo", señala Hope.

En desamparo

Octavio apenas cabe en el Tsuru que conduce. Vive "apretado", dice, desde que dejó la Marina a consecuencia de una incapacidad física que obligó su baja y lo llevó a enrolarse como guardaespaldas.

Alto y robusto como es, Octavio siguió el consejo de un amigo: "Al cabo ya tienes la pinta de ‘guarura' y sabes defenderte", le dijo, y lo presentó con un conocido que lo contrató de inmediato. 

Por 15,000 pesos mensuales, durante tres años, Octavio se convirtió en la "sombra" de la familia de un empresario que vivía en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Hasta que en 2004, un intento de secuestro del hijo más joven, estudiante de secundaria, lo dejó herido de gravedad. "Lo impedí, pero me llevé tres balazos en el hombro", señala.

Octavio no iba armado y tampoco tenía seguro de vida ni de gastos médicos. El hombre que lo contrató como guardaespaldas agradeció su valor cubriendo los costos de dos operaciones en la Cruz Roja de Polanco. Pero ni la empresa que lo contrató ni la familia para la que trabajaba se hicieron cargo de su incapacidad, y hasta pensaron que estaba involucrado.

"Por descuido, por confiado y por necesidad, me di cuenta hasta ese momento que mi contrato no tenía ninguna cláusula sobre obligaciones de la empresa si me pasaba algo", explica.

La empresa ni siquiera estaba registrada como prestadora de servicios de seguridad privada. Su razón social era otra, contrataba a la gente a través de un tercero y Octavio estaba registrado como empleado de oficina. Por ello, el Seguro Social no podía considerar su caso un accidente laboral.

Octavio peleó y amenazó con demandar. Sin embargo, no podía con un pleito laboral luego de meses de incapacidad y necesidad de dinero.

Al final, la empresa Seguridad Técnica Personal (Segtec), ubicada en la colonia Prado Churubusco en la Ciudad de México y que ya dejó de operar, ofreció un pago único que le alcanzó para comprar el taxi que hoy conduce. La familia le dio un cheque por un mes de salario. Firmó el acuerdo.

De todas las ramas de la seguridad privada, una de las "más fértiles para la ilegalidad" es la de guardias y escoltas, explica Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, una organización civil que nació en 2007.

La historia es conocida para Artemio Acosta, vicepresidente de Conesprysir, quien advierte que el salario promedio de los guardias intramuros es apenas de 4,500 pesos y de 15,000 para escoltas y guardaespaldas, cuando su ingreso mensual debería ser de entre 25,000 y 30,000 pesos,.

Los menos afectados parecen los blindadores de autos, quienes requieren de una alta especialización técnica para su tarea, explica Mauricio Natalé, representante de la AMBA. "Un trabajador de esta industria puede ganar 15,000 pesos en promedio por ocho horas de trabajo, lo que no es un mal salario para el mercado", agrega.

Existen vacíos en la legislación laboral para las empresas del ramo, coinciden Arnulfo Garibo, Artemio Acosta y Alberto Rivera, socios de AMSIRIA.

Además, la AMSIRIA apunta que en el sector hay una rotación de hasta 70% de personal en las empresas irregulares y de entre 30% y 40% en las regulares. Más que a los riesgos, los representantes lo atribuyen a los bajos salarios y las malas condiciones laborales.

La irregularidad también pone en riesgo a los clientes. "La falta de filtros efectivos para la selección de personal deja abierta la puerta para que cualquiera pase", dice Mario Falcone, director de la firma de seguridad privada Falcone's System International.

"El riesgo no es sólo la competencia desleal. También los empresarios han estado expuestos a la violencia y la inseguridad", agrega Falcone, quien fundó hace 15 años la primera academia para escoltas y guardaespaldas en Tamaulipas.

"Es muy desafortunado que en estos servicios se infiltre gente con antecedentes criminales o personas no profesionales que hacen ganancia en río revuelto", dice Falcone, quien recuerda a un ex pastor de iglesia que pretendía convertirse en guardia de seguridad, pero "resulta que el señor había estado involucrado en un delito de violación".

Obligaciones son derechos

Para evitar los riesgos de la operación de empresas irregulares en el sector, el Congreso reformó la Ley de Seguridad Privada en 2010 y 2011, en el marco de las discusiones legislativas para combatir el crimen y la inseguridad en México.

Estos cambios, según los representantes de AMSIRIA, no desalentaron la irregularidad. En cambio, sí sobrerregularon la actividad, elevaron los costos y en algunos casos entorpecieron su operación por la cantidad de trámites que hoy deben cumplir.

Un ejemplo son las sanciones. Para las empresas legalmente establecidas, dicen, hay multas de hasta 5,000 salarios mínimos si incumplen con la norma. En cambio, cuando la autoridad detecta una empresa irregular suspende sus actividades y le da un plazo de 15 días para su regularización. "Sólo si no cumple y vuelve a operar, la clausura", dice Alberto Rivera, presidente de AMSIRIA.

El control pasa también por su personal. Desde 2010 las empresas reguladas deben registrar ante la SSP a cada uno de sus trabajadores, aun cuando no cumplen tareas de seguridad directas.

Hope no ve razón para certificar o registrar a todo el personal de las empresas de seguridad privada, pero sí a quienes usan armas. La norma dicta que por cada 100 elementos, una empresa tiene derecho a 10 armas.

Adrián Charansonnet, presidente de la AMESIS, también considera "un poco excesiva" la disposición que obliga a las empresas a compartir con la autoridad los datos de sus clientes, pues éstos tienen derecho a la confidencialidad en el servicio, y en todo caso, podría violar la ley de datos personales.

El ex funcionario Regino señala, en contraste, que las empresas incluso deberían pagar por el servicio que les proporciona la autoridad al registrar, vigilar y verificar el mercado.

Propone que en la verificación colaboren otras dependencias como las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Trabajo  y Previsión Social (STPS), para detectar y clausurar definitivamente aquellas compañías que no paguen impuestos o no cumplan con la legislación.

Torres Escotto, presidente del CNSP, asegura que en su organización los empresarios saben que "debemos estar dentro de un marco legal".  Dice que ya trabajan con el gobierno federal, los estados y los municipios para operar con certeza jurídica, para evitar "dobles tributaciones u obstáculos que nos permitan prestar con eficacia y calidad nuestros servicios".

Pero la ley es una cosa y la realidad otra, señala Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. "La industria creció mucho y de manera muy desordenada y ahora va a costar trabajo ponerla en orden", dice. "La autoridades no tienen capacidad suficiente para vigilar y ordenar a las empresas del sector".

Los empresarios quieren incidir más en las decisiones de gobierno que involucran a su ramo. Los diferentes organismos tratan de organizarse en una cámara de la industria de la seguridad privada que les abra espacios de decisión, explica Rivera de AMSIRIA.

Hasta ahora, no hay muchos avances. Hay diferencias entre las organizaciones respecto al camino que deben seguir. También deben ponerse de acuerdo sobre los métodos que les permitan elegir a quien se desempeñaría como representante de la industria.

Gabriel Regino apunta que sería una mala señal fortalecer este sector con poder político. Apunta que la seguridad no debe ser un bien de "elite", al que sólo pueden acceder unos cuantos. "La obligación sigue siendo del Estado y su responsabilidad es para con todos los ciudadanos".

El riesgo está allí: "hay un mercado de la seguridad privada que crece cada año y en el cual las grietas permiten que se cuelen empresas irregulares", agrega. 

A los nuevos jugadores, añade, les atraen las ganancias de un sector sobre el que todavía no existe control suficiente.

BASES AFINADAS Las modificaciones recientes a la Ley de Seguridad Privada buscan mejorar la regulación del sector. Los cambios principales van desde unificar las reglas a nivel federal, hasta un incremento en trámites, multas e impuestos. • En 2010 y 2011 el Congreso homologó las regulaciones federal y estatales para las empresas de seguridad privada que operan en dos o más estados del país, pues en algunas entidades las autoridades pedían más requisitos que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. • Esta misma modificación incluyó a los servicios de monitoreo electrónico dentro de las modalidades de seguridad privada que deben cumplir con las obligaciones de ley y obtener permiso de la dependencia. • Los cambios aprobados en abril de 2011 ampliaron las facultades de la SSP para verificar la capacitación del personal. • También obligaron a las empresas a minimizar el uso de la fuerza contra las personas para evitar riesgos en la sociedad. • En 2010, otra modificación a la Ley que despertó recelo entre los empresarios del ramo. Las empresas deben crear y mantener un registro de compradores y usuarios de sus servicios. Éste debe contener datos personales del cliente o empresa que contrata y tendrá que presentarse semestralmente.