La otra cara de la moneda
El Estado es el mayor demandante de bienes y servicios en la economía. Las compras públicas representan más de 80% del comercio mundial. Su impacto en la sensibilidad de los ciudadanos puede significar no sólo aumentos considerables en la percepción positiva de usuarios de los sistemas públicos, sino también saltos exponenciales en el cuidado de los recursos naturales, que en el corto plazo pueden ser invisibles en la esfera pública, pero que si no se atienden en el largo plazo, serán causa de estragos irreversibles.
En los últimos cinco años, se han realizado esfuerzos significativos para crear nuevos mecanismos que hagan más eficientes las compras públicas. Instituciones como el IMSS, la CFE y Pemex han introducido en el ADN de sus sistemas de licitaciones, el concepto de eficiencia económica como la referencia clave para generar incentivos que favorezcan hacer más con menos. La implementación de subastas en reversa (que gane la mejor oferta empezando por un mínimo) arroja resultados positivos.
Recientemente, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, afirmó que en los últimos dos años el Gobierno federal logró ahorrar 8,122 millones de pesos gracias al uso de estrategias, entre las que destacan las subastas en reversa. En términos porcentuales, el ahorro anual corresponde a 10-15% del presupuesto federal. Aunque estas cifras no sean plenamente verificables, muestran la importancia de la otra cara de la reforma fiscal: que el gobierno gaste mejor.
Este mismo año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó al IMSS dos estudios sobre logros y oportunidades del sistema de salud mexicano para ejercer mecanismos de compras públicas eficientes en beneficio de los usuarios del sistema de salud. El motivo principal para actuar de forma urgente y determinada es luchar contra la colusión entre competidores y la corrupción que, de acuerdo con cifras de la OCDE, encarecen los medicamentos entre un 12 y 36%, dependiendo del producto.
Para que los servidores públicos compren eficientemente -maximizando el valor del dinero gastado, como si fuera su dinero y estuviera en juego su beneficio- es importante que rindan cuentas de ello.
Los mecanismos de rendición de cuentas en los procesos de adquisición pública son un elemento crucial, no sólo por el monto de recursos que dicha adquisición representa (10% del PIB y entre 30 y 40% del gasto público total), sino también por la función clave de las compras en la instrumentación de políticas públicas.
Las legislaciones mexicanas en materia de adquisiciones cumplen en promedio con 63% de las buenas prácticas en la etapa de poslicitación. En esta fase, la calidad de la normatividad en materia de rendición de cuentas es heterogénea. La debilidad más evidente en la normatividad de la mayoría de los estados es que no contemplan la participación de observadores externos, entre ellos, los testigos sociales. Esta deficiencia implica que la sociedad civil no forma parte de los controles necesarios para asegurar que los procedimientos relacionados con las compras públicas se realicen conforme a la ley.
Ante esta ausencia de normas y controles, el IMCO sugiere: publicar en internet todas las convocatorias a licitación pública; ampliar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, llevando a cabo más procedimientos electrónicos que presenciales; centralizar las compras de bienes de uso generalizado, y permitir en los estados que los testigos sociales participen en los procedimientos de compra.
El autor es doctor en Derecho Económico, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y responsable del área de competencia y consumidores del despacho Jalife y Caballero.