El fin del vía crucis

La difícil realidad de los trabajadores temporales en Estados Unidos puede cambiar. Las empresas nacionales de subcontratación tendrán que rendir cuentas.
Gardenia Mendoza Aguilar

Nos quedamos bien vendidos", dice Claudia Montañez al recordar el fraude que hace tres años dejó endeudada a su familia cuando una empresa fantasma mexicana timó a su marido con la promesa de llevarlo a trabajar legalmente a Estados Unidos con un contrato de visa temporal.

En junio de 2010, sin registro ni control oficial, un reclutador llegó al hogar de Rosalío Bárcena y Montañez, su mujer, con referencias que le dio un ex vecino emigrante.

Le ofreció a Bárcena trabajo seguro y con documentos en Washington a cambio de 9,000 pesos para la visa, otro tanto para trámites burocráticos, 5,000 para gastos de transportación al consulado de Monterrey y a la embajada en el Distrito Federal, 5,000 para hoteles y unos 3,000 para alimentación.

El ‘enganchador', que se presentó con un nombre falso, no pidió el dinero en un solo pago, si no poco a poco a través de depósitos bancarios. "Pedimos prestado a la familia y a los vecinos. Todavía no acabamos de pagar", dice Montañez.

Cada año, 130,000 mexicanos cruzan la frontera con visas de no inmigrantes H2A y H2B para trabajar en el campo y hacer oficios técnicos como carpintería, herrería y jardinería. En México, éstos eran contratados por compañías intermediarias que no tenían regulación, hasta las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo a finales de 2012.

La nueva normatividad, promulgada el 30 de noviembre por el entonces presidente Felipe Calderón, ayudará a organizar y a crear compañías mexicanas de outsourcing que apoyen a empresas estadounidenses en la búsqueda de mano de obra.

"Quienes quieran participar de manera legal tendrán que registrarse ante la Secretaría del Trabajo", explica Jaime Rogeiro, subdirector de Servicios de Vinculación Laboral de la Secretaría del Trabajo.

La finalidad -añade- es mitigar los riesgos para los trabajadores al detectar compañías fraudulentas de reclutamiento.

Hasta antes de la reforma, la secretaría no obligaba a las 301 compañías mexicanas de outsourcing a especificar si entre sus actividades enviaban trabajadores temporales a Estados Unidos, lo que impedía controlar las condiciones de los migrantes.

El Farm Labor Organizing Committee (FLOC), una organización de trabajadores emigrantes compuesta básicamente por mexicanos, calcula que compañías apócrifas realizan alrededor de 40,000 fraudes anuales a personas interesadas en realizar trabajos temporales en Estados Unidos.

"Poco a poco y si existe una buena supervisión, las empresas más serias desplazarán a las miles de intermediarias que no podían ser supervisadas", dice Humberto Salinas, un abogado regiomontano que desde hace cinco años  ha documentado alrededor de 1,200 casos de fraudes al año a mexicanos que pretenden trabajar con visa temporal en Estados Unidos.

Las modificaciones a la ley brindan, además, otros beneficios para los trabajadores temporales que en su mayoría son gente de campo, de bajos recursos y con una educación promedio de primaria, según análisis de oficinas de atención a migrantes como la de Hidalgo, Ciudad de México y Michoacán.

Las compañías reclutadoras mexicanas ahora deberán cerciorarse de la veracidad de las condiciones del trabajo que ofrece el empleador en el extranjero, así como de las circunstancias de vivienda, seguridad social y repatriación.

Esto implica que la actividad estará ordenada por primera vez desde que finalizó el Programa Bracero en 1964, el último convenio para reclutamiento de mano de obra entre México y Estados Unidos.

"Habrá una responsabilidad clara entre el empleador y el intermediario en los casos en donde se violen los derechos de los trabajadores en el país de destino", explica Alejandra Acheita, directora del proyecto no gubernamental de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El asunto es ordenar la migración y evitar la subcontratación informal o el ‘coyotaje' impulsado en 2008 por la decisión del Departamento estadounidense del Trabajo de dejar en manos de las empresas de ese país la búsqueda de los empleados temporales.

Desde hace cinco años, ese departamento sólo exige a las compañías interesadas acreditar el sitio del empleo, el número de vacantes y demostrar que no existen estadounidenses dispuestos a hacer ese trabajo en particular.

Bárcena interpuso una demanda judicial sin posibilidades de éxito a través del abogado Salinas, que tiene una asociación no gubernamental que brinda apoyo a víctimas de fraudes con trabajo temporal. "Después de poner la demanda es imposible fincarles responsabilidad por la red de prestanombres con la que operan", acusa Salinas.

Un nuevo panorama

Una de las consideraciones que ofrece la regulación actual es la obligación de las compañías de outsourcing de registrar sus contratos ante la Secretaría del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que abre espacios para los empresarios más profesionales.

Algunas empresas que han hecho reclutamiento en México y Estados Unidos coinciden. "La reforma (...) permite conseguir permisos con las autoridades locales y responsabilizarnos por ello", señala Ulises Muñiz, vicepresidente de la compañía Proyección y Administración Empresarial. "Verificamos que el empleador existe y dará buen trato".

Esta compañía de contratación temporal de limpieza fundada en 1993 tiene oficinas en Los Ángeles, San Diego, San Antonio, Miami y Kansas City, así como en los 32 estados de México. Pero aún no ha llevado trabajadores mexicanos a Estados Unidos.

El cambio en la reforma laboral anima a Muñiz. "El proyecto es noble", dice. "Si ya conseguí trabajo en México para residentes en Estados Unidos, supongo que será más fácil conseguir trabajo en Estados Unidos".

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Montañez recuerda que el defraudador de su esposo desapareció luego de que éste y su sobrino -a quien convenció de acompañarlo a Estados Unidos- lo acorralaron en la entrada de la embajada estadounidense en la Ciudad de México, donde los había citado. Dieron dos vueltas a la manzana sin entrar a la sede. Bárcena le dio un ultimátum: o los llevaba "al otro lado" o llamaría a la policía.

-‘Nada más permítanme ir al baño' -relata Montañez que le dijo el hombre-. No lo volvieron a ver.

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