El problema de la Propuesta Levy

La seguridad social universal es viable, pero hay que modificar el estatus tributario de los informales y de los ricos.
Xavier Ginebra Serrabou

Una de las propuestas más interesantes de la nueva administración es la de seguridad social universal, que no existe en México. El paso hacia el Estado de bienestar tiene lugar cuando los derechos sociales están garantizados por el Estado. Otras naciones, como los países del norte de Europa, lo hicieron realidad sin tener tasas de crecimiento similares a las de los ‘Tigres asiáticos' (Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur) en la última década.

Nuestro país está dando grandes pasos en el combate a la pobreza. Sus programas sirven de modelo para el Banco Mundial y están siendo replicados con éxito en otras naciones. Sin embargo, la política de desarrollo social que se sigue en México desde hace varios sexenios es equivocada. Estudios del Programa Oportunidades revelan -en una evaluación a 10 años que se hizo- que, en materia laboral, éste no favorece conseguir un empleo digno porque no se transforma y no se fomenta el desarrollo económico en las comunidades. La gente termina con secundaria o preparatoria y un trabajo mal pagado.

Sin embargo, el derecho a la salud se ha materializado a través de programas como el Seguro Popular, otorgando a 106 millones de mexicanos el acceso a médicos, medicinas, tratamiento y hospitales.

"Lo que ha pasado es que las instituciones como el IMSS, el ISSSTE y programas como el Seguro Popular están ofreciendo a los ciudadanos una atención de salud de muy bajo nivel. La gente no se atiende en el Seguro Popular porque no hay suficientes médicos ni suficientes clínicas", dice José Luis Montenegro, columnista de Newsweek.

Desde la campaña presidencial de 2006, en nuestro país se discuten propuestas para implementar lo que se conoce como un ingreso ciudadano universal (ICU) o renta básica. Esto quiere decir que todos los ciudadanos recibirían del Estado una transferencia de recursos en efectivo sin importar su nivel de ingresos o su condición laboral.

Ésta es la propuesta hecha recientemente por Santiago Levy en Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico para implementar un sistema de seguridad social universal que incluiría seguro médico, seguro de vida, pensión para el retiro, seguro por discapacidad, seguro de riesgos de trabajo para trabajadores asalariados, seguro de desempleo para trabajadores asalariados, transferencias directas al ingreso y transferencias al ingreso condicionadas a la inversión en capital humano para familias pobres, como las del Progresa-Oportunidades.

Todo sería financiado con la generalización del IVA de 15%, la abolición de los subsidios a la seguridad social formal y el impuesto sobre la nómina.

El efecto regresivo del IVA en alimentos y medicinas en las personas de bajos ingresos sería contrarrestado por las transferencias directas al ingreso y el incremento en la recaudación en las personas de más altos ingresos.

Todo esto suena muy bonito, pero ¿es alcanzable? Algunos estudios del IMCO señalan que las cifras de recaudación son demasiado optimistas. Además, olvida el quid del problema: los informales son improductivos porque no tienen alicientes para serlo: educación, crédito, apoyos gubernamentales, marco institucional, salud. Son -en palabras de Gabriel Zaid- "empresarios oprimidos".

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El autor es doctor en Derecho Económico, profesor investigador de la UAEM (Morelos) y responsable del área de competencia y consumidores del despacho Jalife y Caballero.

Comentarios: opinion@expansion.com.mx

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